Colectivos rechazan las agresiones a trabajadoras sociales, pero defienden el acompañamiento
Varios colectivos sociales que asesoran a personas sin recursos han mostrado su «firme rechazo» a las agresiones, amenazas y presiones que han denunciado las trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Iruñea, pero han defendido «con la misma firmeza» la figura del acompañamiento.
La agresiones, amenazas y presiones que dificultan su labor y que recientemente denunciaron las trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Iruñea han sido rechazadas por diversos colectivos que asesoran a personas sin recursos, pero, «con la misma firmeza», han defendido la figura del acompañamiento.
Así lo han explicado en una comparecencia pública en la que Peio Lasa y Beatriz Villahizán han ejercido de portavoces de los colectivos sociales Apoyo Mutuo, Haritu, Salhaketa Nafarroa, Elkarte, Lantxotegi, Punto de Información para personas Migradas (PIM), Sindicato de Vivienda Socialista Iruñerria, Oxfam Intermon, Dar Etxea y Sos Racismo Nafarroa.
Ante la situación denunciada por las trabajadoras sociales de Iruñea, han señalado que les preocupa que «se desvíe el foco hacia el señalamiento de los acompañamientos y la labor de los colectivos y entidades sociales».
Han querido remarcar que «rechazamos firmemente cualquier agresión, amenaza o presión que se haya podido realizar a profesionales en el ejercicio de su labor». Y que «con la misma firmeza, defendemos el derecho de todas las personas a acudir a los Servicios Sociales acompañadas por personas de su confianza».
Villahizán y Lasa han añadido que «el respeto y el buen trato a estas personas como a las profesionales y voluntarias es fundamental. Y ante todo, ha de ponerse en el centro a las personas que acuden a los Servicios Sociales, que son la parte más débil y la razón de ser del sistema de protección social».
En este sentido, han indicado que «debemos defender el derecho a organizarse y protestar fuera de los cauces institucionales, tanto de las personas en situación de exclusión social, como de colectivos y entidades sociales. Además, defendemos que el derecho de protesta no está reñido con los derechos de las trabajadoras sociales. De hecho, debemos tender la mano a la preocupación de las mismas y seguiremos trabajando para que estos derechos no sean incompatibles«
Sin embargo, han agregado que «la forma en que estos derechos convivan no puede ser decidida e impuesta por las instituciones. Y en ningún caso pueden ser medidas centradas en la criminalización, la represión y la securitización».
Con todo, han puesto el acento en que «el problema de fondo ante el que nos encontramos es la violencia estructural, la situación de desamparo y vulneración de derechos que sufren un número creciente de personas en situación de calle».
Esa situación es la que estos colectivos consideran que «es la que tensiona a las personas usuarias, a profesionales y voluntarias. Y todas podemos cometer errores. Reconocerlo es un buen punto de partida para establecer un diálogo constructivo y superar las tensiones que se puedan producir».
Sobre la vulneración de derechos, han recordado que «decenas de personas vuelven a verse obligadas a vivir y dormir en la calle en condiciones inhumanas». Un fenómeno que Lasa ha comentado que va aumentando, ya que, según los datos que ha aportado, en 2020-22, entre 10 y 15 personas se encontraban en situación de calle, para pasar a 20-30 en 2023 y «cuadruplicarse» en 2024.
Programa «integral» para toda Nafarroa
En vista de que las cifras van aumentando y existe el riesgo de que «se cree un polvorín» al aumentar las tensiones, los citados colectivos han exigido al Gobierno de Nafarroa que «asuma su responsabilidad y garantice de inmediato el alojamiento y alimentación de todas las personas en situación de calle». Y que se ponga en marcha «un programa integral con implementación en todo el territorio que garantice los derechos mínimos de todas las personas», ya que, han asegurado, en estos momentos «no existen un plan».
Y al Ayuntamiento de Iruñea y a los consistorios del eskualde, les piden que «garanticen y hagan efectivos el empadronamiento y la cobertura a las personas sin hogar, con independencia del tiempo que lleven residiendo en Pamplona o en el municipio correspondiente».
Han concluido recalcando que «no podemos mirar a otro lado, ni evitar indignarnos, cuando el Gobierno de Navarra no es capaz de garantizar ni tan siquiera los derechos mínimos, dejando a decenas de personas en situaciones miserables».