El nuevo decreto antiinmigración de Trump se enfrenta a los tribunales

Tres jueces federales examinaban ayer el decreto sobre inmigrantes y refugiados del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha corregido mínimamente la primera versión que bloquearon los tribunales. El Gobierno preparaba ya la defensa de la orden presidencial.

El nuevo decreto del presidente Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes debía entrar en vigor hoy, pero ayer fue sometido a la Justicia en audiencias previstas en cortes federales de Maryland, Washington y Hawai.

El primer decreto que firmó Trump el pasado 27 de enero fue bloqueado por la Justicia del estado de Washington, lo que ratificó luego una corte de apelaciones. El nuevo decreto –firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace nueve días– cierra las fronteras a los refugiados por 120 días y congela la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días. Irak, que había sido incluido en la lista del primer decreto, fue excluido de la versión revisada.

Trump confía en que las correcciones hagan prácticamente imposible que una corte decida suspender sus efectos, pero para el fiscal general de California, Xavier Becerra, «no ha cambiado su naturaleza inconstitucional ni sus efectos».

En el caso de Maryland, el Gobierno se enfrenta a la demanda de grupos de defensa de libertades y de los refugiados.

El estado de Washington sometió el caso ante James Robart, un juez federal de Seattle que ya tuvo un papel esencial en el bloqueo del primer decreto presidencial, lo que le hizo objeto de la ira del presidente, que se refirió a él como «pseudojuez».

En Hawai, la Fiscalía presentó un alegato formal ante un juez federal, que convocó a una audiencia urgente. Un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.

En contrapartida, la legión de abogados del Departamento de Justicia está lista para recorrer tribunales en defensa de la decisión presidencial. Así, envió una carta al juez de Hawai con el argumento central que el Gobierno utilizará en los tribunales, en el que insiste en argumentar «el ejercicio válido de la autoridad presidencial, conforme a la ley».

Declaración de impuestos

Además de los litigios con los tribunales, Trump debió hacer frente ayer a la divulgación parcial de los impuestos que pagó en 2005. La filtración añade presión para que publique la totalidad de sus declaraciones fiscales, algo que se ha negado a hacer hasta ahora.

El periodista David Cay Johnston obtuvo parte de la declaración de 2005 del magnate y la divulgó en un programa de la cadena MSNBC. Al saberlo, la Casa Blanca se adelantó y reveló que Trump pagó 38 millones de dólares en impuestos sobre unos ingresos superiores a los 150 millones, lo que equivale a una tasa del 25%.

Trump volvió a hablar de «noticias falsas», pero la propia Casa Blanca confirmó los datos de la declaración filtrada, y los partidarios del presidente la utilizaron para defender el éxito del magnate y que tratara de «no pagar más impuestos que los legalmente requeridos».