El Tribunal de Baiona persiste en encarcelar a migrantes por negarse a realizar PCR
«El Gobierno francés echa leña al fuego» advierte el observatorio de detención de extranjeros para alertar de las condenas «ilegales» a migrantes que se niegan a que se les haga PCR con vistas a ejecutar su expulsión. El Tribunal de Baiona ordenó encarcelar, el lunes, a un migrante magrebí.
La crisis sanitaria ha derivado en condenas de prisión para migrantes que se niegan a hacerse la prueba PCR con vistas a materializar su expulsión. Esta misma semana el Tribunal de Baiona ha emitido una nueva sentencia de encarcelamiento contra un migrante magrebí.
Se trata de una práctica cada vez más habitual, con implicaciones humanas y legales graves, que lleva al observatorio de detención de personas extranjeras a alertar de que «el Gobierno francés está echando leña al fuego».
Las organizaciones que trabajan con personas extranjeras en peligro de expulsión advierten desde hace tiempo sobre la situación de «alta tensión» que se vive en los centros de retención administrativa (CRA).
El último en lanzar la alerta ha sido el observatorio de detención de personas extranjeras, y lo ha hecho mediante un comunicado emitido a raíz de un movimiento de protesta en el Centro de Retención Administrativa (CRA) de Mesnil-Amelot, en la región parisina.
«Las tensiones se han agravado desde que la administración obliga a las personas que son objeto de un procedimiento judicial de alejamiento a someterse a una PCR a fin de facilitar su expulsión a países de origen en los que se exige un test negativo para aceptar la entrada en su territorio», explica el organismo.
Los ciudadanos que se niegan a cumplir con ese trámite una vez cumplido el plazo máximo de presencia en un centro de retención -ese periodo se extendió hasta 90 días tras la última reforma de ley sobre inmigración adoptada por el Gobierno galo en 2018- son detenidas y presentadas ante un tribunal que, la mayor parte de las veces, promulgará «penas de prisión que se sostienen en la acusación de pretender obstaculizar la expulsión».
«Quiero volver a ver a mis hijos»
El Tribunal de Baiona siguió ese guión, sin ir más lejos, este pasado 23 de agosto. Condenó a tres meses de prisión firme a un migrante marroquí que fue detenido y encerrado en marzo de 2020 en el Centro de Retención Administrativa de Hendaia.
Su abogada dio cuenta en la audiencia de la delicada situación sicológica de este hombre de 37 años de edad que durante su comparecencia se limitó a pronunciar una frase: «Quiero volver a ver a mis hijos», según recogió en su crónica el diario "Sud-Ouest".
La juez decretó, pese a todo, una condena a tres meses de prisión descartando una medida de libertad bajo control judicial.
Es la tónica que ha mantenido el Tribunal de Baiona en procesos precedentes que tienen por nexo común el rechazo de las personas expulsables a someterse a la prueba PCR.
Son ya varios los precedentes. La Cimade denunció, coincidiendo con la presentación de su informe anual sobre los centros de retención, que el 22 de setiembre de 2020 el Tribunal de Baiona adoptó una decisión que la asociación tildó de «inédita».
El juez condenó entonces a una persona, originaria de Costa de Marfil, y recluida en el Centro de Retención Administrativa de Hendaia, a una pena de dos meses de prisión, a la que sumó una prohibición de entrada en «territorio francés» durante tres años. Ello en razón de su negativa a que se le realizara un PCR para la detección de la covid-19.
La Cimade denunció ya entonces la pretensión del Gobierno francés de servirse del protocolo sanitario para sortear los cierres de fronteras y seguir expulsando.
«Esas condenas son contrarias a la ley», se insurge ahora el observatorio de detención de extranjeros, para hacer hincapié en que las asociaciones que integran ese organismo hicieron saber, a través de un informe presentado en setiembre de 2020, que «el rechazo a someterse a un test no entra en la definición de delito descrita y sancionada por el Código de Entrada y Estancia de Extranjeros (CESEDA)».
Tanto el Código Civil como el Código de Salud Pública franceses prohiben expresamente que «un acto médico, a priori invasivo, como es el caso de un test, se practique sin el consentimiento de la persona».
También denuncia una institución
Una institución, encargada del control de lugares de privación de libertad (CGLPL), se sumó a esa voz de alerta, el pasado 30 de julio, al denunciar «la situación alarmante que se vive en los centros de retención administrativa».
Aludía, en particular, a la actuación de los tribunales que pronuncian penas de prisión por la negativa de personas extranjeras a realizar PCR, decisiones que implican «un encierro añadido y una sobresaturación de los centros de retención».
Unos centros de retención en los que la CGLPL constata «una gestión de ingresos errática, protocolos sanitarios dudosos y un ejercicio de la defensa que se degrada por los obstáculos que se imponen a asociaciones y a abogados».
Para la institución, «toda persona, sea cual sea su situación, tiene derecho a oponerse a una práctica médica, por lo que ese ejercicio de una libertad fundamental no puede ser calificado de delito, ser objeto de persecución judicial y menos de prisión firme».
Además, la CGLPL recuerda que la mayoría de los extranjeros que son detenidos por no tener regularizada su situación en el Estado francés son objeto de «una retención punitiva», que puede alargarse hasta tres meses.
En vista de la situación sanitaria y de las «nulas perspectivas» de que el Estado francés pueda cumplir con lo que marca su propia ley, la entidad encargada del control de lugares de privación de libertad recomienda, una vez más, el cierre provisional de los centros de retención administrativa o, de no ser posible, «una drástica reducción de su actividad».