LA EXCEPCIONALIDAD QUE NO CESA

DIEZ AñOS DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE AIETE, SE SIGUE MANTENIENDO LA POLÍTICA PENITENCIARIA DE EXCEPCIÓN A LOS PRESOS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA. ASÍ LO CONSTATARON DESDE DISTINTAS ÓPTICAS AMAIA IZKO, RAFAEL SAINZ DE ROZAS Y LIBERTAD FRANCÉS EN UNA MESA REDONDA EN IRUñEA ORGANIZADA POR EL FORO SOCIAL.

La abogada Amaia Izko; el director general de Justicia del Gobierno navarro, Rafael Sainz de Rozas; y la letrada de Salhaketa Nafarroa, Libertad Francés, reflexionaron sobre el mantenimiento de la política penitenciaria de excepción a los presos vascos en una mesa redonda organizada por el Foro Social.

Previamente, Juanje Soria, del Foro Social, recordó los datos recogidos en el monográfico elaborado por este organismo, que constata que se niegan de manera casi sistemática las solicitudes de permisos y progresión de grados. La cárcel de Iruñea es una de las más inmovilistas en este ámbito, definiéndola como «contenedor de presos y una vía sin salida». No ha emitido informes favorables, una circunstancia que no se da en otros prisiones como las de Martutene o Zaballa ni tampoco en las de Burgos y Logroño, gestionadas por Madrid.

Izko recordó que la modificación legislativa de 2003 estableció más requisitos para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional. Concretamente, se reclama colaboración con las autoridades y arrepentimiento. «No están para nada ligados a la evolución en la prisión», señaló, destacando que son más cuestiones de corte político, ético o moral que jurídicos. Estos requisitos, de hecho, chocan con lo que formalmente son los principios del cumplimiento de las penas según la legislación española, la reinserción y el tratamiento individualizado penitenciario.

En este sentido, Izko señaló que esta excepcionalidad que adoptó el Estado español responde a unas circunstancias concretas y que, tras la desaparición de ETA, «tiene como único objetivo impedir el avance de estas personas en el tratamiento penitenciaria».

Junto a ello, explicó que no solo se aplica una política de excepción, sino que se hace de una manera expansiva en cuanto a la aplicación, ya que se están exigiendo requisitos de colaboración que la ley no prevé. Al mismo tiempo, se está aplicando una interpretación restrictiva «de la manera más cerrada y reaccionaria» por parte del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a impulso de la Fiscalía.

Como ejemplo citó que se están exigiendo peticiones de perdón a las víctimas incluso en delitos en los que no hay víctimas.

De este modo, se bloquea el acceso a permisos. Y como se bloquea el acceso a permisos, no se puede acceder al tercer grado. Como consecuencia, tampoco se puede llegar a la libertad condicional.

Rozas: «No se ha avanzado»

Sainz de Rozas señaló que, tras la desaparición de ETA, no se ha avanzado lo que se esperaba para superar la excepcionalidad. Destacó que la idea de convivencia desde valores compartidos se debe basar, tras el fin de la violencia armada, en asumir las consecuencias, el reconocimiento del daño a las víctimas y la asunción de las reglas de la democracia. «Todo ello solo tiene sentido en una sociedad democrática», destacó.

Sin embargo, la realidad muestra una situación en la que prima el derecho penal del enemigo, en el que las garantías están reservadas para la ciudadanía. El otro es el enemigo. En este contexto, se produce el bloqueo sistemático de los permisos y la progresión de grados y el endurecimiento de los requisitos.

Así, pese a que la base debería ser el estudio de las circunstancias individuales, se produce una denegación de solicitudes de permisos y de progresión de grado de manera colectiva.

Entre las razones, Sainz de Rozas mencionó la extensión del populismo punitivo, que se prime la delación con el objetivo de evitar la impunidad y la lucha por el relato, centrada en la deslegitimación del otro.

«Dureza ordinaria»

Libertad Francés, por su parte, subrayó que la superación de la política de excepción no es la panacea, ya que con la legislación ordinaria también existen excepcionalidades. En este sentido, explicó que la reinserción, el teórico objetivo de la prisión, «ha quedado en el último lugar» mientras que la prioridad son el castigo y el cumplimiento íntegro de las penas. La letrada de Salhaketa Nafarroa destacó que las leyes de excepción no han afectado solo a los presos por motivación política, sino que se han extendido a la población penitenciara en general. Se aplican a lo que se considera «otros delitos de especial gravedad», que cada vez son más.

En este contexto, denunció la situación de la cárcel de Iruñea, donde se da «una denegación sistemática de los permisos de salida a través de resoluciones estereotipadas y sin informes individualizados». Así, se impide el avance en el tratamiento penitenciario. Como no hay permisos, no hay avance en los grados. Como consecuencia, los tratamientos terapéuticos no comienzan hasta que la condena está muy avanzada.

Por ello, reclamó la asunción de la competencia penitenciaria por parte de Nafarroa para superar esta situación. Explicó que existe una carencia de recursos y de personal y se aplican de manera restrictiva los criterios por parte de la dirección. Esto provoca que los presos no quieran ir a la cárcel de Iruñea porque las condiciones son más duras. Izko lo confirmó señalando que condiciones favorables que se tienen en cárceles como Córdoba en cuestiones como los «vis a vis» desaparecen al llegar a la prisión navarra.

Declaraciones

«El objetivo del mantenimiento de la legislación de excepción es impedir el avance de los presos en el tratamiento penitenciario»

AMAIA IZKO

Abogada

«Estamos en un contexto de populismo punitivo, en el que la sociedad pide que se castigue con dureza el delito»

R. SAINZ DE ROZAS

Gobierno navarro

«Es necesario asumir la competencia penitenciaria para superar la situación de la cárcel de Pamplona»

LIBERTAD FRANCÉS

Salhaketa Nafarroa