El 97% de las trabajadoras del hogar internas en Bizkaia no cobra el SMI

El 97,22% de las trabajadoras del hogar internas no cobra el salario mínimo, siendo aquellas que no tienen papeles -un 29,5% de las atendidas por la asociación que las asesora en Bizkaia-, a las que se les imponen condiciones muy alejadas de la legalidad en cuanto a jornada, salario y descansos. El colectivo exige la regularización «inmediata».

La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH/ELE) compareció ayer en Bilbo para dar a conocer sus estadísticas sobre las condiciones laborales de las personas que acudieron a su asesoría en 2022, en las que destaca que el 97,22% de las internas de entre semana no recibía el salario que les correspondía. Se trata de un colectivo donde la práctica totalidad eran mujeres migradas, de las que un 29,5% soportaba una situación administrativa irregular; ese porcentaje asciende hasta el 43,38% si se consideran solo las extranjeras de origen no comunitario.

El cambio del Reglamento de Extranjería, alertan en las conclusiones del análisis, pone más difícil la regularización por arraigo laboral, al exigir ahora que sea necesaria el acta de la Inspección de Trabajo constatando el que se ha trabajado seis o más meses en situación irregular. «La Inspección tarda muchos meses en pronunciarse, y convierte en mucho más lento un trámite para el que antes eran suficientes otros medios de prueba», censuran desde la asociación.

Las mujeres migradas, advierte el informe, soportan un especial mal trato en sus condiciones de jornada y salario, también en lo que respecta a la salud laboral. «Son comunes las frases despectivas y amenazas del tipo ‘te voy a hacer deportar’ por parte de los empleadores que, aunque contrata para resolver una necesidad suya, asume la posición de quien está haciendo un favor», exponen.

Ante la demanda de que se atiendan los derechos más básicos que les asisten, se les deniegan incluso la liquidación final «con el argumento de ‘no tienes derecho porque no tienes papeles’». «Esto que no es solo racista sino también falso legalmente, se permite y alienta por parte de las autoridades públicas con la política de mirar hacia otro lado, como si las trabajadoras sin papeles no existiesen», denuncian desde la asociación.

Regularización «inmediata»

Su responsable, Lorea Ureta, sostuvo que la regularización «inmediata» de todas las trabajadores es un primer paso necesario para «conseguir condiciones de trabajo decentes». Respecto al impacto de la reforma del Régimen Laboral y de la Seguridad Social del Empleo de Hogar, de setiembre de 2022, estiman que es pronto para conocer su incidencia práctica, aunque no se muestran muy optimistas porque se logre acabar con las irregularidades.

La ATH/ELE denuncia la «lentitud» de los juzgados de lo Social a la hora de abordar demandas de trabajadoras del hogar. En Bizkaia, según exponen en el informe, los despidos tardan unos tres meses de media en citarse a juicio, y cuando lo que se reclaman son salarios o la indemnización por cese al fallecer la parte empleadora, o ingresar en residencia, es fácil recibir la citación para un año después, «con la excepción de algún juzgado».

Asimismo, advierten de que la imposibilidad de acceder presencialmente a las oficinas de la Seguridad Social les perjudica. «En 2022, hemos visto trabajadoras que no habían solicitado la prestación por enfermedad o accidente en bajas no muy largas al ser incapaces de cumplimentar y presentar la solicitud sin apoyo. Otras -destacan- habían tenido que pagar a una gestoría».

«Semiesclavitud»

La gran mayoría de las internas realiza su trabajo en condiciones ilegales en materia de jornada y descansos, con un 72,57% de las que lo hacen entre semana que superan las 60 horas semanales, un 21,88% no tienen libertad en la vivienda para dedicarse a sus propios asuntos y un 27,64% no disfruta de ningún descanso semanal. En ese escenario de «semiesclavitud», casi el 39% no descansa por la noche de manera continuada, ya que atienden a personas en situación de dependencia a las que también cuidan por el día, desvelan desde la asociación.

En un 41,3% de los casos, advierten desde la ATH/ELE, persiste la entrega del sueldo en mano sin ningún tipo de documentación que acredite la relación laboral. Además, debido al fallecimiento o ingreso residencial del empleador, un 25,78% de estas mujeres queda en paro de un día para otro y sin prestación de desempleo. Los ceses por despido y por desistimiento ascendieron al 54,14%, sin prestación de desempleo, que no se ha podido cobrar en 2022.

«Sin prestaciones de desempleo, y con una gran dificultad para demostrar las verdaderas condiciones en las que estaban trabajando, se ven forzadas a negociar a la baja sin esperar a un juicio que llegará muy tarde y con resultado incierto, dada la falta de prueba de las circunstancias en que desempeñaban su trabajo en el ámbito privado», explican desde el colectivo.