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El tribunal desestima todas las cuestiones previas de las defensas por un presunto amaño de partidos

Salvo la incorporación de alguna pequeña prueba, la práctica totalidad de las alegaciones han sido rechazadas por la Sección Segunda de la Audiencia de Nafarroa.

En las dos primeras filas, los once investigados por varios presuntos delitos (Jesús DIGES / EFE POOL)

Más técnico que físico. En esos términos futbolísticos podría calificarse el comienzo del juicio contra varios exmandatarios y extrabajadores de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de los presuntos delitos de corrupción deportiva –amaño de partidos–, societarios, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales y falsedad en documento mercantil.

En su primer día –se prolongará hasta el 28 de febrero–, la vista oral iniciada en la Sección Segunda de la Audiencia de Nafarroa ha estado centrada en las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas de los once investigados, Miguel Archanco, Ángel Vizcay, Txuma Peralta, Juan Pascual y Sancho Bandrés (con peticiones de 14 años de cárcel), Diego Maquirriain, Xavi Torres, Antonio Amaya y Jordi Figueras (4 años), y Albert Nolla y Cristina Valencia (3 años).

Ya a primera hora de la tarde, prácticamente todas ellas han sido denegadas por el tribunal, que solo ha aceptado el que los investigados fueran los primeros en declarar, una petición de la fiscal, Ana Marcotegui, y los letrados de Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Miguel Ezcurdia y Francisco Martínez, respectivamente.

Como excepción, sí que ha admitido que tanto los futbolistas, por razones profesionales, y Txuma Peralta, por motivos de salud –ha sido objeto de un transplante de riñón–, puedan no estar presentes en algunas sesiones testificales y periciales, aunque sí será obligatoria su comparecencia en las declaraciones de todos los imputados, cuando se realicen las conclusiones y en el turno de última palabra.

Durante la mañana, las diferentes defensas han presentado una batería de cuestiones previas que finalmente no han surtido efecto. Así, la letrada que representa al expresidente Miguel Archanco, Chelo Sola, ha puesto en cuestión el veloz procedimiento aplicado para sustituir a dos de los tres magistrados del tribunal –Mari Paz Benito y Margarita Pérez-Salazar han reemplazado a José Francisco Cobo y Ricardo González, ambos de baja por motivos de salud–, al considerar que limita su posible recusación.

Del mismo modo, ha cuestionado que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) pueda personarse como acusación particular, al entender que no le afecta «directamente, sino de manera indirecta» y ha solicitado que se incorpore como prueba documental un recibo de abril de 2014 por el que se le abonaba a Roberto Torres la cantidad de 50.000 euros en metálico, en concepto de «adelanto de su ficha», un poder documental de 21 de octubre de 2004 por el que se le atribuían diversas funciones a Ángel Vizcay, así como el contrato con Flefield –sociedad en un paraíso fiscal a través de la cual se realizaron diversos pagos– y varios correos electrónicos del exgerente, cuyo contenido podría comprometerle en algunos aspectos de su vida personal.

Este último asunto ha generado la réplica del abogado de Vizcay, Jaime Zuza, quien ha llegado a denominar «perros de presa» a sus colegas de profesión en su intento por  hacer recaer todas las culpas sobre su defendido, una expresión que le ha costado la reprimenda de la magistrada ponente, Raquel Fernandino, quien le ha instado a mantener el «fair play» en su intervención.

Por su parte, la letrada del exdirectivo Sancho Bandrés, Ana Villanueva, ha pedido la retirada de la acusación para su cliente, basándose en cuestiones de procedimiento, al no haber sido imputado por ninguno de los otros investigados y ser, a su juicio, objeto de una «acusación sorpresiva».

Asimismo, el abogado del también exdirectivo Juan Pascual, Eduardo Ruiz de Erenchun, ha solicitado la suspensión del juicio para retrotraerse al momento de la notificación del juicio oral, por no habérsele notificado tal cuestión a su defendido en persona.

Por último, Jaime Zuza, letrado de Ángel Vizcay, ha pedido la inclusión como prueba atenuante de un informe psicológico realizado entre julio y diciembre del año pasado, en el que se califica al ex gerente como una persona «de baja autoestima, sumisa e influenciable».