El Estado francés pone dinero para evitar el cierre de empresas

«Hecha la ley, hecha la trampa». Un aserto que puede convalidad el Estado francés al interpretar como le conviene ciertas limitaciones impuestas por las normativas de la Unión Europea. Mientras el Gobierno español y el Ejecutivo de Lakua no dejan de poner pegas a la intervención pública para salvar La Naval, el Gobierno francés se muestra abierto a estudiar las «soluciones más originales» para evitar el cierre de una acería o de una factoría de Ford.

El de los «chalecos amarillos» no es el único frente abierto que tiene el Gobierno francés en el ámbito socioeconómico. Otro que le está dando muchos quebraderos de cabeza es el del posible cierre de fábricas con un marcado simbolismo para buena parte de la sociedad gala.

Pero no siempre llegan malas noticias para el Gabinete del presidente Emmanuel Macron. Esta misma semana, ha respirado aliviado al conocer que el Tribunal de Gran Instancia de Estrasburgo ha dado luz verde a la adquisición de la acería Ascoval, ubicada en Saint-Saulve, por el grupo franco-belga Altifort.

«Es una buena noticia para la industria y para el empleo», remarcó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en un comunicado firmado junto a la secretaria de Estado Agnès Pannier-Runacher. «Deseo mostrar mi admiración, en particular, al compromiso de los trabajadores con su empresa y su actitud responsable a lo largo de este periodo de incertidumbre», añadió Le Maire.

Esta operación, con 281 empleos en juego, ha sido posible por el acuerdo alcanzado entre el Estado, la Región Hauts-de-France y las empresas Vallourec y Schmolz+Bickenbach, que ha permitido mantener la actividad de la acería durante este 2018, según subrayó el ministro.

La adquisición de Ascoval, por un montante de 152 millones de euros, se desglosa en 47 millones de fondos públicos «en forma de préstamos» (25 millones del Estado, 12 de la Región y 10 de la Metrópolis de Valenciennes), 35 millones aportados por Altifort, 40 millones de un arrendamiento financiero para un futuro tren de laminado y otros 30 millones de factoring.

Fundada en 1975 por Vallourec y convertida en Ascoval en 2017, esta acería esperaba un comprador desde la liquidación judicial del grupo Asco Industries. A finales del pasado mes de enero, la suiza Schmolz+Bickenbach adquirió la mayoría de los activos de Asco, sin incluir a Ascoval, que tuvo que salir a buscar su propio comprador.

La «traición» de Ford

Más complicado se ve en estos momentos el futuro de la planta de Ford en Blanquefort, cerca de Burdeos. En este caso, Bruno Le Maire no descarta una compra provisional de la fábrica por el Estado. El miércoles se mostró abierto «a las soluciones más originales» para salvarla después de que Ford rechazara una oferta de compra presentada por el grupo franco-belga Punch Powerglide. «¿Por qué no? Estoy dispuesto a este tipo de soluciones», comentó al ser preguntado en las cadenas BFMTV y RMC por la posibilidad de que el Estado francés compre la fábrica para revenderla a continuación a Punch, que se había comprometido a preservar 400 de los actuales 800 puestos de trabajo.

Le Maire reveló que la víspera había mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ford para Europa, Steven Armstrong, la segunda tras el anuncio del rechazo a la oferta de Punch, realizado el 13 de diciembre. Ese día, el ministro denunció la «traición» del fabricante estadounidense. Después, el propio presidente Macron calificó la decisión de Ford de «hostil» e «inaceptable».

Informe favorable a la inversión pública en La Naval

En el marco de la enésima movilización realizada en lo que va de año, el pasado jueves el secretario del comité de empresa de La Naval, Juanjo Llordén, acusó a los gobiernos estatal y autonómico de «estar engañando» a los trabajadores ya que «parece que no quieren hacer nada» y añadió que «todo es un poco extraño porque dicen que trabajan en buscar una solución pero resultados, ninguno hasta la fecha; la situación, lamentablemente, empeora y la plantilla no ve ya vías de solución».

Esta misma semana se ha hecho público un informe jurídico, apoyado por el comité, que concluye que las instituciones pueden comprar los activos de La Naval y que es posible «relanzar la actividad» del astillero de Sestao «con una nueva empresa con capital público». El informe indica que no serían consideradas ayudas de Estado ni la compra de activos a la administración concursal por parte de los gobiernos, ni la aportación de recursos financieros públicos.GARA