El TSJPV anula la planificación de Lakua que incluía reparto de alumnado vulnerable

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado «nulo de pleno derecho» el decreto con el que el Gobierno de Lakua planifica cuestiones como el número de alumnos por aula y el reparto de alumnados vulnerables entre los diferentes centros. Era uno de los aspectos principales de la Ley de Educación aprobada el pasado año.

La norma había sido recurrida por el sindicato Steilas y por Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE), que reúne a madres y padres de la escuela pública.

La decisión se fundamenta en una cuestión básicamente de forma. La Sala considera que concurre el «vicio de nulidad denunciado» por los demandantes «al haberse prescindido de una memoria justificativa», cuyo trámite es esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias.

Steilas y Ehige recurrieron el decreto que «iguala» la titularidad pública y privada de los colegios, lo que «contraviene» la legalidad.

Destacaron, además, que un informe jurídico del propio Gobierno de Lakua establece que tanto el decreto como el anteproyecto de la Ley de Educación «no se adecúan» a la legalidad al contener el concepto de «servicio público vasco de educación», lo que consideran un «subterfugio» para «equiparar» centros públicos y privados.

Las dos organizaciones que presentaron el recurso argumentaron, asimismo, que «se ha reducido» la participación de la comunidad educativa en el diseño del mapa escolar, lo que calificaron de «retroceso democrático» porque «impide» a los agentes «participar de forma activa en la elaboración de la oferta educativa».

El cambio de paradigma

Este cambio de paradigma se empezó a implantar en realidad antes de esta norma, en 2022, cuando el Departamento que entonces dirigía Jokin Bildarratz anunció un nuevo decreto con criterios de reparto de alumnado entre escuela pública y privada, en un contexto en que existían preocupantes datos de segregación.

Según se apuntó, todos los centros educativos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sufragados con fondos públicos, incluidos por tanto los concertados, deberían reservar plazas para el alumnado más vulnerable. Se empezó a aplicar desde el curso 2023-24.

Esta reserva de plazas se establece una vez recibidas las solicitudes durante el plazo de inscripción. La medida busca «una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad» entre todos los centros del Servicio Público Vasco de Educación, defendió el Departamento.

Según explicó Bildarratz en rueda de prensa junto a la entonces viceconsejera y ahora titular del departamento, Begoña Peddrosa, la reserva de plazas de los centros de cada área de influencia se fijó en función del Índice de Vulnerabilidad de la misma. Este Índice de Vulnerabilidad lo elabora el ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa), que trabaja en colaboración con un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para ello, los solicitantes deben cumplimentar durante la presentación de solicitudes (para aula de 2 años) un cuestionario que permitirá evaluar su situación socioeducativa y valorar si se encuentra en una posible situación de vulnerabilidad. El objetivo es que todos los centros se acerquen al índice de vulnerabilidad correspondiente a su área, a lo largo de tres cursos, mediante una mayor o menor reserva de plazas. «A ningún centro se le pedirá un esfuerzo mayor a 10 puntos en cada curso», precisó Bildarratz.

La oferta de plazas, en centros públicos y en concertados, se ajusta a las necesidades reales de escolarización, evitando tanto la sobreoferta como la infraoferta, argumentó el Departamento. Para ello, Educación determina el número de plazas escolares en cada centro.

El Departamento destaca que sigue en vigor

El Departamento de Educación ha respondido brevemente, afirmando que presentará recurso para defender «en todas las instancias» tanto «la idoneidad como la tramitación» del decreto.

«La citada sentencia no es firme, por lo que el decreto sigue en vigor –considera–. Mientras tanto, el Departamento de Educación trabaja en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación y en concreto, en un nuevo texto que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación».

La consejería liderada por Begoña Pedrosa añade que el decreto anulado «viene a dar cumplimiento al mandato del Parlamento expresado en el Pacto Educativo. Asimismo, muchas de las cuestiones que se recogen en él, anticipaban aspectos después recogidos en la Ley de Educación».

Por su parte, EH Bildu ha manifestado su preocupación por el efecto que puede crear la decisión sobre la inminente campaña de matriculación y ha pedido la comparecencia de la consejera Pedrosa para aclararlo. En opinón de Ikoitz Arrese, «la anulación del decreto, además de poner de manifiesto la mala gestión del Gobierno de Pradales, deja en una situación de incertidumbre a las familias, a los centros educativos y al propio sistema educativo. Los errores cometidos presuntamente por el Departamento de Educación en la tramitación de este decreto ponen en cuestión en estos momentos los criterios de matriculación de miles de alumnos y alumnas».

Su petición tiene carácter urgente porque «las familias necesitan certidumbre, máxime teniendo en cuenta que en pocos días se iniciará el proceso de matriculación para el curso 2025-2026». Arrese recuerda que el decreto anulado establece criterios como la concreción del mapa escolar, las áreas de influencia, la planificación de la oferta, los itinerarios académicos o la ratio máxima por unidad.