Aquellos años 60 de industria, represión y juicios castrenses

El año 1970 estará marcado por un acontecimiento que forma ya parte de la historia vasca: el Proceso de Burgos. No fue este el único consejo de guerra celebrado en la capital castellana, pero sí, sin duda, el más famoso. Una década antes comenzaba un periodo de transformación económica que estimularía un aumento de conflictividad laboral y de la deslegitimación del franquismo, y con ello la renovación de movimientos de protesta que el historiador Emilio Majuelo califica como las «dos bestias negras» del franquismo: el comunismo y el nacionalismo periférico.

Los procesos de industrialización alejaron a la economía española del sometimiento desde el final de la Guerra Civil a una política económica férreamente autárquica. De manera que esta década despuntó por la velocidad de crecimiento industrial de Hego Euskal Herria y, particularmente, por la integración al desarrollo industrial de Nafarroa y Araba. Sin embargo, la expansión económica no estuvo acompañada de cambios políticos dentro de un régimen franquista que, en palabras de Majuelo, «incluso quedaría sorprendido» ante la reconstrucción de la oposición franquista, pues «pensaba que, con todo lo que había hecho, no iba a volver a pasar».

Pero los deseos del Gobierno de Franco chocaron con el resurgir de un renovado movimiento obrero, «consciente, solidario y radical», que poco tendría que ver con el de la guerra del 36. En cuanto al nacionalismo en Euskal Herria, Majuelo señala que ya en la década de los 60 se da una «reaparición de elementos culturales» que todavía no tienen una «vertiente política». La lucha de liberación nacional abrazaría en esa misma década la defensa del socialismo, principales bases ideológicas de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a partir de la V Asamblea.

Al resurgir de la oposición movilizada le acompañó la deslegitimación del régimen en ámbitos estrictos como el pequeño campesinado. Incluso dentro la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II propició que muchos eclesiásticos se distanciaran de su apego con la dictadura de Franco. El Gobierno, inmerso en una pugna interna entre diversas élites del propio régimen, seguía reacio a cambios y dispuesto a extremar la represión. «No se puede hablar de apertura, la modernización se dio exclusivamente en el terreno económico», apostilla Majuelo.

Reactualización de leyes represivas

Dada la cantidad y el volumen de las protestas, el régimen franquista comenzó a reactualizar las viejas leyes represivas: volvieron los estados de excepción y regresaron también las ilegalizaciones de organizaciones como CCOO, que se había aprovechado de las rendijas legales que permitía la legislación franquista para su reaparición.

En este contexto histórico se encuentra el origen del Tribunal de Orden Público (TOP), aprobado mediante una ley que se promulgó el 2 de diciembre de 1963. Su aparición fue un intento de mejorar la opinión pública internacional y otorgar a la institución judicial legitimidad. Sobre el papel, el TOP mejoraba la defensa de los encausados pero, según señala el historiador Manuel Gallego López en el libro ‘La Audiencia Nacional desde el Tribunal de Orden Público’, su creación no redujo la actuación represiva del régimen franquista. Al contrario, se convirtió en un «mecanismo de represión política» contra la oposición a la dictadura.

Este intento de sustituir a los tribunales militares perduraría poco tiempo en Euskal Herria. En 1968, con la ejecución de Melitón Manzanas, se restableció el decreto de 21 de setiembre de 1960 sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo. «Todo acto de oposición política vuelve a caer bajo la competencia militar», relatarían en el libro ‘Sumarísimo 31/69’ Francisco Letamendia ‘Ortzi’ y Miguel Castells, bajo el seudónimo de Kepa Salaberri.

De esta forma, los dieciséis encausados inmersos en el sumarísimo 31/69 serían juzgados en la Capitanía General de Burgos. Tal y como detalla el historiador Iñaki Egaña en su libro ‘El Proceso de Burgos. 50 años después’, en la jurisdicción militar no existía el recurso y en estos consejos de guerra las pruebas se admitían o no por «decisión exclusiva» del juez militar de instrucción. Era este mismo juez el encargado de redactar la sentencia final, que «recogía, habitualmente, las penas pedidas».

