El Gobierno español acelera la ley de protección digital a menores pero peligra por PP y Junts

PSOE y Sumar ponen fin al plazo de enmiendas del proyecto que busca proteger a los menores frente a las plataformas virtuales pero las ambigüedades de la derecha española y catalana podrían bloquearlo. Control Z impulsa un pacto transversal. Irrupción de lobbistas de la industria.

En medio de una ciénaga de conflicto, cálculo y guerra política, aparece una proposición no partidista impulsada por activistas que mejoraría la calidad de vida de las familias. Sería ideal para exhibir ante la ciudadanía una foto en la que las diferentes formaciones se pueden poner de acuerdo pese al ruido, la crispación y el enfrentamiento. Pero no parecen opinar todos lo mismo...

El proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales busca hacerse un hueco en el agrietado debate público del Madrid DF de fin de año. La medida busca poner un dique de contención al libertinaje con el que se mueven las grandes plataformas digitales entre los niños y adolescentes, con las ya más que probadas consecuencias en su neurodesarrollo, su relación social y su salud mental (y también, según muchos, en su pensamiento político).

Por ahora, tras varios meses, los partidos que dominan la Mesa del Congreso (PSOE y Sumar) han decidido cerrar el plazo de enmiendas esta semana, tras lo cual se constituirá la ponencia y comenzarán los trabajos para elaborar el informe que será elevado a la comisión de Justicia para emitir dictamen. En el Gobierno apuntan a que en el último pleno del año, antes de las Navidades (la semana del 10 de diciembre) se pueda votar.

Sin embargo, el proyecto peligra por los silencios del PP y la ambigüedad de Junts. Al tratarse de una ley orgánica, requiere mayoría absoluta para su aprobación y la iniciativa no está incluida en la lista de cinco propuestas que el partido de Carles Puigdemont dejó claro que garantizaría su tramitación por ya haber dado su palabra. Con PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, Agueda Micó (Compromís), BNG, Podemos y el periférico Ábalos no alcanza.

Sin embargo, se trata de una ley que poco tiene que ver con el Gobierno y que es impulsada por asociaciones de padres, médicos y psicólogos alarmados por el deterioro de la salud mental y cognitiva de los menores. Miembros de la plataforma Control Z, liderados por la ex directora de la Agencia Nacional de Datos, Mar España, se han reunido en los últimos días con representantes del PSOE, Sumar, ERC y PNV.

Pero fuentes involucradas en las negociaciones han informado a NAIZ que Control Z (que aglutina a entidades médicas, psicológicas, de padres y medios de comunicación) todavía está esperando que PP y Junts respondan a los pedidos de encuentro, a pesar de que tampoco han explicitado su rechazo públicamente. En septiembre pasado, el PP había calificado de «aventurada, prematura e insuficiente» la propuesta gubernamental.

Preguntada sobre si la ley tendrá truncado su camino, Mar España ha respondido a NAIZ que cree que no: «Salvo Vox, que planteó una enmienda a la totalidad, creo que todos van a acompañarla porque esto afecta a todos, nacionalistas, constitucionalistas, izquierda y derecha. Ningún votante de ningún partido entendería que se vote en contra a cosas como que todos los dispositivos se vendan en España vengan con control parental instalado, como ya ocurre en Francia».

Control Z y otras asociaciones han presentado sus propuestas de enmiendas también a los legisladores. «Hay un tema brutal que nadie está incluyendo: para que la Comisión del Mercado de la Competencia pueda impulsar el etiquetado, hace falta que el Gobierno español haga la trasposición para que se le den las competencias. Tenemos que ir a un ecosistema en el que se fortalezcan las competencias de los organismos supervisores».

Mar España aboga por fortalecer las competencias de supervisión pero insta también a los fabricantes a que «no permitan una barra libre digital»

En ese sentido, España ha dicho que se han reunido también con los fabricantes de dispositivos para que ellos den el «paso adelante» y ofrezcan móviles específicos para menores de 16 «que no permitan una barra libre digital y que ya incluyan el control parental».

Sobre las enmiendas que Control Z ha sugerido, España recalca que las más importantes son sobre la inclusión de una «desescalada digital en la enseñanza en horario lectivo y en obligaciones de deberes, y en segundo lugar, matizar el artículo primero en el que la ley habla de derecho a la conexión digital efectiva sin poner límites. Deberían seguirse los criterios de las asociaciones médicas, que dicen ‘pantalla cero’ hasta los seis años, solo dos horas diarias en la adolescencia y nada de redes sociales hasta los dieciséis».

