Un marco normativo para el tercer sector social de la CAV

El Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley del Tercer Sector Social. La norma sostiene que este espacio socioeconómico está formado por «aquellas organizaciones de iniciativa social cuya finalidad sea promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión».

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la Ley del Tercer Sector Social de la CAV. Una norma que, en opinión el consejero de Empleo y Políticas Sociales, establece «claramente» qué entidades forman este sector y define el papel de las mismas en el diseño y ejecución de las políticas sociales. «Con esta ley damos un paso importante en la consecución del tercer sector social que Euskadi necesita. Un tercer sector que tiene que ser diverso, que tiene que tener capacidad de promover alternativas transformadoras en la sociedad, que cuente con una base social amplia, que mantenga un vínculo fuerte entre las organizaciones y personas que las integran, que ofrezca empleo de calidad, que sea sostenible y autónomo, y que, además, esté bien articulado», señaló Ángel Toña en su intervención ante el Pleno de la Cámara.

La ley sostiene que el tercer sector social esta formado por «aquellas organizaciones de iniciativa social cuya finalidad principal sea promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia».

Detalla que las actuaciones de dichas organizaciones deben someterse a la participación social, al diálogo civil y a los principios de solidaridad y justicia. Y establece una serie de obligaciones para esas entidades, entre las que figuran la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas al personal contratado, fomentar la transparencia, apostar por la igualdad de género y realizar «un esfuerzo» para atender a los ciudadanos en el idioma oficial que elijan.

También pone deberes al Gobierno de Lakua, que tiene que crear un censo público de las organizaciones relacionadas con el tercer sector social y elaborar una estrategia de promoción de mismo. También tendrá que crear el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, que cada dos años confeccionará un informe sobre la situación y la evolución de esta parte de la «realidad social», tal como dicta la nueva ley. El Observatorio remitirá este informe, en el que se recogerán datos estadísticos, a la Mesa de Diálogo Civil y al Parlamento autonómico.

Cabe señalar que, según los datos recogidos en el “Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi”, publicado a finales de 2005, este espacio socioeconómico está formado en la CAV por cerca de 3.5000 organizaciones en activo, entre las que figuran ACNUR, DYA, Elkartu, Amnistía Internacional, Cáritas, la fundación Alboan, la asociación Clara Campoamor, Manos Unidas, Medicus Mundi, Cruz Roja, Hirukide, ONCE, Mugarik Gabe y Aspanafoha.

Se estima que estas entidades cuentan con unas 36.000 personas empleadas y canalizan la participación de más de 125.000 voluntarios. Cabe subrayar que, en el año 2013, este tipo entidades gestionaron un volumen económico de 1.451 millones de euros, equivalente al 2,2% del PIB de la CAV.

A favor y en contra

El presidente de Sareen Sarea, Gonzalo Rodríguez, saludó la aprobación de la ley, que contó con el apoyo de PNV, PSE, PP y UPyD. EH Bildu se abstuvo, ya que, a su parecer, la norma «se queda corta». «La ley no deja claro que ofrecer y garantizar la prestación de esos servicios es responsabilidad directa de la Administración, y lo que hace en cierta medida es derivar esa responsabilidad a las entidades del tercer sector y dejarla en sus manos, algo que consideramos grave cuando las privatizaciones son la práctica habitual», señaló Belén Arrondo, que insistió en la necesidad de asegurar una «financiación suficiente» a las entidades del tercer sector.

Desde el ámbito sindical, LAB afirmó que la Ley de Tercer Sector Social «no soluciona el actual desfase organizativo, y mucho menos frena el avance de la privatización de los servicios sociales». En este sentido, criticó que la nueva normativa «profundiza en el impulso neoliberal» y advirtió de que, «a la hora de garantizar unas condiciones laborales dignas al personal, se hace referencia a los convenios colectivos de referencia, que solo existen para una parte del tercer sector».