Caracas corta el gas a Trinidad y Tobago por colaborar con EEUU

El Gobierno de Venezuela anunció que extingue «de manera inmediata» cualquier acuerdo, contrato o negociación para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago.

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, acusó al Gobierno de Trinidad y Tobago de participar en el «robo del petróleo venezolano», tras la incautación el pasado 10 de diciembre por parte de EEUU de un buque que navegaba con bandera falsa y que transportaba 19 millones de crudo venezolano, sustraído por Washington.

«Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio», insistió.

Concretamente, acusó a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de  convertir su territorio en «portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela», lo que describió como «vasallaje».

Ayer Puerto España elevó esta colaboración al anunciar que permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses por sus aeropuertos en las próximas semanas. 

Cuando Persad-Bissessar asumió el poder en mayo ya manifestó su intención de no profundizar las relaciones energéticas con Caracas. Más tarde permitió maniobras del Ejército estadounidense en su territorio y el pasado septiembre acordó con EEUU medidas conjuntas para garantizar que el gas natural que se produce en el Caribe «no beneficie significativamente» a Venezuela.

Ataque cibernético Pdvsa denunció ayer, además, que fue blanco de un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, lo que  se suma a la estrategia de EEUU de hacerse con el crudo venezolano «por vía de la fuerza y la piratería». Todo ello en medio del amenazante despliegue aeronaval que acumula el país norteamericano en el Caribe desde agosto y del anuncio de una intervención terrestre.

Sanciones

Por otra parte, el Ejecutivo de Venezuela rechazó la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la UE y que Bruselas prolongó ayer.

Los ministros de Exteriores de la UE prolongaron ayer por un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones contra Venezuela que mantiene desde noviembre de 2017 y que justifica como un «apoyo a una solución negociada y democrática», sosteniendo que «no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o a la economía»

Caracas insistió en que esta decisión es ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de la ONU.

«Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar», añadió.