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La Ley de Secretos Oficiales oculta la verdad de la Foz de Irunberri

Pako Aristi y Txema Gorostiza, con representantes de Gure Bazterrak y familiares. (Jon URBE | FOKU)

La Ley de Secretos Oficiales es un obstáculo para aclarar hechos como los sucedidos en la Foz de Irunberri en junio de 1990, según destacó el abogado Txemi Gorostiza ayer en Donostia en la presentación de la versión en castellano del libro originariamente elaborado en euskara por Pako Aristi “Lumbier, 1990: El llanto de la Foz”, editado por Erein. El propio Gorostiza y Adolfo Araiz fueron los abogados que se personaron en esta causa en nombre de los familiares.

«Esta ley, promulgada por Francisco Franco en 1968, impide que judicialmente pueda tener éxito cualquier iniciativa», destacó Gorostiza, que recordó que su derogación se han planteado repetidamente en relación con otros casos.

En este sentido, destacó que el objetivo es «aclarar qué es lo que ocurrió realmente frente a una versión oficial que ha sido ampliamente cuestionada y que incluso ha sido desmentida judicialmente» por la Audiencia Nacional española. Frente a ello, indicó que con la Ley de Secretos Oficiales se alude al «peligro para la seguridad del Estado».

«¿QUÉ SE PRETENDE OCULTAR?»

«¿Qué es lo que el Estado pretende ocultar para garantizar su seguridad?», se preguntó Gorostiza, enmarcando los hechos de la Foz de Irunberri de 1990 en un contexto en el que ETA y el Estado español, con todos sus aparatos, mantenían un enfrentamiento armado abierto.

La versión oficial, defendida por el entonces ministro español del Interior, José Luis Corcuera, cinco días después en el Congreso, es que un comando de ETA formado por Germán Rubenach, Jon Lizarralde y Susana Arregi se vio sorprendido por una dotación de la Guardia Civil y se desencadenó un tiroteo en el que murió el sargento José Luis Hervás y resulta herido el sargento José Domínguez Piris, que fue evacuado a Zangoza para ser atendido.

Según la versión oficial, la Guardia Civil abandona la zona y los militantes de ETA acuerdan realizar un suicidio colectivo. Arregi no se atreve y es disparada por Rubenach, que falla posteriormente en su propio suicidio resultando herido de gravedad. Posteriormente, la Guardia Civil encuentra los cuerpos.

Gorostiza explicó que una sentencia de la Audiencia Nacional exculpó a Rubenach de la acusación de matar a Arregi y que estableció que ninguno de los militantes de ETA tenía responsabilidad en sus propias muertes, descartando por tanto la hipótesis del suicidio. «El relato de la versión oficial perdía eficacia ante esta sentencia, pero la Fiscalía, en una época del Gobierno de PSOE, no recibe órdenes de continuar con las investigaciones», señala.

Aristi destacó que han detectado hasta 22 elementos que son imposibles, lo que les ha permitido desarrollar una «versión alternativa sustituta, que se acerca a la verdad». Hay testigos que relatan que la foz no se vació como dijo la Guardia Civil; que Rubenach tenía un disparo en la rodilla incompatible con la versión del intento de suicidio; que a cien niños les hicieron pasar por un lugar en el que supuestamente había militantes armados; que Jon Lizarralde tenía agua del río Irati en su estómago y pulmones, incompatible con el suicidio; o que en la pistola de Lizarralde solo faltaba una bala (supuestamente la que se disparó a sí mismo), pese a que Balística confirma que de ese arma salieron las que mataron a Hervás e hirieron a Domínguez Piris. Este último sangraba mucho, pero este hecho no aparece en la documentación. «Y es el pilar sobre el que se monta la mentira».