Un segundo grupo de víctimas avala la paz con su presencia en Cuba
Un segundo grupo de doce víctimas, entre ellas la excongresista Consuelo González de Perdomo, retenida por las FARC-EP en la selva durante seis años y medio, se entrevistó ayer con las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno colombiano, con quienes compartieron sus experiencias individuales y sus planteamientos sobre el proceso de paz. El jefe negociador de las FARC agradeció su presencia y aseguró que la paz y la reconciliación «ya no tienen marcha atrás».
Otras doce víctimas seleccionadas por una comisión formada por la ONU y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Colombiana, se entrevistaron ayer en La Habana con los integrantes de ambas delegaciones, tanto de las FARC-EP como del Gobierno. Siguiendo el protocolo establecido a finales de agosto para recibir a la primera comisión de víctimas, cada una de ellas tuvo quince minutos para hablar ante las partes, quienes agradecieron su presencia y mostraron su respeto para las víctimas. Un llamamiento que también hizo suyo el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, quien sugirió «que cualquier crítica se dirija a nosotros, los organizadores».
«Pedimos tolerancia y respeto por las víctimas, realmente necesitan mucho carácter para enfrentar a su victimario con la palabra, con el sufrimiento», remarcó Hochschild.
De este segundo grupo destaca la alta representación de mujeres -nueve-, lo que, en palabras de Hochschild, «refleja una dura realidad de este conflicto armado, que las mujeres y las niñas han pagado el costo más alto». «Hay víctimas de varios victimarios. Aunque hubo graves crímenes de las FARC en este conflicto, también hubo graves crímenes de otros actores, de los paramilitares y del Estado», añadió.
«Una composición especial»
«La composición de esta delegación es especial. Además de que amplía la cobertura de las regiones del país, amplía la presencia de las mujeres en el grupo, en el que son mayoría, y con ello se quiso expresar el dolor y lo que significan en este conflicto», comentó el sacerdote Darío Echeverry, representante de la Conferencia Episcopal colombiana.
La lista de esta segunda comisión la componen la excongresista Consuelo González de Perdomo, retenida por las FARC durante seis años y medio; Marleny Orjuela, miembro de la Asociación de Familiares de Policías y Militares Secuestrados por la Guerrilla; Teresita Gaviria, cuyo hijo de 15 años desapareció en 1998; Gloria Luz Gómez, cuyo hermano también fue víctima de desaparición forzada; Juanita Barragán, víctima de reclutamiento forzado; Marisol Garzón, hermana del periodista y político Jaime Garzón, que investigaba los nexos del paramilitarismo con el Estado; Esau Lemos Manturana, desplazado y coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Chocó; Reinel Barbosa Cájica, víctima de las minas antiperson; Gabriel Bisbicuis, gobernador indígena del pueblo indígena Awá; María Choles Toro, delegada de la Mesa Nacional por Violencia Sexual; Esperanza Uribe, esposa del juez Antonio Beltrán, muerto junto a otros doce funcionarios judiciales en la masacre de La Rochela; y Yéssika Hoyos, defensora de los derechos humanos e hija del sindicalista Jorge Darío Franco, muerto en 2001.
La delegación de las FARC remarcó que la participación de todas ellas en la mesa de conversaciones muestra que la paz y la reconciliación «no tienen marcha atrás». El jefe negociador, Iván Márquez, les dio la bienvenida «independientemente de su procedencia y sus visiones respecto a la realidad de la confrontación».
«Ustedes tienen un papel muy importante si lo que se desea realmente es buscar y ofrecer alternativas a la guerra y al desangre nacional», resaltó.
Agradeció su presencia más aún tras conocerse las amenazas a miembros de la Corporación Reiniciar y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
«Enemigos de la paz»
«Los enemigos de la reconciliación son muchos y quizás sean poderosos, pero más poderoso es el anhelo de paz de todos los aquí reunidos», destacó en una comparecencia ante los medios.
Márquez incidió en que «hoy día la sociedad colombiana, la comunidad internacional, los aquí reunidos, y también las altas instituciones de Gobierno de Colombia, han reconocido que el largo y doloroso conflicto armado que hemos vivido ha provocado millones de víctimas, y no es justo ni corresponde a este momento, sin duda histórico, que se intenten eludir las responsabilidades habidas en ello. Hacer de las víctimas y de los defensores de derechos humanos un objetivo a exterminar pone de manifiesto que los enemigos de la paz aún tienen mucho que aprender de ustedes».
