La Generalitat celebra el «cambio de paradigma» de la financiación, que mantiene incógnitas
La Generalitat de Catalunya ha celebrado el acuerdo con el Gobierno español sobre financiación, ya que «abre un nuevo paradigma» que les permitirá recaudar impuestos. Sin embargo, permanecen incógnitas como cuándo comenzará a aplicarse.
La financiación singular cuyas bases han pactado este lunes el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya abre la puerta a modificar el modelo de financiación actual, vigente desde 2009, y permitirá en un futuro recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF. Otras comunidades podrían sumarse a esta posibilidad si lo consideran conveniente. Todo ello si el Gobierno español consigue los votos suficientes en el Congreso para sacarlo adelante.
Estas son algunas de las claves de la estructura del modelo acordado en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada este lunes en Barcelona, según la perspectiva de la Generalitat.
Cambio de paradigma: de recibir recursos a ingresarlos
La Generalitat resalta que la estructura de la nueva financiación que ha pactado este lunes con el Estado supone «un cambio de paradigma», puesto que la administración catalana pasaría de recibir recursos a ingresarlos.
De esta forma, aumentaría la corresponsabilidad fiscal de Catalunya, que asumiría un mayor papel en la recaudación. No se trata de una mera «actualización» del sistema, subrayan fuentes de Govern.
Un modelo «singular», pero «generalizable»
El nuevo modelo de financiación, cuyos detalles se definirían más adelante, deja en manos de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) la recaudación de todos los impuestos.
Se trataría de un modelo «singular», porque concede el protagonismo de la recaudación a la Generalitat, pero que a la vez sería «generalizable», pues podría exportarse a aquellas comunidades que lo deseen.
¿Cómo funcionaría el nuevo modelo?
El modelo previsto concede a la Generalitat, de entrada, toda la recaudación impositiva en Catalunya y prevé la transferencia de una parte de estos recursos al Estado, para «compensar los servicios que presta a la comunidad», en un sistema similar al que se emplea en las haciendas forales.
El resto de recursos se los quedaría Catalunya para financiar las competencias que también tienen otras comunidades; la administración catalana haría a continuación una aportación a la solidaridad común –no definida aún–, y finalmente el Estado transferirá de vuelta recursos a Catalunya para financiar competencias que no tienen el resto de autonomías, como prisiones o Mossos d'Esquadra.
Fin de los fondos actuales y de los anticipos
El diseño inicial de este modelo de financiación supone que desaparecerían los fondos del sistema actual, como los de compensación o de competitividad, que la Generalitat entiende que distorsionan el reparto de los recursos.
Una vez aplicado este sistema, teóricamente, desaparecerían los llamados anticipos a Catalunya en aplicación del modelo de financiación.
Un sistema por definir que contempla cesta de impuestos
El sistema se sustenta en la capacidad fiscal de los territorios y se basa en la definición de una cesta de impuestos, es decir, en un porcentaje de cada tributo que corresponderá a Catalunya: esta cesta resulta de la aportación catalana a los gastos del Estado y se calculará a partir de «criterios objetivos y comprobables».
A partir de esa cesta, se aplicaría una nivelación para contribuir solidariamente al bienestar de otros territorios. Finalmente, el modelo prevé una financiación adicional para las singularidades de Catalunya en materia de competencias específicas.
Un modelo sin fecha de aplicación por el momento
El Gobierno español y la Generalitat catalana han pactado por el momento solo las bases del modelo, un mero esquema de cómo funcionaría este teóricamente, que no tiene, por tanto, ahora plazos de aplicación.
Según el Govern, el Ejecutivo debería llevar una propuesta de nuevo modelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) y, en paralelo, deberían modificarse en el Congreso varias leyes estatales, como la de financiación de las comunidades autónomas o la de cesión de tributos.
Fuentes de Govern resaltan que hoy se ha dado «un primer paso» en la consecución de la financiación singular, pero insisten en que la aplicación final dependerá de que exista una mayoría parlamentaria en el Congreso.
La incógnita de cuántos recursos extra se obtendrán
Uno de los interrogantes que quedan por resolver es qué «porcentaje de solidaridad» tendrá Catalunya con el resto del Estado o bien qué participación tendrá cada administración en la cesta de impuestos.
