Torrent suspende el pleno tras el cuarto veto del TS a la investidura

Llarena volvió a ejercer de Llarena y Torrent, de Torrent. El juez se basó en hipótesis para denegar el permiso a Sànchez, mientras que el segundo anunció una querella por prevaricación contra el magistrado. La investidura de Puigdemont, de nuevo, encima de la mesa.

Ignorando la demanda del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvió a ejercer ayer de tutor de la política catalana al impedir a Jordi Sànchez la posibilidad de ser investido, a lo que siguió la también previsible decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de suspender el pleno previsto para hoy. Al mismo tiempo, el TS rechazó también aceptar la querella colectiva presentada contra la jueza Carmen Lamela, mientras la Guardia Civil registraba las oficinas del Diplocat, el organismo catalán de diplomacia pública eliminado a través del 155, en busca de pruebas sobre la financiación del 1-O.

Un día normal y corriente en la Catalunya de hoy, donde el punto de cordura lo puso –acéptese la contradicción– el magistrado de la Audiencia Nacional española Diego de Egea, que retiró los cargos de rebelión y terrorismo a la detenida el martes en el marco de la operación contra los Comités de Defensa de la República (CDR). Tras dos días detenida en manos de la Guardia Civil, Tamara Carrasco fue puesta ayer en libertad sin fianza, acusada únicamente de desórdenes públicos.

Al margen de esta nota, no hubo cambios en una jornada marcada de nuevo por el marcaje judicial a la política catalana. Nadie pudo hacerse el sorprendido por la decisión de Llarena de negar a Sànchez tanto el permiso para acudir al Parlament como a participar en el pleno a través de videoconferencia, aunque la interlocutoria con la que el magistrado trató de justificar su decisión volvió a dar nuevas dosis de inventiva judicial. Así, Llarena se basó en la hipótesis de que un futuro Govern presidido por Sànchez podría volver a optar por objetivos contrarios a la constitución. Un veto preventivo, por tanto.

Tampoco sorprendió la decisión de Torrent de suspender el pleno de investidura de hoy debido a la «vulneración de derechos del Tribunal Supremo». La cita parlamentaria fue sustituida por la convocatoria de una reunión de la Mesa en la que se abordará, probablemente, la opción de presentar una querella por prevaricación contra el juez Llarena en nombre de la Cámara catalana.

Puigdemont y el 22 de mayo

Las reacciones de los partidos independentistas anticiparon ayer el nuevo bucle en el que, si no hay sorpresas, volverá a zozobrar la actualidad catalana en los próximos días. Eso sí, ahora lo hará con el reloj en marcha: si no hay investidura antes del próximo 22 de mayo, se convocarán elecciones. Quedan poco más de cinco semanas.

JxCat y ERC tenían acordado poner un nuevo nombre encima de la mesa antes de Sant Jordi –23 de abril–, pero la puesta en libertad de Puigdemont en Alemania ha vuelto a alterar los planes, poniendo encima de la mesa de nuevo la investidura del president exiliado, una apuesta de la cual la CUP no se ha movido –ayer insistió en ella– y a la cual ha vuelto Junts per Catalunya, que ayer recordó que en el Parlament sigue en trámite la reforma de la Ley de Presidencia con el objetivo reglar y posibilitar la investidura telemática de un candidato no presente en el Parlament.

Se trata de una reforma clave que posibilitaría la investidura de Puigdemont sin forzar el reglamento, pero la bancada unionista ya ha anunciado que la recurriría, por lo que cabe ser escéptico sobre su recorrido. Sin dicha reforma, Torrent se expondría a una querella en su contra si decide dar curso a la investidura de Puigdemont, y nada indica que esté por la labor. Tampoco lo está su partido, ERC, que ayer no valoró la posible candidatura de Puigdemont, volviendo a reclamar una investidura «efectiva» y una rápida formación de Govern.

Así, a la espera de novedades desde el fructífero frente internacional, la política catalana vuelve a sumirse en un impasse al que no se ve fácil salida. Sin investidura de Puigdemont y como medida de presión, desde JxCat se juega con la idea de no presentar a ningún otro candidato, visto que ya han presentado, inútilmente, a tres presidenciables. Algo que visto lo visto, acerca la perspectiva de unas elecciones hoy todavía lejanas.

La justicia escocesa aplaza hasta agosto la decisión sobre Clara Ponsatí

La exconsellera de Educación Clara Ponsatí, que hace frente a la euroorden española desde Escocia, acudió ayer ante el tribunal de Edimburgo que debe decidir sobre su posible entrega. Una decisión que no llegará antes del mes de agosto, dilatando al máximo los plazos de la extradición.

Dada la complejidad del caso, el tribunal decidió pedir más tiempo, fijando las dos próximas vistas preliminares para los próximos 15 de mayo y 5 de julio. No será hasta el 30 de julio cuando el tribunal valorará la euroorden, cuya decisión llegará en los siguientes días.

Por su parte, los tres exiliados en Bruselas (Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) declararán ante el juez belga el próximo miércoles. GARA