Denuncian a la alcaldesa de Azkoitia «por vulnerar la Norma Foral de presupuestos»

La alcaldesa de Azkoitia ha sido denunciada ante la Diputación de Gipuzkoa y el Ararteko por un ciudadano vinculado a la localidad «por vulnerar la Norma Foral de Presupuestos». Considera que «el bloqueo de las cuentas para 2026 pone en riesgo las inversiones municipales y el bienestar ciudadano».

«Por vulnerar la Norma Foral de Presupuestos» ha sido denunciada la alcaldesa de Azkoitia ante la Diputación de Gipuzkoa y el Ararteko, que «ya ha incoado formalmente un expediente para investigar el bloqueo» de las cuentas de 2026, según ha señalado el denunciante a través de un comunicado.

Las denuncias han sido interpuestas por un ciudadano vinculado a la localidad y la primera de esas actuaciones se registró el pasado 26 de diciembre ante el Consistorio y el Ararteko, «a sabiendas de que el municipio iniciaría el año con una prórroga de los presupuestos de 2025 tras el anuncio público de la Alcaldía de que no convocaría el Pleno para la aprobación de las cuentas».

Tras consumarse dicho incumplimiento de la Norma Foral 21/2003 el 1 de enero, el denunciante procedió a registrar una nueva denuncia ante la Diputación de Gipuzkoa el 5 de enero.

Una decisión «deliberada»

El denunciante subraya que «este perjuicio al bienestar ciudadano no se debe a un error técnico, sino que es una decisión deliberada».

Al respecto, recuerda que el pasado 23 de diciembre, «a través de los canales oficiales del PNV, la formación de la alcaldesa publicó un comunicado bajo el titular: ‘Les hemos dado todo y aún han pedido más, eso es chantaje y no lo vamos a tolerar’». En dicho texto, la propia alcaldesa admitía su intención de no convocar el Pleno afirmando que «el presupuesto se prorrogará y ya se verá qué nos depara el año nuevo».

Para la persona que ha denunciado, esta afirmación «es una confesión de parte. En democracia, el presupuesto se debate y se vota en el Pleno. Calificar de ‘chantaje’ el ejercicio de la mayoría parlamentaria para justificar el incumplimiento de los plazos legales es un ejercicio de autoritarismo».

Añade que «la alcaldesa confunde su papel intencionadamente, ya que tiene la obligación legal exclusiva de convocatoria del Pleno. Por ello, ella no es quien decide si se prorroga el presupuesto. Su obligación legal es poner el presupuesto sobre la mesa para que sea votado. Al no convocar, está hurtando la soberanía al Pleno y vulnerando el procedimiento administrativo obligatorio. Esta actitud choca frontalmente con la Norma Foral 21/2003, cuyos plazos la alcaldía ha vulnerado por completo».

En este sentido, explica que se ha producido «una vulneración del Art. 14.4: El proyecto debía estar a disposición de la corporación como máximo el 15 de octubre. Según la información publicada en el propio canal oficial del Gipuzko Buru Batzarra (GBB), el Gobierno Municipal seguía presentando contrapropuestas y modificaciones en diciembre, lo que confirma que el plazo legal de octubre fue incumplido».

También se habría vulnerado «el Art. 15.2: El mandato imperativo de que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre, hito que la alcaldesa dejó expirar de forma deliberada al evitar la convocatoria del Pleno».

El intento de «culpabilizar a la mayoría democrática»

Añade que esta denuncia «critica el intento de la regidora de desviar la responsabilidad hacia la oposición. El pasado 23 de diciembre, también a través de los canales oficiales del PNV, la alcaldesa acusó públicamente a los grupos municipales de formar un ’bloque del NO que quiere paralizar Azkoitia’».

La persona denunciante considera que «resulta especialmente grave que la Alcaldía justifique este bloqueo institucional bajo un pretexto de ‘parálisis’. La realidad es que la oposición ya había manifestado públicamente y en la última Comisión Informativa su disposición a abstenerse, lo que garantizaba la aprobación inmediata de las cuentas. Por tanto, quien paraliza Azkoitia no es la oposición, sino la propia alcaldesa: al negarse a convocar el Pleno. Cabe recordar que el equipo de gobierno se encuentra en minoría».

Investigación abierta

Ante «la gravedad de estos hechos», el denunciante anuncia que «el Ararteko ya ha procedido a la apertura de un expediente de investigación para analizar este posible abuso de poder y la vulneración de los derechos de representación. Tras analizar la documentación enviada, la incoación del expediente por parte del Ararteko confirma que existen indicios de irregularidad suficientes para investigar el caso».

Además, la persona denunciante ha dirigido una denuncia al departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa, órgano encargado de vigilar que los ayuntamientos cumplan con la Norma Foral de Presupuestos. En dicho escrito, se solicita que «la Diputación, en el ejercicio de sus facultades de tutela sobre las entidades locales, exija al Ayuntamiento la subsanación inmediata de esta infracción y la tramitación del proyecto de presupuestos».

Asimismo, ha requerido que el Consistorio aporte los informes jurídicos pertinentes, ya que «la ciudadanía tiene derecho a saber si la Alcaldesa fue advertida previamente por los servicios técnicos del Ayuntamiento sobre el incumplimiento de la ley que suponía su decisión».