Tapia y GHK se contradicen a sí mismos sobre la parada automática

Después de que el lunes se conociera el informe científico del ingeniero Gorka Bueno para Ekopol sobre la incineradora de Zubieta, tanto la consejera Arantxa Tapia en el Parlamento como GHK a través de un comunicado respondieron ayer que la instalación sí dispone de un sistema de parada automática. Sin embargo, esto contradice lo escrito por ellos mismos con anterioridad.

El informe elaborado por el ingeniero Gorka Bueno y publicado por Ekopol el lunes, que muestra evidencias de lo que entiende como un funcionamiento ilegal y contaminante de la incineradora de Zubieta, centró ayer la comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y dio lugar a un comunicado del Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, GHK. Tanto la consejera como el consorcio aseguran que la incineradora funciona perfectamente y que dispone de un sistema automático de alimentación del horno en caso de determinadas anomalías, lo que contradice escritos anteriores tanto de la propia Tapia como de GHK.

La comparecencia de la consejera en el Parlamento estaba solicitada por Elkarrekin Podemos-IU en noviembre del año pasado, para que explicara sus acusaciones contra la plataforma GuraSOS de divulgar falsedades sobre la incineradora de Zubieta.

Arantxa Tapia trató de defender la buena gestión del Gobierno; el grupo proponente y EH Bildu insistieron en desnudar contradicciones y hacer preguntas, muchas de las cuales quedaron sin respuesta; el PP surfeó entra la necesidad de esas explicaciones y el apoyo a la instalación; mientras PSE y PNV no solo aseguraron que no tienen ninguna duda del buen funcionamiento de todo, sino que mostraron su hartazgo por tener que seguir hablando de la posible existencia de irregularidades, que consideran una campaña pese a que estas están siendo investigadas por la Fiscalía de Gipuzkoa. De «teatro tóxico», en el que participan colectivos, partidos y periodistas, habló la jeltzale María Eugenia Arrizabalaga.

¿Hay automatismo o no?

La Resolución de 11 de abril de 2016 del viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se modifica la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada de la Incineradora, recoge textualmente en su apartado E.3.2.e que entre las condiciones para su puesta en marcha estaba la obligación de contar con «un sistema automático que impida la alimentación de residuos en cualquiera de estas circunstancias».

Esas circunstancias se especifican y son cuatro. La primera, «puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura de 850ºC». La segunda, «cuando por cualquier motivo no se alcance dicha temperatura en el horno». La tercera, «cuando los controles de carácter continuo, establecidos en esta Resolución, muestren que se está superando algún valor límite de emisión atmosférica fijado en esta Resolución». Y la cuarta, «cuando el valor medio semihorario de concentración en partículas supere el valor límite de 150 mg/Nm3».

Tanto denuncias públicas de GuraSOS como el informe de Ekopol han llamado la atención sobre los peligros de que dos de estas condiciones no se estén cumpliendo. En respuesta a ello, GHK hizo público ayer un comunicado en el que taxativamente «recuerda que dispone de un sistema que suspende automáticamente la alimentación al horno». Y Arantxa Tapia afirmó en el Parlamento que «el horno caldera dispone de un sistema automático que impide la alimentación de residuos en los supuestos exigidos por la normativa europea y estatal en prevención de la contaminación».

Sin embargo, esto no coincide con lo que GHK y la propia consejera han escrito y rubricado con anterioridad. Cuando desde el Gobierno se le requirió a la empresa que informara sobre el cumplimiento de la resolución que permitía darle la autorización ambiental integrada, GHK contestó concretamente con respecto a este punto «E.3.2.e. Características del sistema automático que impida la alimentación del horno en situaciones anómalas», explicando primero su funcionamiento general y específicamente cómo responde automáticamente, como se le exige, durante la puesta en marcha y cuando no alcanza la temperatura.

Pero sobre los requerimientos 3 y 4, afirma textualmente que «respecto a las emisiones a la atmósfera no hay control que actúe automáticamente sobre la combustión. Esta acción depende totalmente del operador cuando recibe una pre-alarma de riesgo de superar las emisiones. Depende totalmente del operador comprobar y reaccionar en consecuencia para prevenir cualquier valor de emisión semihorario».

