Los socios del Ejecutivo marcan sus prioridades para el segundo asalto

El Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos de 2023. Con este previsto desenlace, lo relevante fueron los subrayados de ERC, PNV y EH Bildu para la fase negociadora que se abre ahora, por espacio de un mes. El grupo jeltzale insistió en desarrollar la «agenda vasca» y Oskar Matute recordó que no hay alternativa.

El Congreso español rechazó ayer los siete vetos presentados por los grupos de la oposición al proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado de 2023, por lo que las cuentas públicas podrán continuar ahora con su tramitación parlamentaria. Las enmiendas a la totalidad habían sido presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Foro Asturias, la CUP y los dos diputados expulsados de UPN, y fueron rechazadas con 186 votos en contra, frente a 159 a favor y 3 abstenciones.

El resultado era conocido de antemano, de modo que lo más interesante de la sesión fueron las manos tendidas al Ejecutivo de sus socios habituales, instándole a mejorar el proyecto y tomar otro tipo de medidas políticas a cambio de favorecer la aprobación definitiva, cuyo calendario se prevé para finales de noviembre.

Por lo que respecta a las formaciones vascas, desde el PNV, la portavoz económica en el Congreso, Idoia Sagastizabal, subrayó que su objetivo pasa por desarrollar la «agenda vasca» pactada con el Gobierno durante la investidura. Aquí, Sagastizabal detectó «luces y sombras» por parte del Ejecutivo, siendo las primeras un grado de ejecución presupuestaria «satisfactorio», tras los empujes de las últimas semanas; mientras que en el lado de las sombras se aduce una tendencia «centralista» de la legislatura del Gobierno, en especial en materia fiscal.

Más allá del ámbito fiscal, el grupo jeltzale criticó la falta de cogobernanza en la gestión de los fondos europeos. Asimismo, Sagastizabal incidió en que el PGE «no tiene un adecuado reflejo para Euskadi en materia de inversión pública», una palanca que la diputada calificó de «clave» para impulsar el crecimiento económico.

Comparte con el Ejecutivo la importancia de dotar de estabilidad a la instituciones aprobando las cuentas, pero recrimina al Gabinete Sánchez la falta de agilidad para abordar los retos de esta transformación estructural de la economía, teniendo en cuenta que el Gobierno disponía desde 2020 de dos mecanismos extraordinarios: la salvaguarda en materia de estabilidad presupuestaria, con la suspensión de la regla del déficit, y los fondos Next Generation.

EH Bildu: «Equilibrio imposible»

Desde EH Bildu, Oskar Matute hizo ver a Pedro Sánchez que «no hay alternativa posible de Presupuestos sin la concurrencia de la izquierda independentista catalana, vasca o gallega. Ténganlo presente». Y le instó a huir de un «equilibrio imposible» a la hora de adoptar medidas. «¿De verdad merece la pena contentar a los poderosos a costa de defraudar a las mayorías sociales y trabajadoras?», preguntó, calificando las medidas adoptadas hasta la fecha de «paliativas pero no quirúrgicas» por intentar que «las élites no sientan que se está rascando su margen de beneficios».

Matute reconoció que hay «elementos positivos» en las nuevas cuentas, pero indicó que distan mucho de los presupuestos que se presupondrían a un Gobierno «tan progresista como dice ser». «No hay que parecer diferente a la derecha. Hay que serlo, para eso les votaron», aseveró.

El diputado vasco recordó que los futuros impuestos a energéticas y banca ya fueron solicitados «reiteradamente» por su formación, pero también otras medidas que en su momento fueron rechazadas, como la limitación del precio de los alquileres -la actualización está limitada en el plan contra la crisis-, la gratuidad del transporte público, como en Cercanías, o el aumento de las pensiones más bajas. Finalmente todas se han ido implantando, por lo que recalcó que «no era nada imposible».

El socio del Gobierno con más votos en el Congreso, ERC, trasladó su posición mediante su portavoz fiscal, Joan Margall, quien incidió en su «apuesta por la responsabilidad y ser útiles a la gente» antes de remarcar: «No negociar significa perder».

«No haría caer el Régimen»

Margall dijo que no negociar las cuentas «no haría caer la monarquía, ni el régimen del 78». «Lo único que se conseguiría es prorrogar los anteriores o que el Gobierno intentara aprobarlos con una mayoría más hostil para los intereses de Catalunya». Con la negociación, explicó, tratarán de «mejorar las condiciones de la clase trabajadora y media».

No obstante, no ocultó que habría razones para defender una enmienda a la totalidad, contra estos presupuestos, por su «marcado acento militarista», por «no atreverse a ir a las raíces de la desigualdad» y por la falta de medidas «estructurales». En este sentido, afeó la ausencia de regulación de los precios del alquiler, un cambio de modelo del sistema energético, la nueva financiación autonómica, municipal y de los servicios públicos, y una «profunda reforma fiscal».

«Cuando la política se convierte en caridad en lugar de redistribución, la izquierda en realidad hace de derecha», criticó Margall, y echó de menos actuaciones para combatir un «agravio comparativo» fiscal entre grandes empresas y pymes, hacer temporales las nuevas tasas a banca y energéticas y dirigir más recursos y medios a la lucha contra la evasión y elusión fiscal.