Las pensiones, al albur de las decisiones de Madrid
2018/01/19

Entre la propuesta lanzada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y las hirientes declaraciones posteriores de la presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, la reforma de las pensiones vuelve a centrar el debate público. La propuesta de ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral de forma voluntaria –que la ministra justificó con unos ejemplos bastante singulares– muestra una intención de alargar el periodo de cálculo de la pensión para todas las personas. Salvo contadas excepciones, el resultado es normalmente una reducción de la cantidad a percibir.

La propuesta vuelve a colocar el foco del debate sobre el futuro del sistema de pensiones en la columna de los gastos, dejando de lado, una vez más, la parte de los ingresos. Un debate parcial que no soluciona nada y solo crea confusión. Si tanto preocupa al Gobierno la cuantía de las pensiones, podría empezar por ocuparse de que los trabajadores tengan unos empleos estables con unos salarios dignos, que no solo son la base del cálculo de sus futuras pensiones, sino también de las cotizaciones sociales y, por lo tanto, de los ingresos actuales de la Seguridad Social. Considerando además que el Estado español no ocupa precisamente las primeras posiciones en la Unión Europea por el gasto que dedica a las pensiones –puesto 17– ni por los ingresos dedicados a pagar las pensiones –24–, margen existe para que aumente la riqueza que se dedica a atender los compromisos por pensiones.

La viabilidad de las actuales y futuras pensiones dependen básicamente del modo en el que se distribuye la riqueza en una sociedad. Y esa es una decisión colectiva que no tienen tanto que ver con los detalles del cálculo de la pensión o con la evolución demográfica, sino con las prioridades a las que se dedica el gasto y el modo en el que se recauda. Resolver sobre ello implica capacidad de decisión, esto es, que las pensiones no sigan en manos ajenas.

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