Fuentes parlamentarias han dejado trascender que algunos lobbistas de las grandes tecnológicas han aparecido por el Congreso y de hecho han tenido reuniones con algunos grupos parlamentarios. Incluso el día en que unos diputados se iban a reunir con una de las asociaciones de padres, inmediatamente antes habían tenido un encuentro privado con un enviado de Tik-Tok.

Uno de los elementos de discordia es el etiquetado: la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tables, ordenadores, TV y dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados de acceso a contenidos perjudiciales para el desarrollo mental y físico de los menores enfrenta la resistencia de las poderosas empresas del sector, que quisieran eliminar la obligatoriedad o rebajarla. Así lo ha hecho saber la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación (AEMETIC).

Algunos lobbistas de las grandes tecnológicas han aparecido por el Congreso y tenido reuniones con algunos grupos parlamentarios

Todo indica que los próximos días serán claves en el trámite parlamentario, no solo porque se acerca el receso invernal sino porque el 2026 será un año con elecciones autonómicas importantes, además de que unas generales anticipadas no se pueden descartar. Enfadar a las grandes plataformas que canalizan buena parte de la información política y social (muchas veces sin control ni verificación, cabe recordar) no resulta baladí para la élite política. El PP y Junts tienen la llave. NAIZ ha insistido en consultarles su posición y no emitieron respuesta.

Sin pantalla hasta los 16

Entre tanto, este miércoles Control Z ha desarrollado una nueva jornada interdisciplinaria con médicos, psicólogos y juristas para impulsar la nueva legislación y ha tenido esta vez como eje concienciar sobre la necesidad de evitar que los menores de 16 años tengan acceso a los smartphones y la importancia, ante la carencia de legislación, de los pactos de familias para impulsar esto en los colegios.

La doctora María Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Adolescente, ha alertado que la edad media de acceso al móvil es de 10,8 años de edad y que el 70% de los adolescentes participa en dos o más redes sociales y un 22% en al menos una. «La pantalla ha desplazado hábitos saludables como son el sueño, las relaciones sociales cara a cara y el ejercicio físico, y en la adolescencia está aumentando la obesidad, el sedentarismo, las autolesiones, la depresión y la ansiedad», recalca.

«Las grandes tecnológicas solo quieren que seamos consumidores y su objetivo es la venta del dato, por tanto desde el diseño y por defecto son adictivos [los dispositivos]. Los menores no necesitan servicios digitales, necesitan que les quieran y que les cuiden. Espero que cuando se entienda que hay que defender el derecho a la salud de la adolescencia ya no sea demasiado tarde», ha señalado.

Más problemas nuevos: el 14,2% de los agresores reconoce haber usado la IA con ese objetivo, mediante vídeos falsos o supresión de identidad

También estuvo el psicólogo Benjamín Ballesteros, portavoz de la fundación ANAR, que ha comentado que ya han asistido a 18.000 menores tras una criba que involucró 280.000 llamados y mensajes de chat. «El 56,4% de todos estos casos que necesitaron ayuda tenía un componente de tecnología y su mal uso estaba presente. Y el 14,2% de los agresores reconoce haber utilizado la IA para agredir a compañeros de escuela, con videos falsos o suplantación de identidad».

Por su parte, la fiscal Teresa Gisbert, de la Sala de Menores de la FGE, ha compartido varias cifras que retratan el alarmante avance que ha tenido el problema del libertinaje de los contenidos audiovisuales y ha recordado que la memoria anual que presenta la Fiscalía General viene año tras año mencionando esto: «Los menores acceden cada vez más temprano a contenidos totalmente inadecuados para su grado de madurez y no tienen medios de defensa porque ignoran esos peligros. Cada vez más chicos son víctimas de las redes sociales pero también cometen acciones que son constitutivas de delitos sin saberlo».

Gisbert ha dicho que el 25% de los adolescentes declara haber recibido acoso y que uno de cada tres con pareja dice haber sufrido chantaje. «Desde 2017 hay una subida año tras año, imparable, de los delitos contra la libertad sexual entre menores», añade. También ha hecho hincapié en los efectos de la pornografía: «El 54% de los adolescentes dice usar la pornografía para pensar ideas. Y el acceso temprano solo ha contribuido a que se desarrollen prácticas basadas en el dominio y la sumisión, queriendo trasladar el porno que ven a la realidad, con una constatada banalización de la intimidad».

Antes de concluir las ponencias, Mar España (moderadora habitual de estas jornadas de Control Z) ha anunciado que para visibilizar en los medios la preocupación creciente ante los casos vistos este jueves unos 200 médicos del Hospital La Paz (uno de los más grandes del Estado español) harán un cese de tareas durante un minuto de silencio y posarán delante de un cartel con el lema ‘Redes Sociales: NO hasta los 16 años’. Esperan que esta acción repercuta en otros centros de salud e impulse la concienciación.