Un Tribunal de toga y sable

En el tribunal militar se plasmó la naturaleza de un régimen fascista, y el posterior desarrollo vital de sus miembros fue espejo a su vez de una falsa transición que poco tuvo que ver con la regeneración democrática. Así, en el más sonado de los juicios celebrados en Burgos, en concreto en el podio de una sala pequeña, al lado de dieciséis pupitres colocados en un pequeño foso, se encontraba el tribunal presidido por el coronel de caballería y jinete olímpico Manuel Ordovás.

Antes había formado parte, como teniente, de los llamados Jinetes de Alcalá, un grupo de 29 militares que se rebelaron contra la II República. En la guerra del 36, Ordovás participó en la formación de milicias falangistas y en la represión de miembros del Frente Popular. Resultaría herido de gravedad en el frente de Madrid en 1937, por lo que recibió la pensión de 645 pesetas, correspondiente a 43 días de curación, y la indemnización de 1.500 pesetas, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Un año antes del inicio del Proceso de Burgos, Ordovás ya había dado pruebas de su eficiencia al condenar a muerte al miembro de ETA Andoni Arrizabalaga, protagonista de la canción ‘Itziarren semea’ –pena que sería posteriormente conmutada–. La defensa de los encausados en el Proceso de Burgos pidió la recusación del coronel por su parcialidad en el caso de Arrizabalaga, del que no aceptó sus testimonios de tortura.

En 1972, fue ascendido a general de Brigada y en 1976 nombrado director de Promoción en la Delegación Nacional de Deportes. Estuvo casado con María Adelaida Gómez-Jordana Huelín, sobrina del primer conde de Jordana, con la que tuvo cinco hijos. El año pasado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a dos años de cárcel a una de ellas, Cristina Ordovás Gómez-Jordana, por haberse apropiado de un cuadro del pintor flamenco Anton Van Dyck. El general Ordovás murió en 1999, a los 85 años, en su domicilio de Madrid.

El teniente Tomás García Rebull, Capitán de la VI Región militar durante el proceso de Burgos, fue otro militar que no navegó entre dos aguas en la II República y siempre tuvo claras sus verdaderas voluntades políticas. Camisa vieja de la Falange española, fue destinado a Tarragona durante la guerra del 36, una provincia que permaneció leal al Gobierno republicano. Fue encarcelado y juzgado por rebeldía, pero finalmente logró escapar y pasó a la zona sublevada por el sector de Granada. En 1941 participó en la invasión alemana de la Unión Soviética como voluntario de la División Azul.

García Rebull no fue, ni por un instante, partidario del indulto contra los procesados en Burgos. Ratificó la sentencia inicial que condenaba a muerte a seis de los encausados y fue presionado por correspondencia, según el historiador Paul Preston, por sectores más ultras que demandaban el garrote vil en lugar de fusilamiento. Contrario a cualquier grieta de apertura, fue miembro del Frente Nacional de Alianza Libre [FNAL], afín a la derecha más intransigente, y participó en los últimos años del franquismo en la organización neonazi Círculo Español De Amigos De Europa (CEDADE). Falleció en el Hospital del Generalísimo por una angina de pecho en 1976.

La defensa pidió también la exclusión de la vista de Antonio Troncoso de Castro, vocal ponente, por «enemistad manifiesta», ya que era asiduo a «expandir sus opiniones sobre la causa vasca», recoge Egaña en su libro. Se ausentó una jornada del juicio por una «lipotimia», que se trataba en realidad de una maniobra táctica pues, tras los relatos de tortura de los encausados, las autoridades militares se habían reunido para replantear el juicio. Fue también quien desenvainó el sable contra los procesados.

Diplomado en Derecho Penal Militar y abogado del Colegio de Madrid, en su carrera fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, fiscal del Tribunal Supremo y vocal del Tribunal Marítimo Central. Especialista en Derecho Militar y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es uno de los nombres aportados por la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo y se encuentra en busca y captura por la Interpol. Lo acusan como querellantes Jon Etxabe y Enrique Gesalaga, dos de los encausados en Burgos. Actualmente vive en Madrid.