Insistió también en que las víctimas deben tener un «papel protagónico» en la futura comisión de la verdad como «portadoras de verdad y constructoras de memoria histórica».
«Comprendemos la irreparabilidad del daño, mostramos confianza en el futuro, en la posibilidad de un `Nunca Mas' y respeto por el dolor ajeno. Hacemos énfasis en la dignidad que cada día manifiestan las víctimas, dignidad personal que se acredita a través de su activo compromiso con la reconciliación nacional», manifestó.
Las FARC reiteraron su voluntad de asumir la responsabilidad que les corresponda, pero «partiendo del hecho indiscutible de que también hablamos desde la orilla de los perseguidos y no desde la de los victimarios causantes del desangre patrio y la miseria nacional. En esas condiciones es imprescindible el reconocimiento de su carácter de víctimas que tienen muchos de nuestros combatientes que han padecido los horrores de la guerra con las asimetrías que impone el régimen».
Amenazan a casi un centenar de activistas
Por segunda vez en menos de 24 horas, 91 defensores de la paz y los derechos humanos en Colombia fueron amenazados de muerte a través de un correo electrónico firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, que da quince días a los amenazados para abandonar Colombia y acusa a los activistas de ser «guerrilleros comunistas».
Asimismo, asegura que van a «picar en pedacitos» a los activistas y, al igual que en el primer correo, abundan los insultos y las amenazas contra sus familiares. Del mismo modo se repiten las críticas a la defensa que los activistas hacen del proceso de paz con las FARC y dicen que «ese puto cuento no se lo come nadie».
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), algunos de cuyos directivos están en la lista de amenazados, subrayaron que «no se puede menospreciar ningún hecho victimizante» y menos cuando estos se producen de forma reiterada. Exigió al Estado colombiano que tome medidas para proteger a los amenazados ya que, según denunció, todavía no ha adoptado ninguna. Otra de las amenazadas, Jael Quiroga, reclamó que cesen los señalamientos. GARA
La desaparición forzada, del silenciamiento total a su reconocimiento en los diálogos
Gloria Luz Gómez, una de las integrantes de este segundo grupo de víctimas, viajó en 2009 a Euskal Herria junto a Linda Paola Medina, ambas vinculadas a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para romper el silencio que rodeaba al fenómeno de la desaparición forzada en Colombia.
El hermano de Gómez desapareció cuando tenía 19 años y cursaba el último año de Bachillerato en un colegio de secundaria de Bogotá. «Siempre estuvo muy implicado en las luchas estudiantiles y uno de sus mayores anhelos era lograr una educación de calidad. El 14 de noviembre de 1983 salió de casa para hacer unas compras y no regresó. Días después, encontramos su cuerpo totalmente torturado. Nunca supimos quién se lo llevó, ni quién lo torturó y mucho menos quién lo mató. Leonardo era amigo de algunos estudiantes que fueron desapareciendo de forma gradual», explicaba en la entrevista concedida a GARA hace cinco años.
El 4 de marzo de 1983, familiares de desaparecidos se manifestaron por primera vez en las calles de Bogotá para exigir la aparición con vida de sus allegados y el juicio y castigo a los responsables. «Es imposible cuantificar cuántos desaparecidos hay en Colombia porque muchas familias no denuncian y otras han tenido que desplazarse debido a las amenazas», subrayó. Remarcó también la falta de reconocimiento institucional, el silenciamiento por parte de los principales medios de comunicación colombianos de este y otros hechos victimizantes, así como las constantes amenazas que sufrían por su búsqueda y acompañamiento al resto de familias. Exigió al Gobierno, entonces en manos del expresidente Alvaro Uribe, que activara todas la herramientas jurídicas para «poner fin a esta práctica y a la impunidad».
Si después de años de lucha la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ya logró que en julio de 2000 la desaparición forzada fuera tipificada como delito en la Ley 598, ahora ha logrado llevar la voz de los desaparecidos y de sus familiares a la mesa de conversaciones, junto a otras duras realidades como el secuestro, el reclutamiento forzoso, las minas antipersona, la violencia sexual y el desplazamiento. A. L.