Mas, imputado por el 9N dos días después del triunfo independentista

El Tribunal de Justicia de Catalunya citó ayer a declarar como imputados a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau como responsables institucionales del 9N, en el que participaron 2,3 millones de personas. Los partidos soberanistas llamaron a seguir con el proceso como respuesta a la imputación, que llega dos días después del triunfo en el 27S.

El próximo 15 de octubre se conmemorará el 75 aniversario del fusilamiento del president de la Generalitat Lluís Companys, entregado por la Gestapo a la Justicia franquista. Ese mismo día, el ahora president en funciones de la Generalitat, Artur Mas, declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como imputado, acusado por la Fiscalía de un delito de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación. Delitos de los que le acusa por poner las urnas en las que 2.305.290 catalanes expresaron su deseo sobre el futuro de Catalunya en la consulta alternativa o proceso participativo del 9 de noviembre del año pasado. Dos días antes tendrán que declarar, también como imputadas, la consellera de Educació en funciones, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega.

En realidad, la noticia ya fue adelantada por el diario ‘La Razón’ la víspera de las elecciones, cuando explicó que la imputación se daría después de los comicios para no interferir en la campaña. Algo confirmado ayer por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que volvió a dar fe de la cuestionable separación de poderes en el Estado español al explicar que «lo que se ha tomado en consideración es no haber interferido en el proceso electoral y no haber llevado este tipo de actuación en las últimas semanas, donde seguramente sí que hubiese podido haber una cierta contaminación del proceso judicial y electoral». Las declaraciones posteriores del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que instó a «dejar trabajar a la justicia», perdieron así toda credibilidad, más si se recuerda el contexto en el que la Fiscalía presentó la querella ante el TSJC después del 9N. Desde Madrid instaron a la Fiscalía catalana a presentarla, algo a lo que se negó, debiendo finalmente interponer la querella directamente el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien semanas después entregó su dimisión a Rajoy.

La imputación de Mas llega apenas dos días después de la victoria independentista en las urnas y en plena pugna entre Junts pel Sí y la CUP a cuenta, precisamente, de la reelección de Mas como president. Está por ver cómo afecta la imputación al proceso pero, a priori, no hace sino añadir nuevas razones para seguir adelante con la hoja de ruta independentista, tal y como ayer coincidieron en señalar los partidos soberanistas. La imputación refuerza además la figura de Mas dentro del independentismo, ya que aporta munición a los que le defienden como único presidenciable.

También es cierto que el proceso judicial podría acabar con la inhabilitación de Mas, pero según apuntaron ayer diversos juristas, la imputación no da pie a medidas cautelares, por lo que la inhabilitación solo podría llegar en caso de condena. Algo que, de ocurrir, no tendría lugar hasta mediados de 2016, que es cuando, según apuntaron los mismos juristas, se produciría el juicio como muy pronto.

Rechazos en cadena

Aunque Mas no valoró ayer su imputación (lo hará hoy en una entrevista matutina en Catalunya Radio), tanto Rigau como Ortega se mostraron serenas y seguras de su inocencia. De hecho, la exvicepresidenta aseguró que «lo volvería a hacer».

La imputación provocó además incontables muestras de rechazo, así como de solidaridad hacia los afectados. Posicionamientos que llegaron, evidentemente, desde filas convergentes, pero también desde muchos otros frentes. El exdiputado de la CUP David Fernández fue de los primeros en criticar «un Estado neurótico, demofóbico, autoritario e inquisitorial», mientras que el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, apuntó que «la respuesta judicial a la voluntad popular es una nueva demostración de que necesitamos un estado independiente».

El rechazo a las imputaciones llegó también desde perfiles no independentistas como los de los líderes de ICV-EUiA y de Catalunya Sí que es Pot. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideró que la citación de Mas «demuestra, una vez más, el menosprecio de Rajoy por la democracia».