Batalla judicial por las obras de la nueva sede de la Fiscalía en Bilbo

Un bilbaino mantiene una batalla judicial contra el Consistorio, el Gobierno de Lakua y una constructora por las afecciones que le han provocado las obras de la nueva sede de la Fiscalía, en la confluencia de las calles Henao y Ercilla. No piensa darse por vencido y anuncia que, si es necesario, acudirá a Europa.

Mientras se van rematando las obras del edificio que agrupará en pleno centro de Bilbo todos los servicios de la Fiscalía de Bizkaia y un archivo para su apertura el próximo año, Pablo Aguilar prosigue con la batalla emprendida en los juzgados por lo que considera un «atropello» en la ejecución de este proyecto que impulsa el Departamento de Justicia. No es el único, ya que el vecindario de los portales aledaños a la futura sede del Ministerio Público han soportado molestias y daños durante la ejecución del proyecto.

A pesar de que los magistrados no han atendido sus demandas, al concurrir «un claro interés público en la ejecución de la obra», prepara sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo español y advierte de que, si es necesario, acudirá a Europa al estimar que está siendo víctima de un atropello por parte de las Administraciones.

Este vecino de la calle Henao interpuso una demanda contencioso administrativa contra el acuerdo del Ayuntamiento que otorgó la licencia y sucesivas prórrogas para el vaciado del solar, así como la rehabilitación y ampliación del número 9 de esta calle, que en el pasado ocupó la extinta Cámara de la Propiedad.

Gracias a cambios urbanísticos aprobados por el Consistorio, el Ejecutivo de Lakua va contar con un moderno edificio de 5.059 metros de superficie construida cuando el viejo inmueble, catalogado por ser el primer palacete que se levantó en el Ensanche y por lo que se ha mantenido la singular fachada, tenía 2.653 metros.

Además, por vía penal, formuló otra demanda contra el concejal delegado de Planificación Urbana, Asier Abaunza, y un responsable del Departamento de Justicia y Construcciones, Adolfo Sobrino, como autores de presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.

Ambas demandas han sido desestimadas, y queda pendiente un recurso de casación.

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS

Tras lo que lleva padecido a consecuencia de las obras y la respuesta que ha recibido a sus requerimientos para que se actuase, Aguilar habla sin tapujos de «ninguneo» y «soberbia» por parte de las Administraciones. «Se han incumplido las normas. El que sea considerado un proyecto de «interés general no te exime de cumplir las normas, y aquí ha sucedido eso», sostiene.

Expone que inicialmente los trabajos se iban a prolongar durante 36 meses -aunque curiosamente en el pliego de adjudicación se preveía un plazo de ejecución de 42 meses- y finalmente van a cumplir 72 con el confinamiento por la pandemia de por medio. La excavación del subsuelo ha sido sin duda el principal hándicap que se encontró la constructora y la que mayores quebraderos de cabeza ha causado al vecindario por el ruido y las vibraciones generadas.

«El ruido provocado por la perforación para conseguir excavar cinco plantas de sótano fue insoportable, de 08.00 a 18.00, todos los días, incluso trabajaron festivos», rememora. En el estado de alarma, precisa, los trabajos concluían a las 16.00. «Fue un infierno».

Iniciadas las obras en octubre de 2017, el afectado comenzó a denunciar desde agosto de 2018 por molestias «insoportables» provocadas por el ruido y las vibraciones. Al principio, agentes de la Policía Municipal se personaron ante sus llamadas, aunque luego dejaron de hacerlo. Por ello, Aguilar compró un sonómetro para acreditarlo, con mediciones en confinamiento que rondaban los 100 decibelios y otras nunca inferiores a 75.

La ansiedad por el exceso de ruido le obligó a coger una baja laboral de mayo a octubre de 2020, coincidiendo con el cese de los trabajos de demolición con maquinaria pesada.