Más enredo con las versiones contrapuestas de los arrestos

Flaco favor le hacen a la causa abierta del vertedero de Zaldibar las versiones contrapuestas que publicaron durante el día de ayer tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) como el Departamento de Seguridad de Lakua. Como ya había poco enredo alrededor del colapso de Verter Recycling, el de ayer llegó para engrosar el capitulo de las confusiones. 

El martes por la tarde se notificaron las detenciones de tres altos cargos de la empresa Verter por apreciar «indicios de criminalidad» medioambiental en la gestión del vertedero. La Ertzaintza remitió hace un mes un informe a uno de los juzgados que instruye la causa alertando sobre estos indicios.

Fuentes del Departamento de Seguridad informaron que las tres personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría de Eibar y que pasarán a disposición judicial tras la realización de las diligencias necesarias. 

Las mismas fuentes indicaron que la operación había sido llevada por orden judicial; una orden que niega haber remitido la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Durango, que salió al paso enviando a la prensa una nota aclaratoria para explicar que la acción de los agentes de la Ertzaintza «se enmarca, exclusivamente, dentro de una operación policial». 

La causa se instruye en dos juzgados: en Durango se investiga la desaparición de los dos trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, mientras que en Eibar se analizan las denuncias por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente.

Verter se defiende

Ante la nota aclaratoria del TSJPV, el Departamento de Seguridad envió una nueva explicación asegurando que «se procedió a su detención con conocimiento de los juzgados competentes y del Ministerio Fiscal que autorizaron el traslado de las personas detenidas a la Ertzain-Etxea de Eibar y los registros pertinentes».

En ella, remarcaron que tanto los juzgados como la Fiscalía estaban al corriente de todos los avances que la Policía judicial de la Ertzaintza realizaba en la investigación, así como de la propuesta «de la detención de los posibles autores de presuntos delitos investigados». 

No obstante, Lakua no termina de aclarar −algo que sí hizo el martes− si disponían de una orden judicial para proceder las detenciones. 

Los detenidos hasta el momento son el propietario de la escombrera, Jose Ignacio Barinaga; la administradora única y responsable legal de la empresa Verter Recycling 2002 y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao, y el ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria.

Entre una cosa y otra, la empresa propietaria del vertedero considera la actuación de la Ertzaintza «contraria a derecho y, por lo tanto, una detención ilegal». Al igual que precisó después el TSJPV, los abogados alegan que los arrestos fueron una «decisión policial». 

«No se dispone de ningún auto judicial que dictamine esta actuación y la propia Policía ha confirmado a los representantes legales de la propiedad que la decisión es suya, no del Juzgado. La jueza no ha ordenado la detención», señalaron.

El comunicado de los abogados de Verter defiende a dos de las tres personas detenidas, sin referirse al tercer arrestado, el ingeniero director técnico del vertedero. 

Asimismo, la entidad recordó que el procedimiento judicial se encuentra en una fase preliminar de diligencias previas en la que se están estudiando e investigando las posibles causas de derrumbe del vertedero, «por lo que hasta que no existan datos y hechos contrastados, consideramos totalmente injustificadas actuaciones como esta».

Zaldibar Argitu

La plataforma vecinal Zaldibar Argitu, que lucha para esclarecer lo ocurrido en el derrumbe del vertedero, ve con buenos ojos que se haya procedido a las detenciones de los directivos de la empresa. «Significa que se está moviendo algo», indicó Jokin Bergara, portavoz de la plataforma, en los micrófonos de Naiz Irratia, recordando que pronto −el 6 de agosto− se van a cumplir seis meses desde el suceso que atrapó bajo tierra y escombros a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. «El verdadero alivio sería encontrar los cuerpos de Joaquín y Alberto», admitió. 

«Preveíamos que, tarde o temprano, esto podría pasar porque la Administración pública está poniendo todo el foco en la empresa privada», remarcó. Insistió en que es un paso fundamental para avanzar en la causa pero que no es suficiente, «porque la responsabilidad privada y pública son las dos caras de la misma moneda». 

«La empresa ha gestionado de una forma lamentable su basura pero la falta de control, la ausencia de multas o permitir verter amianto es responsabilidad del Gobierno Vasco, en concreto del Departamento de Medioambiente», explicó.

En ese sentido, Jokin Bergara se quejó de que no haya habido ningún movimiento en la parte política y quiso dejar claro que no es posible que Iñaki Arriola, el consejero de Medioambiente, forme parte del próximo Gobierno porque «no tiene legitimidad» y «porque formaba parte de una red clientelar que gestionaba el vertedero». 

Todavía no tienen nada cerrado pero el eibarrés adelantó que están pensando presentarse a la causa como acusación particular. «Estamos hablando con otros agentes; el presentarte como acusación particular te permite recibir información de primera mano», explicó. 

Oposizioko alderdiek azalpen gehiago eskatu dizkiote Lakuari

Oposizioko alderdiek azalpen gehiago eskatu dizkiote Lakuako Gobernuari Zaldibarko zabortegiaren auziaz. Hondakindegia jausi eta bi langile desagertu zirenetik kasik sei hilabete pasatu ostean, iritsi dira enpresako hiru goi kargudunen atxilotzeak, baina EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PPk uste dute EAEko Gobernuak bere erantzukizunak ere hartu behar dituela. 

Gasteizko Legebiltzarrean EH Bilduko legebiltzarkide den Unai Urruzunok adierazi zuen atxilotze hauek agerian jarri dutela zabortegiaren kudeaketan «delitu larriaren aztarnak» zeudela eta ez, Ingurumen sailburu Iñaki Arriolak esan zuen moduan, «garrantzi txikiko irregulartasun batzuk». Verter Recycling-en zaborren kudeaketa Lakuako Gobernuaren gain zegoela-eta, «behingoagatik zerbait egin» dezala exijitu dio, orain arte «ausente» egon baita.

Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkide Jon Hernandezek ere bide beretik egin du hiru atxiloketen balorazioa. Delitu aztarnak baldin badaude ikertu egin behar dela esan zuen, eta Lakuaren kudeaketa eredua aztertua izan dadin «bere eskuetan dagoen guztia egingo» duela.

PPko Carmelo Barriosek hurrengo legegintzaldian Legebiltzarrean ikerketa batzordea abiatzea eskatu zuen. GARA