El Senado español ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una propuesta de EH Bildu y ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los «ultrajes a España» con 145 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones.

La propuesta ​​pretende modificar la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal para superar las censuras que tipifican como delito la quema de banderas españolas o las injurias a la monarquía.

Concretamente, la iniciativa de los partidos soberanistas propone suprimir del Código Penal artículos referidos a los delitos contra la Corona, entre ellos el 491, que impone penas de cárcel de seis meses a dos años para quienes usen la imagen del rey o reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes y dañen el prestigio de la Corona.

Pese a que en un primer momento el senador del PSOE, Artemi Rallo, se ha mostrado crítico con la iniciativa acusando a EH Bildu y ERC de querer debatir sobre la legitimidad de la monarquía española en un momento «ventajista» y querer «eliminar» a esta, finalmente el PSOE ha acabado dando su apoyo para que la propuesta saliese adelante en la Cámara Alta, donde ha recabado los votos suficientes para superar el trámite de la toma en consideración. Ahora, la propuesta pasará al Congreso de los Diputados para su debate.

Por su parte, como cabía esperar, el PP ha rechazado frontalmente la iniciativa. Su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha censurado en Twitter esta decisión, adoptada «para sorpresa de todos», ha dicho. Y es que, según ha dicho, la finalidad última de la reforma del Código Penal es que «salga gratis» atacar al Estado español.

En nombre de EH Bildu, la senadora Idurre Bideguren ha considerado que «perseguir la opinión o crítica de artistas, periodistas o cualquier persona afecta directamente a fundamentos básicos de un sistema democrático. Es inadmisible y desproporcionado».

En la misma línea, la senadora de ERC Laura Castel ha considerado que la despenalización de la norma es imprescindible para que el Estado español respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos. «La legislación española protege a la Corona en detrimento de la libertad de expresión», ha indicado, para después defender, que la inviolabilidad del rey deriva en que no se someta a ningún tipo de fiscalización, salvo el de la opinión pública, por lo que el castigo penal a estas conductas suponen una restricción al debate político.

Cumplimiendo de los DDHH

Bideguren ha incidido en la necesidad de dar cumplimiento a los convenios internacionales que instan al Estado español a despenalizar las injurias a la monarquía. Asimismo, ha detallado que la tipificación como delito de las injurias a la Corona va en contra de la declaración de los DDHH y del convenio ratificado por el Estado Español en 1979 para la protección de los DDHH y de las libertades fundamentales.

Para respaldar su tesis, la senadora ha añadido que existe jurisprudencia del TEDH, advirtiendo de que «sería una vergüenza» que una vez más se pronunciara por vulnerar derechos fundamentales en el Estado español. «Diferentes agentes de la sociedad como periodistas, letrados, artistas o asociaciones como amnistía internacional lo han reivindicado en varias ocasiones. El Consejo de Europa y las Naciones Unidas han instado también al Estado Español para que revisara su legislación. Pero todavía no ha habido ningún avance», ha denunciado.

Además, en la propuesta de ley que han presentado los partidos soberanistas han mencionado a casos como el del rapero Valtònyc, la portada de la revista satírica ‘El Jueves’ o la persecución a un concejal de Santa Coloma de Gramenet y activistas de la CUP y Arran por quemar fotos del rey español.

Finalmente, la senadora de EH Bildu ha denunciado en que la monarquía es una institución anacrónica, impuesta, no elegida, que goza del privilegio de inviolabilidad, no rinde cuentas a nadie, no se puede investigar y ni siquiera se somete a controlar parlamentario y político: «¿Os parece razonable que ni siquiera se la pueda criticar? En la sociedad que vivimos, que pide cada vez más transparencia y acabar con la corrupción, esto es totalmente anacrónico. Y no se entiende».