Luís Neves, del mito del «superpolicía» a la cuerda floja

Hasta hace pocos meses, Luís Neves era tan popular que casi nadie del espectro político portugués se metía con él. Antes de ser ministro de Interior, puesto al que accedió en febrero de este año, había sido un joven mando de la Policía Judicial que había encandilado al país con su aspecto serio pero sin uniformar y su retórica implacable contra el crimen organizado. Ahora se encuentra en el centro de una tormenta política y judicial que amenaza con dinamitar la estabilidad del Ejecutivo y precipitar su dimisión.

UNA VOCACIÓN TARDÍA, PERO FIRME

Nacido en Castelo Branco en 1965 y licenciado en Derecho, Neves ingresó en la Policía Judicial cuando tenía 30 años. Allí escaló posiciones hasta convertirse en el máximo responsable de la Dirección Central de Investigación del Combate a la Criminalidad Organizada y al Terrorismo (Dciacit). Su carrera no es ajena a la actualidad política vasca. Como jefe de la lucha «antiterrorista», coordinó las operaciones contra ETA. Destaca el descubrimiento de un piso franco en 2010 en Óbidos, al norte de Lisboa, en el que la organización armada vasca guardaba unos 1.500 kilos de explosivos.

Tras años al frente de operativos con gran repercusión en medios -contra grupos de neonazis, redes de narcotráfico, banqueros fugados y tramas corruptas-, Neves asumió en 2018 la dirección nacional de la PJ, puesto en el que triplicó el presupuesto de la institución y fortaleció su perfil mediático.

En febrero de 2026, el primer ministro conservador Luís Montenegro dio la sorpresa al nombrarle ministro de Interior. Neves se convirtió en el tercer titular de la cartera en menos de dos años de legislatura. Su perfil más profesional y sus primeras posiciones públicas -donde desvinculó de forma tajante la inmigración de la delincuencia, desmontando el discurso xenófobo de Chega, la ultraderecha portuguesa-, le granjearon una inicial simpatía incluso entre representantes de la oposición.

EL CAMIÓN EXTRAVIADO Y LA CAÍDA EN DESGRACIA

El detonante del escándalo estalló este verano al conocerse las irregularidades en la custodia de pruebas judiciales. En diciembre de 2024, la PJ incautó un tráiler con 62 bidones de productos químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas. La denominaron Operación Pacoba. A pesar de existir una orden judicial para su destrucción inmediata, el remolque acabó depositado, sin garantías de seguridad, en los terrenos privados de Construbarcelos, una empresa constructora propiedad de João dos Santos Carvalho, empresario amigo personal de Neves.

Las investigaciones periodísticas revelaron posteriormente que este mismo constructor había realizado obras sin licencia en la finca privada que Neves posee en el Alentejo, al mismo tiempo que la PJ adjudicaba a su empresa múltiples contratos por vía de urgencia y sin concurso público.

Aunque Neves se ha defendido calificando el traslado del remolque como un «acto de gestión extraordinaria» para ahorrar costes al Estado, la Fiscalía General portuguesa ha abierto diligencias. A su vez, la ministra de Justicia, Rita Alarcão Júdice, ha ordenado una auditoría interna y de la Inspección General a la gestión de Neves al frente de la PJ entre 2018 y 2026. La imagen de una ministra auditando al titular de Interior ha escenificado la fractura interna del Ejecutivo Montenegro.

LA OPOSICIÓN EXIGE RESPONSABILIDADES

La presión política sobre el Gobierno ha alcanzado niveles críticos en la Assembleia da República. A la izquierda, portavoces del Bloco de Esquerda señalan que es indefendible alegar «falta de presupuesto» para destruir material de narcotráfico mientras se adjudicaban contratos a dedo al entorno del propio director policial, calificando el episodio como un síntoma de opacidad intolerable en un Estado de derecho. Piden que intervenga el primer ministro; se entiende que para destituir a Neves. Incluso el Partido Socialista (PS), que al principio mantuvo una postura cautelosa amparándose en la presunción de inocencia, ha endurecido su posición. Tras conocerse la apertura de la auditoría interna, la dirección socialista declaró que la situación «ha superado el límite de lo admisible» y acusó a Montenegro de haber perdido el control político de su Gabinete, exigiendo que «ponga orden» de inmediato.

Desde la ultraderecha, el Chega ha pedido la dimisión del ministro Neves. Este, sin embargo, dice estar tranquilo. Cercado por la Justicia, desautorizado por su propia compañera de Gabinete y con la oposición exigiendo su salida, la figura de Neves resiste únicamente porque la gestión estival de los incendios forestales es ineludible. No obstante, una gran parte de la prensa portuguesa da por amortizado al «superpolicía» que entró en el Gobierno para dar imagen de seguridad y que en un tiempo récord lo ha desestabilizado del todo.