Diputación eleva de 20 a 144 los desprendimientos en la AP1

La actual Diputación de Gipuzkoa ha llevado al juez una pericial propia sobre la AP1 que intenta negar la existencia de trabajos falsos. Dice por ejemplo que no hubo 20 desprendimientos sino 144, lo que justificaría el enorme gasto en desplazamientos de tierra.

Las dos querellas que el anterior Gobierno foral de Gipuzkoa, de EH Bildu, interpuso en el Juzgado de Azpeitia por presuntas irregularidades en el seno de Bidegi –por un montante de 30 millones de euros–, fueron calificadas desde el principio por el PNV como «denuncias falsas», acusando incluso a EH Bildu de «matonismo político». En línea con ello, ahora el Ejecutivo foral del PNV-PSE ha presentado al juez un informe alternativo que niega cualquier irregularidad y achaca a sus antecesores una «manipulación intencionada, con el fin de alterar la realidad de forma fraudulenta».

Este informe fue encargado por el Gabinete de Markel Olano a un grupo de técnicos forales, entre ellos Jose Mari Sarasola Yurrita, antiguo cargo público del PNV, en concreto director de Carreteras, y en la actualidad Jefe de Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras. El de la anterior Diputación, por contra, lo elaboró una empresa independiente, salida de un spin-off de la UPV.

El documento ya ha sido trasladado al Juzgado de Azpeitia y ahora le corresponderá al juez estudiarlo. En caso de considerarlo pertinente, podría solicitar un tercer informe pericial propio, dado que las dos versiones son absolutamente divergentes, al menos a tenor de lo adelantado ayer en rueda de prensa y filtrado antes por la actual Diputación. Por dar un dato significativo, el actual peritaje dice que en el anterior se computaron 20 desprendimientos en las obras cuando en realidad fueron 144, lo que dispara los pagos por conceptos como desplazamiento de tierra y relleno posterior. Para la anterior Diputación, se abonaron a las constructores trabajos que no se realizaron y que son físicamente increíbles. Siguiendo con el ejemplo anterior, para que la cifra facturada encajase en un túnel se habría utilizado una columna de tierra de casi 2.000 metros de altura.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, respaldada ayer por otros responsables del departamento y Bidegi, dijo que el informe de los querellantes contiene «errores» en los cálculos y da por definitivas mediciones que no lo son. Añade además que no lo consideran casual, sino intencionado, por lo que el cruce de acusaciones no baja de tono, sino que sube.

Sobre lo que ocurrirá en adelante, la propia Larraitz Ugarte, anterior diputada de Movilidad e Infraestructuras viarias, baraja una hipótesis. En un artículo de opinión enviado a Naiz.eus –está disponible en la web–, considera que «la incógnita es si la Diputación seguirá adelante con las querellas para no tener que ofrecer incómodas explicaciones (…) o por el contrario, se basará en este informe para en un futuro no muy lejano solicitar el desistimiento de las dos causas abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia. Me atrevería a decir que si encuentran el modo de justificarlo ante la sociedad optarán por la segunda hipótesis. Harán lo que sea para recuperar su mermado prestigio como buenos gestores. Ahora bien, la realidad es terca».

La situación creada en ciertamente surrealista, porque la Diputación de Gipuzkoa se presenta a sí misma como acusación particular, pero en la práctica ejerce la defensa de los imputados en las querellas.