Alfredo de Miguel, más que un programador informático en el seno de la Fundación Hazi

El pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Araba condenó a Alfredo de Miguel a una pena de 13 años de prisión por diversos delitos de corrupción, y le impuso una larga inhabilitación especial para empleo o cargo público. Le condenó a seis años de inhabilitación por un delito de «blanqueo de capitales», seis años por «asociación ilícita», otros 13 por «cohecho pasivo», una veintena por «trafico de influencias» y diez por «prevaricación». Sin olvidar los tres años de inhabilitación absoluta por «malversación».

Por el momento la condena no ha tenido mayor repercusión en el día a día del que fuera diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial en la Diputación de Araba. Al igual que el resto de condenados, continúa en libertad, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por su abogado ante el Tribunal Supremo. Y de momento sigue trabajando en la Fundación Hazi, pese a que en el convenio de esta entidad pública se recoge como «falta muy grave» cualquier condena por «delito de robo, hurto o malversación cometido fuera de la empresa».

En estos casos, el convenio recoge una serie de medidas, entre las que figuran la suspensión de empleo y sueldo por mas de un mes y no superior a tres meses, la inhabilitación para el ascenso –por un periodo no superior a dos años– y el despido. En el caso de Alfredo de Miguel no se sabe si Hazi ha tomado alguna medida contra él, igual que tampoco están claras su funciones en el seno de la fundación, a la que reincorporó tras su detención en marzo de 2010.

Había cogido una excedencia en IKT, firma que se fusionó con Itsasmendikoi y la Fundación Kalitatea para crear Hazi, donde tenía una plaza de programador informático. Y se reincorporó a su puesto el 1 de marzo de 2011. Sin embargo, en una comparecencia en el Parlamento de Gasteiz en junio de 2014, el responsable de la fundación, Asier Arrese, rehuso dar detalles sobre las labores concretas. El parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain señaló en aquel entonces que poca gente conoce las funciones que realiza y mostró su preocupación por los proyectos concretos en los que pudiera estar trabajando una persona imputada –entonces todavía no había sido juzgada ni condenada– por corrupción.

Itsas Garapen Elkartea

Parece que durante los años que ha durado la instrucción y el juicio del «caso De Miguel» el exburukide no se ha limitado a realizar labores informáticas. De hecho, su nombre figura en las actas del Itsas Garapen Elkartea, FLAG, un grupo de acción local pesquero y acuicola cuyos objetivos principales son «el apoyo al sector pesquero y a los municipios pesqueros, siendo su principal función la diversificación de la actividad económica y creación de nuevas oportunidades de empleo en las zonas pesqueras».

Las actas de 2016 evidencian que De Miguel tuvo un papel relevante en las reuniones celebradas para el diseño de la estrategia del grupo de acción local, explicando a los participantes el esquema de funcionamiento para la dinamización de las zonas pesqueras y repasando con los agentes el contenido final relativo a la composición del grupo de acción local, en el que participan asociaciones empresariales y cofradías pesqueras.

De Miguel, condenado junto Koldo Ochandiano y Aitor Telleria por idear «la creación de una red societaria y personal organizada en torno a sí mismos para aprovechar las relaciones políticas o administrativas que mantuviesen en cada momento por su pertenencia al PNV», ha seguido durante estos años trabajando con entidades asociaciones y entidades de derecho público. Su nombre figura en un modelo de acta de control al que ha tenido acceso NAIZ, donde aparece «en calidad de técnico del Grupo de Acción Local Itsas Garapen Elkartea, FLAG encargado de la gestión de las ayudas».

Y, de momento, podrá seguir trabajando en una sociedad pública, ya que la semana pasada el portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, aseguró que, mientras la Audiencia Provincial de Araba no decida ejecutar la sentencia del «caso De Miguel», el Ejecutivo «respetará los derechos laborales» de Ochandiano y De Miguel. Afirmó que el fallo «no hace pronunciamiento alguno» respecto al empleo de estas personas, que «no son altos cargos», sino trabajadores que tienen unos «derechos laborales» que podrían «activar» en el caso de que sean despedidos sin justificación.