Torrent pone fecha al intento de investidura de Sànchez: lunes 12

Sànchez pidió ayer al juez Pablo Llarena el permiso para asistir al pleno y defender su candidatura, tras lo cual, en caso de negativa, acudirá al TC y al Tribunal de Estrasburgo. Todo un proceso que podría dilatar aún más este segundo intento de celebrar un pleno de investidura. El TS no es el único obstáculo de Sànchez: la CUP le niega el apoyo.

Se suele atribuir al escritor y periodista Josep Pla la descripción de Catalunya como la región más occidental de Italia. No hay más que observar esta doble página para calibrar lo acertado de la frase. Barcelona siempre ha sido una capital más mediterránea que ibérica, y los catalanes siempre han buscado en el mar común el reconocimiento que se le negaba en las estepas peninsulares. La amistad entre Jordi Pujol y Giulio Andreotti como botón de muestra. Ambos países son reflejo estos días, en grado diverso y con matices propios, de la crisis de gobernanza que lleva a las élites occidentales por el camino de la amargura. Con razón.

En la carpeta catalana, ayer el president del Parlament, Roger Torrent, puso fecha a un nuevo intento para desbloquear la situación, elegir un president, arrancar la legislatura y, a la espera de la República, recuperar al menos los maltrechos instrumentos de autogobierno secuestrados por el 155. Tras la abortada sesión de investidura de Carles Puigdemont del 27 de enero, Torrent convocó ayer a los diputados a reunirse en sesión plenaria para debatir y votar el nombramiento del expresidente de la ANC Jordi Sànchez como president.

Pero dadas las dificultades que tiene delante Sànchez, puede anticiparse ya que el bloqueo se prolongará más allá del lunes que viene. A este paso, quizá la imposible Italia consiga tener antes gobierno. Sànchez reclamó ayer al juez del Supremo Pablo Llarena su puesta en libertad para asistir al pleno y defender su candidatura, alegando que sería un contrasentido permitirle mantener su acta de diputado pero prohibirle poder ser candidato a la presidencia de la Generalitat. De forma paralela, el Parlament también estudia pedir al magistrado un permiso para Sànchez. La prisión preventiva no afecta, al menos sobre el papel, a los derechos políticos de quien todavía no ha sido ni juzgado ni procesado, por lo que Llarena podría incurrir en un delito de prevaricación si lo hace, según han advertido constitucionalistas como Javier Pérez Royo.

Pero si hacemos caso a los portavoces mediáticos de los aparatos estatales, el Supremo se decanta por no otorgar el permiso, lo cual iniciará una serie de recursos que podrían alargar la investidura. Desde JxCat tienen a punto una querella contra Llarena, a la que seguirían recursos de amparo ante el TC y, de ser necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es difícil pensar que mientras esta vía este abierta el independentismo pase a buscar un tercer candidato alternativo –aunque las quinielas están ya a la orden del día, empezando por Jordi Turull y siguiendo por Elsa Artadi–.

El TC ya no tiene prisa

De forma paralela, ayer se reunió también el pleno del Tribunal Constitucional, que tiene encima de la mesa el recurso que el Gobierno español presentó preventivamente contra la investidura de Carles Puigdemont. Y lo seguirá estando, porque el TC pospuso de nuevo una decisión que podría comportar varios votos particulares en contra. Al ver que las inéditas medidas cautelares dictadas han servido para apartar a Puigdemont, el Constitucional confía, simplemente, en no tener que pronunciarse.

La CUP reitera sus reservas y Òmnium riñe a los partidos

El Supremo no es el único obstáculo que separa a Jordi Sànchez de la Generalitat. La negativa de JxCat y de ERC a permitir el voto telemático de los dos diputados en el exilio –Carles Puigdemont y Toni Comín–, convierten en indispensable el apoyo de al menos un diputado de la CUP, y la formación independentista sigue viendo muy complicado llegar a un acuerdo.

Ayer la diputada Maria Sirvent tildó de «imprudente» el pleno de investidura, ya que ve difícil cerrar un acuerdo con JxCat y ERC antes del lunes. Para ello, exigen un programa de Govern que incluya una «desobediencia masiva contra los poderes del Estado». De momento, la posición de la CUP sigue siendo la decidida el pasado sábado en su Consell Polític: una abstención que condenaría al fracaso la candidatura del expresidente de la ANC.

En las entidades soberanistas, precisamente, está aumentando el tono de la crítica a los partidos, incapaces de encontrar una vía que ponga fin al bloqueo posterior a las elecciones del 21D. La ANC prepara ya una manifestación para el domingo, mientras que el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, pegó ayer el toque de atención: «Ya basta de señalar traidores o cobardes. Recuperar las instituciones es urgente. Hagámoslo ya. Pero de nada nos servirá si no hay una nueva estrategia compartida hacia la República que, con el indispensable análisis crítico de la realidad, nos permita avanzar con amplias mayorías».B.Z.