Y eso es palabra por palabra lo que también respondió Arantxa Tapia al Parlamento el pasado 18 de noviembre, porque su Departamento no hizo otra cosa que copiar y pegar el documento de GHK. En su comparecencia de ayer, la consejera trató de diferenciar entre la «existencia de un sistema automático de alimentación de residuos» a la que «hace referencia» la «autorización ambiental integrada» y el «el sistema de combustión».

Pero lo cierto es que cuando se le preguntó por el cumplimiento de los requerimientos de la «autorización ambiental integrada», lo que respondió GHK y repitió la consejera Tapia es que «no hay control que actúe automáticamente sobre la combustión», sin ninguna otra explicación.

El informe científico elaborado por Gorka Bueno recoge que entre 2020 y 2021 se produjeron nada menos que 2.033 superaciones de los Valores Límite de Emisiones semihorarias.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero hizo ver que cada una de ellas es «una infracción grave» de la ley. Tapia respondió que la mayoría de esas emisiones se dieron durante el periodo de pruebas, lo que según ella no cuenta.

Pero hay más de un centenar de superaciones de esos Valores Limites de Emisión que se han producido durante el funcionamiento normal de la incineradora.

La consejera puso en duda cuándo se hicieron esas mediciones, que son del propio Gobierno, y cómo se han interpretado.

Mikel Otero sostuvo que cuando se producen irregularidades hay que parar la instalación y cuestionó que durante el periodo de pruebas se insista en seguir funcionando pese a las múltiples superaciones de valores límites. También criticó que se pusiera en marcha la incineradora sin ni siquiera haber comprado todavía los aditivos necesarios para evitar la contaminación. Y dejó sobre la mesa que quizá todo esto se deba a que la incineradora ya tenía un contrato para empezar a funcionar en marzo de 2020, antes todavía de tener las autorizaciones necesarias.

Contaminación y aguas

En su comparecencia, la consejera admitió que en la incineradora se produjo un problema de «estanqueidad no idónea», que dio lugar a un vertido a Arkaitzerreka detectado el 13 de julio de 2022 y que «está en vías de solución». Es decir, que no está solucionado. Y apuntó que por ello se abrió un expediente a la empresa, que está interrumpido porque la causa se ha judicializado.

El parlamentario Mikel Otero llamó la atención sobre que el Gobierno dice que conoció la contaminación en esa fecha, pero que, como publicó este medio, hay informes de 2019 que ya hablaban de esa contaminación y los tenía Lakua. Tapia no dio explicaciones

La consejera también justificó la existencia de purgas de agua en los conductos de salida y depuración de gases de combustión, y sostuvo que están recomendados por las guías europeas. Pero el parlamentario Mikel Otero le recordó que la incineradora está aprobada como un sistema «seco» y que, por tanto, no tiene que generar ningún líquido. La consejera no respondió tampoco a eso ni dio mayores explicaciones

Usurbil pide una investigación

La alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solabarrieta Mesa, exigió ayer que ante los datos conocidos «se ponga en marcha una investigación profunda, pública y democrática sobre la Incineradora de Zubieta». A través de un comunicado, denunció la falta de información y transparencia sobre esta instalación.

Agurtzane Solabarrieta expresó «su malestar, rabia e indignación» por los preocupantes datos que se van conociendo, puesto que «estamos hablando de la salud y el medio ambiente de nuestros ciudadanos y los daños que está causando la planta incineradora son muy graves». Sostiene que «hablando de salud, el mero riesgo debería bastar a cualquier administración pública para aplicar el principio de responsabilidad y prevención».

La alcaldesa de Usurbil recordó que con datos de 2021 la fundación holandesa ToxicoWatch encontró altas cantidades de dioxinas en musgos y huevos de gallineros recogidos cerca de la incineradora.

Ante estos datos y otros, el Ayuntamiento de Usurbil sostiene que GHK, Diputación y Gobierno «no pueden seguir mirando a otro lado». Por ello ha reclamado inspecciones que sigan la normativa europea y un cambio en el modelo de gestión. I.I.