EH Bildu concreta acciones para pasar de discursos a hechos en pacificación

En la búsqueda de una «paz justa, estable y con garantías», EH Bildu presentó ayer un «plan de acción» para dejar atrás el tiempo en que cada cual se encastilla en sus discursos y hacer «que comiencen a pasar cosas». Son 68 acciones que se presentan como «carpetas abiertas» al debate y la aportación de personas, organismos e instituciones.

«Hemos pasado cinco años encastillados en nuestras certezas dialécticas. Nos hemos enfrentado verbalmente entre diferentes sensibilidades políticas. Nos hemos hecho reproches cruzados sobre responsabilidades en las vulneraciones de derechos humanos. Pero no ha pasado nada. Apenas hemos avanzado». De esta forma resumió el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga el tiempo discurrido desde el cese definitivo de acciones armadas de ETA hasta la actualidad. Así que EH Bildu dice haber entendido «que es el momento de pasar del confort de nuestras posiciones verbales a arriesgarnos a que comiencen a pasar cosas. En positivo. Constructivamente».

Arzuaga compareció ayer en Donostia junto a miembros de la coalición, como Arkaitz Rodriguez, Julen Mendoza, Kike Fernández de Pinedo, Jon Iñarritu, Marian Beitialarrangoitia y Unai Urruzuno, entre otros, para presentar un plan llamado “Bakerako Euskal Konponbidea”. Explicaron que «son 68 carpetas abiertas» a la espera de aportaciones de «personas, organismos e instituciones».

Abarcan propuestas en el ámbito de la memoria y reparación a todas las víctimas, desarme de ETA, resolución de la situación de las personas presas y exiliadas y desmilitarización del país, e incluye también un apartado final sobre un «futuro de convivencia democrática».

En opinión de EH Bildu, en los últimos años el avance en estos cuatro carriles «ha sido desigual». Se ha constatado un mayor desarrollo en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas –«avances necesarios, sin duda», acotan– pero no tanto en los otros. Y defienden que el progreso en todos los aspectos ha de ser equilibrado.

«68 acciones»

El plan de acción arranca por el apartado de «memoria histórica», donde propone desde la abolición de la Ley de Aministía del 77, que está dando cobertura a franquistas que cometieron delitos de lesa humanidad, hasta todo tipo de acciones penales, retirada de simbología franquista y recuperación de víctimas.

En cuanto a «memoria contemporánea», se recogen el reconocimiento y la verdad para todas las víctimas de conculcaciones de derechos humanos, tomando medidas para que las decisiones adoptadas en Euskal Herria se hagan respetar. Y se propone analizar el impacto que ha tenido la persecución judicial de determinadas personas señaladas como «enemigos» y los indultos y medidas de gracia para otros victimarios.

EH Bildu aboga por la implicación de las instituciones vascas, ámbitos internacionales y agentes sociales en la consecución de un «desarme de ETA ordenado, verificable y definitivo».

En relación a la política penal y penitenciaria, EH Bildu concreta diecisiete medidas que incluyen una graduación de acciones, desde la búsqueda del respeto de los derechos dentro de la cárcel hasta la salida en libertad de los prisioneros.

La propuesta aborda no solo la salida de las FSE, sino un debate sobre cómo deben garantizar la libertad y seguridad de la ciudadanía vasca la Ertzaintza y la Policía Foral.

El plan de acción se cierra con el impulso de un “Acuerdo de Convivencia Democrática” para que «todas las aspiraciones sociales y políticas se puedan desarrollar sin coerciones, imposiciones ni amenazas al recurso de la violencia de ningún tipo».

Algunas de las 68 medidas:

PASADO CON MEMORIA

Memoria histórica:

- Abolición de la Ley 46/1977, de Amnistía por sus efectos de impunidad de perpetradores de delitos de lesa humanidad. - Promulgación de una Ley vasca de memoria histórica que incluya Comisión de la Verdad y desarrollo de la Ley foral 33/2013, de Reconocimiento y Reparación moral de la Ciudadanas y Ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del Golpe Militar de 1936. - Recuperación de víctimas: impulso de exhumaciones, completar y actualizar mapa de fosas, creación de banco de ADN, mejora de protocolos de judicialización... - Inclusión de la memoria histórica en el currículum.

Memoria actual:

- Impulso de una legislación inclusiva e integral de reconocimiento y reparación de víctimas, en especial de las que todavía no tienen esa condición. - Promoción de mayorías que planteen mecanismos de blindaje ante vetos, intromisiones o recursos contra decisiones de las instituciones vascas. - Puesta en marcha de acciones que actúen en contra de aquellas decisiones gubernamentales o judiciales que denieguen derechos de reparación. - Análisis del impacto de la implicación del Poder Judicial en la aplicación del denominado doctrinalmente «Derecho Penal del Enemigo». - Estudio público sobre la aplicación del indulto a perpetradores de violaciones de derechos humanos. - Creación de una base de datos integral de vulneraciones de DDHH «Izen guztiak». - Reforma y despenalización de delitos vinculados a la humillación de las víctimas o enaltecimiento, conjugando el principio de libertad de expresión y ofreciendo amparo a cualquier víctima de agresiones a su dignidad u honor. - Creación de un Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos en Nafarroa, así como redirección del Instituto Gogora como ventanilla permanente. - Remoción de obstáculos para acceso a la verdad: modificación de leyes de secretos oficiales, desclasificación de documentos… - Crear un fondo de documentación abierto a investigadores y a la ciudadanía.

