La familia de González, obligada a explicar por qué quiere hablar con él

Hoy se cumplen cuatro meses de la detención del periodista vasco Pablo González, acusado de espionaje por las autoridades polacas. Desde entonces está en prisión, sin poder hablar con su familia ni con su abogado de confianza, Gonzalo Boye.

Así lo denunciaron ayer su pareja, Oihana Goiriena, y el propio Boye, que comparecieron ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Gasteiz, donde dieron cuenta de una situación «tremendamente anómala».

«Está incomunicado, o medio incomunicado, porque, pese a que no está incomunicado de forma oficial, en la práctica sí que lo está», apuntó Goiriena, que alertó de que las autoridades polacas le han obligado a «justificar» los motivos por los que quiere hablar con su pareja.

Según explicó, la familia ha aceptado esta petición y el pasado 6 de junio enviaron la información requerida. Han pasado tres semanas y no han obtenido una respuesta.

Han preguntado al cónsul español y al abogado polaco que presta asistencia a González sobre la demora y las dificultades impuestas por Polonia para poder hablar con él, y han recibido diferentes versiones, que van desde la existencia de problemas burocráticos a la falta de un traductor, pasando por la posibilidad de que Varsovia también considere «sospechosa» a Goiriena.

Dos cartas

«Estamos en una situación absurda», manifestó, y reconoció que el único rayo de esperanza son las dos cartas que han recibido. «Pero por teléfono no podemos hablar, y eso es lo que nosotros pedimos», añadió, incidiendo en el derecho de sus hijos a poder hablar con su padre.

Destacó que se trata de una «situación escandalosa», porque hay medios para poder garantizar la comunicación telefónica. «Lo que falta es voluntad política», subrayó Oihana Goiriena, al tiempo que censuraba la actitud del Gobierno español, que «defiende la actuación de Polonia».

«No entiendo cómo se puede defender que yo o que mis hijos no podamos hablar con Pablo», remarcó antes de aseverar que le gustaría que alguna autoridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez se pusiera en contacto con ella para explicarle qué están haciendo.

Las críticas al Gobierno español contrastaron con los elogios al cónsul, que «ha sido el interlocutor más fiable para poder contactar con mi marido». Gracias a las tres visitas realizadas por el diplomático, saben que el periodista vasco «está bien de salud, aunque ha perdido veinte kilos, y que es optimista pese a que es consciente de que puede permanecer en prisión provisional durante dos años».

A este respecto, reclamó que se permita la visita del abogado de confianza para preparar un juicio que esperan se celebre lo antes posible.

Situación «anómala»

Por su parte, Boye señaló que la situación en la que se encuentra González «no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la Unión Europea para considerarlo un proceso con las debidas garantías». «Y vemos una falta de interés y de preocupación por parte del Gobierno español», lamentó.

En cuanto a la situación legal del periodista, el letrado advirtió de que «no manejamos ningún tipo de información procesal. Lo único que sabemos es aquello que han filtrado los servicios secretos polacos y la Fiscalía, y no sabemos qué credibilidad darle».

«En ningún momento le hemos podido visitar, no hemos podido hablar con él, no hemos podido recibir una carta en la que nos explique algo, ni nosotros nos atrevemos a enviarle una carta sobre la estrategia jurídica. La situación es no solo anómala, sino que está fuera del marco de la UE», detalló ante los parlamentarios presentes en la comisión, que mostraron su apoyo a los allegados de González.

«Comunicador incomunicado»

Desde Elkarrekin Podemos-IU, grupo que solicitó la comparecencia, Iñigo Martínez denunció que la detención Pablo González supone un «grave ataque» a la libertad de expresión, y reclamó que el proceso judicial se realice con todas las garantías.

Una opinión compartida por Josu Estarrona, de EH Bildu, que censuró la aplicación de leyes que buscan restringir el derecho a la información en Polonia. «Pablo ahora mismo es un comunicador incomunicado», sentenció el parlamentario soberanista.