Alertan de que la norma «blanquea los abusos» y agrava los desahucios

Stop Desahucios Euskadi denunció que la nueva norma estatal, aprobada en comisión el día 11 y ratificada ayer en el Congreso, «blanquea los abusos de los bancos, agrava el problema de los desahucios, y es contraria a la jurisprudencia europea». «La retroactividad del nuevo vencimiento anticipado es un apoyo descarado a la banca», destacó.

Stop Desahucios Euskadi se concentró frente al Parlamento de Gasteiz para mostrar su rechazo a la nueva Ley Hipotecaria, aprobada en comisión el pasado día 11 y ratificada ayer mismo en el pleno del Congreso español. «PNV y PSE van a votar hoy junto a PP, Ciudadanos y PDeCAT una reforma hipotecaria que afectará negativamente a millones de familias hipotecadas», señaló la plataforma en un comunicado entregado a los medios, en el que advertía de que esta ley «blanquea los abusos de los bancos, agrava el problema de los desahucios y es contraria a la jurisprudencia europea».

«Esta ley recoge condiciones hipotecarias que han sido declaradas abusivas por los tribunales, pero deja fuera muchas otras, como el interés IRPH, que afectan a millones de personas. Es una ley que no recoge la dación en pago como un derecho, no limita la responsabilidad al bien hipotecado, y la única retroactividad que recoge es la del vencimiento anticipado, justamente la que beneficia a los bancos», apuntó Stop Desahucios, que insistió en que la citada cláusula, «que permite al banco romper el contrato y reclamar todo el préstamo, está presente en la práctica totalidad de los contratos hipotecarios y fue declarada abusiva por los tribunales hace tres años».

Así, si un banco activa el vencimiento anticipado a día de hoy «les archivan el procedimiento o lo suspenden. Y es ahora, precisamente, cuando el poder legislativo, como ocurrió con el escándalo del Supremo en las cláusulas suelo y el impuesto hipotecario, acude en ayuda de la banca, blanqueando la cláusula de vencimiento anticipado en casi seis millones de hipotecas, y amparando que continúen su estafa por otros medios». «Es escandaloso, no cabe otra calificación», añadió la plataforma, que recordó que la banca «se ha beneficiado durante años de la utilización masiva de las cláusulas abusivas, lo que ha llevado a la ruina y a la exclusión social a miles de familias».

«Y ahora, cuando los juzgados están diciendo que estas cláusulas deben tenerse por no puestas, se cambian las reglas de juego para que la banca no pague por su fraude y pueda, por otro camino, seguir haciendo lo mismo», censuró antes de alertar de que «con esta ley, miles de familias hipotecadas podrán ser desahuciadas por aplicación de la norma legal que regula el nuevo vencimiento anticipado, sacando así a los consumidores de la protección de la Directiva 93/13, sustituyendo a los jueces en la valoración de abusividad, y legitimando y blanqueando una cláusula abusiva».

Rechazo de EH Bildu

Mientras tanto, en Madrid, durante el debate en el Congreso, la diputada Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) lamentó que se haya perdido «una nueva oportunidad de legislar en defensa de las personas consumidoras». «Esta ley legaliza las cláusulas abusivas y abre la puerta a nuevos desahucios», señaló la representante soberanista.

La norma, que ahora deberá ser sometida a votación en el Senado, incluye una disposición adicional para que la nueva cláusula de vencimiento anticipado no afecte a los embargos actualmente suspendidos y pendientes de resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque no recoge la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para colectivos vulnerables.

Además, en base a la nueva ley, las entidades financieras deberán examinar la solvencia del hipotecado con más profundidad antes de conceder el crédito. El texto establece que la dación en pago será voluntaria si así lo establecen las partes, pese a que no se contempla la obligación de garantizar la responsabilidad patrimonial al bien hipotecado. Asimismo, fija en doce cuotas impagadas en la primera mitad de vida del préstamo el límite para poder llevar a cabo una ejecución hipotecaria.