Sindicatos vascos, gallegos y catalanes demandan al Gobierno Sánchez una agenda social

A iniciativa de la Confederación Intersindical Galega (CIG), esta central junto a las vascas ELA y LAB, así como la Confederació Intersindical Catalana (CSC), han realizado un análisis de la coyuntura laboral, social y política que se vive en sus respectivas naciones y en el Estado español, que les lleva a interpelar tanto al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos como a fuerzas soberanistas a que actúen ante la profunda crisis política y social. Estiman que es un momento clave para avanzar en sus reivindicaciones, ateniéndose a la relación de fuerzas que se da en el Estado.

Los firmantes abogan por cambiar de raíz el actual sistema, «comprometiéndonos a seguir luchando por un modelo basado en la justicia social y ecológica, el feminismo y en un reparto equitativo del trabajo y de la riqueza».

De su diagnóstico concluyen que solo una agenda «ambiciosa y audaz» va a poner freno al auge del neofascismo, al tiempo de que se avanza en democracia y justicia social. Sus principales reivindicaciones, presentadas hoy públicamente en Bilbo pero que también se darán a conocer el 19 de febrero a las fuerzas soberanistas representadas en el Congreso español, son la reversión de las sucesivas reformas laborales y de pensiones, además de la extensión de políticas que garanticen la igualdad de género, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, los servicios públicos, la protección y los derechos sociales, acompañada de una transición energética «territorial y socialmente justa».

Derecho a decidir

Las cuatro confederaciones sindicales de Galiza, Euskal Herria y Catalunya defienden que se reconozca el derecho a negociar las condiciones de trabajo en sus respectivos países, derogando las reformas de la negociación colectiva «que han dado alas a la estatalización de las relaciones laborales y, con ello, a dar más amplitud de la precariedad y a los bajos salarios».

Además de la agenda social, apuestan por otra democratizadora amplia, dentro de la cual se derogue «inmediatamente» la Ley Mordaza y el artículo 315.5 del Código Penal, que criminaliza el movimiento social y sindical, la huelga, la protesta y la reivindicación.

El último punto del manifiesto conjunto reivindica la primacía de la política para resolver los conflictos nacionales, que confrontan a sus naciones con el Estado español, «lo que supone acabar con la judicialización de la política, poner en libertad a las y los presos políticos catalanes, poner fin a la política penitenciaria de excepción que se les aplica a las y los presos políticos vascos y gallegos, y reconocer el derecho a la autodeterminación».