El decreto anticrisis

Ya vigente el RDL 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, se puede hacer una valoración, a pesar de lo extenso que es (143 páginas). Se dota de 5.000 millones de euros para ejecutar medidas, tanto de respuesta inmediata, como de carácter estructural a largo plazo. Aunque a grosso modo la valoración es positiva, hay ausencia de un tope al precio de los alimentos y una intervención más decidida en vivienda, sobre todo en vista del problema habitacional y lo que está pasando con los abusos en los alquileres.

El decreto amplía los descuentos del bono social eléctrico: un 42,5% para consumidores vulnerables y un 57,5% para vulnerables severos, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. También se aumenta la ayuda mínima por beneficiario del bono social térmico -gestionado por las Comunidades Autónomas- y se amplía hasta fin de año la prohibición de corte de suministros de agua y energía por impago a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Asimismo, se congela el precio máximo del butano y el propano.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

La reducción del IVA del 21% al 10% para todos los suministros energéticos -electricidad, gas natural, pellets, carburantes- hasta el 30 de junio, aunque no distingue por niveles de renta, ni por tecnología empleada. Al igual que con el IRPF y las exenciones de nuevas deducciones por rehabilitación energética, sustitución de calderas fósiles, instalación de autoconsumo renovable y mejora de la eficiencia en viviendas y edificios residenciales. ¿Qué hogar con bajos ingresos se aventura a los cambios? En fin, es una respuesta de emergencia que trata de paliar subidas de precios para todos por igual. Buena, pero depende de las circunstancias de cada uno.