Erezuma, exalcalde de Alonsotegi, será juzgado por corrupción

José Luis Erezuma el exalcalde jeltzale de Alonsotegi entre 2011 y 2015 será juzgado el 18 de octubre junto a otras cuatro personas por prevaricación, malversación y fraude, después de que no se hayan cumplido los acuerdos alcanzados para devolver el dinero defraudado.

El que fuera alcalde del PNV en la localidad vizcaina de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, será juzgado finalmente por supuesta prevaricación el 18 de octubre, junto a otras cuatro personas, tras no haber cumplido el conjunto de acusados el acuerdo que alcanzaron el pasado enero para devolver el dinero defraudado y eludir de esta forma su ingreso en prisión, según informó ayer Europa Press citando fuentes jurídicas.

Erezuma se sentará en el banquillo de los acusados junto a dos responsables de una constructora, un arquitecto y una asesora municipal, acusados de delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no se ejecutaron.

Los encausados se declararon culpables en el pacto alcanzado entre las partes a comienzos de año. Los procesados, además de aceptar diez años de inhabilitación y dos años de cárcel (por lo que evitaban su ingreso en prisión al no tener antecedentes penales), se comprometieron a devolver el dinero defraudado (681.000 euros más intereses).

Sin embargo, al concluir el plazo dado para la reparación económica al Consistorio (20 de abril) sin que se hubiese llevado a cabo, EH Bildu reclamó la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir que se reactive el proceso judicial. La moción fue aprobada por unanimidad.

Por ello, ahora se ha reactivado la vía judicial y Erezuma y los otros cuatro implicados serán juzgados el 18 de octubre. La Fiscalía solicita para ellos seis años de prisión, mientras que la acusación popular, que ejerce EH Bildu, pide ocho años por considerar que fueron delitos continuados en el tiempo.

Según las acusaciones, los hechos se remontan al año 2011, cuando el Ayuntamiento pidió una subvención a la Diputación de Bizkaia para la reparación de unos desperfectos causados por la lluvia. La ayuda no se utilizó para esa finalidad, sino para pagar a una empresa constructora una deuda que el Consistorio había contraído por una obra.

Los encausados se habrían puesto de acuerdo para cometer el fraude. De esta forma, realizaron presuntamente certificaciones falsas para justificar los arreglos.