PRESENTE EN PAZ

Desarme de ETA

- Apoyo institucional para la consecución un escenario de desarme de ETA ordenado, verificable y definitivo. - Impulsar y preservar la actuación de personas expertas que hayan participado en dinámicas de resolución de conflictos similares y trabajos de facilitación internacional. - Labrar consensos para dar la máxima cobertura legal así como legitimidad política, institucional y social al proceso de desarme. - Trabajar para que obstáculos o sabotajes no malogren el objetivo del desarme.

Política penal y penitenciaria

- Aprender e incorporar la experiencia de otros procesos en el impulso de iniciativas a nivel local e internacional que, desde una perspectiva de justicia transicional, conduzcan a una situación en la que no haya ninguna ciudadana ni ciudadano vasco privado de libertad o que se haya visto en la obligación de fijar la residencia fuera del país por razones políticas. - Abandonar el esquema del «Derecho Penal del Enemigo». - Promoción de una solución humanitaria a presos con enfermedades graves o incurables, así como aquellos que tienen más de 70 años. - Intervención política inmediata para el final de la política penitenciaria de alejamiento y dispersión, foco de vulneración de DDHH de familiares. - Trabajo por el fin de política de aislamiento sistemático y de la dispersión interna en módulos. - Exigir el respeto del derecho a las comunicaciones. - Siendo que el 90% de los presos vascos se encuentran en 1er grado dándose una restricción de sus condiciones de vida que impide además el acceso a permisos, es preciso oponerse las restricciones arbitrarias de la progresión de grado. - Iniciativas para desactivar las políticas de excepción concretas: - Abolición de la ley 7/2003, que además de restringir abusivamente los derechos de acceso a la libertad de presos vascos es una ley desfavorable de aplicación retroactiva. - Modificación de la legislación que posibilita la cadena perpetua. - Modificaciones legales que posibiliten el traslado de las competencias para conocer los recursos sobre clasificación y libertad condicional a la audiencias provinciales. - Reasunción en términos de legalidad ordinaria de las competencias de Vigilancia Penitenciaria para los juzgados naturales. - Actuaciones institucionales de apoyo a las iniciativas jurídicas para la revisión de pena según el Código Penal más favorable. – Aplicación favorable al preso del cómputo de las sentencias ya cumplidas en el Estado francés [Directiva Europea Decisión Marco 675/2008/J. - Reclamación de la transferencia de la competencia penitenciaria para la CAV y Nafarroa, junto a un debate sobre cómo se debería aplicar esta competencia desde el punto de vista de la justicia transicional. - Se favorecerá el acceso a recursos económicos, de capacitación, de acceso a vivienda que les correspondan. - Se facilitará el retorno de personas exiliadas y deportadas, con especial atención a quienes tienen una situación de emergencia humanitaria. - Se impulsarán iniciativas para la desaparición de la Audiencia Nacional y vuelta a la normalidad con la competencia judicial ordinaria de tribunales vascos.

Desmilitarización

- Retirada de las FSE y asunción por parte de los cuerpos de policía vascos de las tareas de protección y servicio a la ciudadanía. Diseño de Plan de desmilitarización para la retirada escalonada que, a su vez, se harán operativos en las Juntas de Seguridad. - Impulsar un debate sobre modelo policial vasco. - Dentro de las fuerzas de policía vascas se crearán mecanismos independientes y eficaces para la salvaguarda de los derechos humanos. - Nuevo marco global de vigencia de todos los derechos y libertades en el espacio público, rechazando legislaciones restrictivas, haciendo hincapié en la derogación de la Ley Mordaza.

FUTURO DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

- Impulsar un “Acuerdo de Convivencia Democrática” por el que toda aspiración social y política se pueda desarrollar sin coerciones, imposiciones ni amenazas de recursos a la violencia de ningún tipo. - Redacción e implementación de Plan de Educación en la Paz y Derechos Humanos. - Toma de acción contra legislaciones restrictivas de libertades, tales como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada, las reformas operadas últimamente en el Código Penal o la actuación de delegados del Gobierno español. - Debate amplio para afrontar la implementación de un sistema penitenciario cimentado en nuestra realidad, con un esquema alternativo de cumplimiento de penas,. - Desarrollo de una Administración vasca de Justicia despolitizada, moderna, efectiva, euskaldun, que juzgue y ejecute por medio de tribunales radicados en una planta judicial territorial en la CAV y Nafarroa.