La Generalitat, que espera que los detalles del nuevo modelo se acuerden antes de acabar el año, considera que para poder empezar a hablar de ello se deberá conocer antes cuántos recursos adicionales está dispuesto a aportar el Estado a las comunidades.
Las carencias de la ATC, la agencia catalana
A pesar de que el acuerdo entre PSC y ERC, ratificado este lunes por el Gobierno español y la Generalitat catalana, concede a la Agencia Tributaria de Catalunya el rol de recaudar todos los impuestos en Cataluña, el Govern asume las carencias de este ente.
La ATC cuenta con 839 personas, frente a las 3.800 que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) solo en Catalunya, por lo que fuentes de Govern dan por hecho que el aumento de las funciones de la ATC deberá ser paulatino a la fuerza.
La ATC «no está preparada» para asumir la gestión, recaudación, liquidación e inspección del IRPF en 2026, admiten desde el Govern, que asumen que Catalunya tampoco podrá asumir en solitario la campaña de la renta del año que viene.
La incógnita del período de transición
La falta de medios de la ATC para asumir la gestión de todos los impuestos también hace que resulte una incógnita cuánto podría tardar en lograr la Generalitat la recaudación plena de todos los impuestos, es decir, cuánto se alargará el período de transición entre el actual modelo y el nuevo al completo.
La Generalitat no ofrece calendarios, pero insiste en que es un proceso paulatino y que requerirá de años, más aún cuando no hay avances acerca de si el Govern podrá disponer de parte del personal de la AEAT en Catalunya para reforzar la ATC.
«Ahora gestionamos 5.000 millones con la ATC y el IRPF ya suponen solo unos 30.000 millones». Por ello, el Ejecutivo catalán ha encargado un informe a Indra sobre el plan director para la ATC que se dará a conocer en las próximas semanas para ver cómo reforzar lo más rápidamente posible esta agencia.
Decepción de Junts
El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha tachado de «muy decepcionante» el acuerdo porque «no hay un nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural», y no representa «ni un euro más» para la Generalitat.
Para Castellà, no hay nada en este acuerdo que lo «aproxime a un modelo de financiación singular», ya que trata únicamente de «gestión administrativa».
«El acuerdo contempla que la recaudación del IRPF que hacían hasta ahora funcionarios del Estado ahora lo podrán hacer funcionarios de la Generalitat. (...) El caso es que haremos el trabajo al Estado y Catalunya no tendrá ningún beneficio más», ha resumido Castellà.
Por este motivo, Junts considera que el acuerdo «solo es de gestión porque no hay ni un euro más. A la pregunta de cuánto recuperamos de los 22.000 millones de euros del déficit fiscal, la respuesta es que de momento cero, ni un euro más».
ERC: «El país pide más»
El portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, ha valorado el acuerdo es «un paso» y que «la música suena bien», aunque ha reprochado la falta de concreción y la «escenificación».
El pacto entre los gobiernos español y catalán sobre financiación presentado hoy contiene pocas concreciones sobre el principio de ordinalidad, que el Ejecutivo no contrae en el documento, y no establece que en 2026 la Generalitat asuma la gestión del IRPF, como recogía el pacto con ERC.
«Hemos conseguido que el PSC y el PSOE se muevan, que den pasos adelante, pero el país necesita más, mucho más. El país necesita menos escenificación y mucha más concreción», ha subrayado Albert en una rueda de prensa en la sede del partido, en la que ha acusado al Gobierno español de «avanzar arrastrando los pies».
PP: «No descartamos ninguna vía»
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que este partido actuará «si se aprueba el cupo secesionista», que ve un «pago» de Pedro Sánchez para «alargar la agonía». Dicho esto, y tras garantizar que la posición de su partido va a ser «contundente y clara», se ha comprometido a un nuevo modelo de financiación autonómica «pactado entre todos» y que «perdure en el tiempo» si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa.
«No descartamos ninguna de las vías que nos permite nuestro ordenamiento jurídico y nuestra capacidad política», ha declarado Sémper.
García-Page arremete contra el acuerdo
El acuerdo ha provocado asperezas en el seno del PSOE. Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido que «no nos tomen por tontos». «Parece mentira que la primera vez que habla en serio de financiación tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes», ha añadido.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido a García-Page señalado que «las decisiones que tienen que ver con la financiación autonómica conviven los elementos de multilateralidad y singularidad».