PNV y PSE se niegan a investigar el coste del cártel G7 a las arcas públicas

A partir de una iniciativa de EH Bildu, toda la oposición pidió ayer en el Parlamento de Gasteiz que se investigue la afección que el cártel de las constructoras G7 -que acordaban repartirse contratos públicos- ha tenido en los fondos públicos de la CAV. Pero, a pesar de decirse víctimas de esta situación, PNV y PSE se negaron.

«Te timan a la cara en las licitaciones públicas, no te enteras. Luego te avisan de que te han estado todos estos años timando y no haces nada. Curioso». Es el resumen que el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona hizo ayer de la actitud del Gobierno de Lakua y de los grupos que lo sustentan, PNV y PSE, ante el caso del grupo de constructoras, autodenominado G7, y que durante 25 años estuvieron acordando entre ellas el reparto de los contratos públicos, según resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que las multó con 203,6 millones de euros.

Varios de los contratos detectados por la CNMC afectan a obras públicas de la CAV. Además, esas empresas han participado en 15 de los 17 tramos de la construcción de la “Y vasca”. Estarrona destacó que la multa total que han recibido «no llega a las 204 millones de euros». Solo por esa obra se han repartido más de 1.500 millones. De ahí que el parlamentario denunciara que la corrupción «les sale barata» a esas empresas.

Ante esta situación, EH Bildu propuso que el Parlamento condene esta corrupción, que Lakua, en colaboración con la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) examine el alcance del fraude y que ponga medidas para hacer frente a este tipo de abusos, analizando las vías legales existentes para, desde las propias instituciones vascas, prohibir contratar con las empresas que actuaron ilegalmente.

PP+Cs por un lado, y la coalición Elkarrekin Podemos-IU por otro, presentaron enmiendas a esta propuesta. Pero todos los grupos de la oposición acababan coincidiendo en que ya que la Administración autonómica ha sido víctima de esta práctica, realizara una «investigación independiente» o se la solicitara al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para saber si era posible emprender algún tipo de actuación judicial o administrativa contra estas constructoras para exigir responsabilidades.

Ensuciar al Gobierno

Pero se encontraron de frente con el voto en contra de PNV y PSE. La parlamentaria del PSE, Sonia Pérez, incidió en que «los hechos están claros y los perjuicios sobre la propia administración, también», pero respondió que ni el Gobierno ni la AVC han sido parte interesada del expediente, que el caso ha afectado a numerosas instituciones y que no se han puesto en duda los procesos de licitación. Y denunció que la solicitud de investigaciones pretende «corresponsabilizar a las instituciones».

La jeltzale Itxaso Berrojalbiz fue más dura en la acusación de que lo que EH Bildu pretende con estas iniciativas es embarrar el terreno y sembrar sospechas de que hay irregularidades para señalar al Gobierno y manchar su nombre. La parlamentaria del PNV mostró el desconcierto de su grupo porque la «izquierda transformadora» se muestre tan preocupada por el buen funcionamiento del libre mercado capitalista.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona explicó a la portavoz jeltzale que «nos preocupa mucho qué uso se hace de los recursos públicos. Y, por lo tanto, si hemos sido ‘paganos’ , como usted ha denominado, ‘víctimas’ como la señora Pérez ha denominado, queremos saber hasta qué punto lo hemos sido y queremos que se haga un análisis y saber cuántos miles de euros nos ha podido robar este cártel de empresas».

Finalmente, PNV y PSE, que no habían presentado ninguna alternativa, votaron en contra de todas las solicitudes de la oposición.