25 JAN. 2015 SORBURUA Cláusula suelo BERTA GARCIA {{^data.noClicksRemaining}} Pour lire cet article inscrivez-vous gratuitement ou abonnez-vous Déjà enregistré? Se connecter INSCRIVEZ-VOUS POUR LIRE {{/data.noClicksRemaining}} {{#data.noClicksRemaining}} Vous n'avez plus de clics Souscrire {{/data.noClicksRemaining}} Alas noticias de los medios de comunicación les pasa lo que a las uvas, que si no se recogen en la vendimia, se pudren. Así pasa con la abundancia informativa con la que nos bombardean a diario: solo nos afecta en el momento de la recepción, pero transcurridos tres “teleberris”, se nos olvida. Y este comportamiento es bien conocido por los que manejan los hilos, ya que saben de antemano que muy pocos persistirán en la búsqueda de información con sustancia, por si les puede tocar en algo. Es el caso de las cláusulas suelo, que cuando fueron conocidas por la opinión pública, por su gravedad saltaron las reacciones en cadena de todas las partes implicadas. La banca, los administradores de justicia, los afectados, las asociaciones defensoras y las administraciones “neutras e insípidas” gozaron de sus minutos de gloria, pero las supuestas consecuencias transcurren sin pena ni gloria o con cuentagotas. Esto es, al menos, de lo que se quejan las asociaciones de defensa de los usuarios. «No nos cansaremos de decirlo: las cláusulas suelo son abusivas, a no ser que se cumplan unos claros criterios de transparencia que brillan por su ausencia en la práctica totalidad de contratos firmados por los consumidores. A pesar de la sentencia del Supremo afirmando su nulidad, las entidades financieras se han negado a dejar de aplicar estas cláusulas suelo a sus clientes. Ante eso, no hay más solución que acudir a la Justicia», según señalan desde la OCU. Es lo que hay, aunque la mayoría de la gente siente una especie de vértigo cuando escucha eso de que «hay que acudir a la Justicia». Existe cierto reparo ante los posibles gastos que ello implique, hay dudas sobre la aplicación de las leyes, da pereza tener que esperar largo tiempo el desenlace y, lo que es más triste, se renuncia olímpicamente a un dinero cobrado de forma abusiva y dolosa. De ser correctos los cálculos de las asociaciones, estaríamos hablando de una media de 6.000 euros por cada afectado cobrados por la patilla. Qué lejos nos queda el ejemplo cinematográfico del entrañable actor Paco Martínez Soria y su señor “Don Erre que Erre”.