Denuncian la impunidad policial a cinco años del estallido social en Chile

El 18 de octubre de 2019 estalló en Chile la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, que empezó como un reclamo de los escolares en contra del alza en el precio del billete de metro y derivó en masivas movilizaciones por otro modelo económico y más derechos sociales.

Muchas de las imágenes que denunciaron la represión para contener las protestas de 2019 en Chile fueron registradas por Nicole Kramm, fotógrafa y documentalista que tras semanas filmando vivió en carne propia la brutalidad policial. Un disparo efectuado por Carabineros impactó en su ojo izquierdo, hecho que abrió un camino en busca de Justicia que, a casi cinco años del hecho, define como «agotador, desolador y decepcionante».

«Ha sido complejo y doloroso, porque han sido las propias víctimas las que se han encargado de repararse a sí mismas. Ningún gobierno se ha hecho partícipe de una reparación integral, eso no existe. Por el contrario, se ha criminalizado a las personas y se ha blindado a los agentes estatales», dijo a Efe.

Su caso es una de las 10.142 denuncias presentadas en los tribunales chilenos, que solo mantienen abiertas 1.400 investigaciones y que únicamente han dictado 44 sentencias condenatorias, según Amnistía Internacional (AI).

«Hubo obstrucción a las investigaciones, se han perdido pruebas que evidencian cómo actuaron para dañar e inmovilizar a quienes estaban en la protesta. Esto significa que en Chile se permite que se vulneren los derechos humanos. No se ha dado importancia ni recursos para esclarecer estos crímenes, eso es lo que más nos asusta, porque con esto no hay garantía de no repetición y esa es una sensación aplastante», subrayó.

CUATRO INFORMES

En diciembre de 2019, cuatro informes internacionales expusieron las generalizadas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, en tanto que numerosas publicaciones locales revelaron la magnitud de la fuerza policial ejercida en Santiago y otras ciudades.

En total se documentaron más de 3.500 heridos, 220 de ellos con algún tipo de trauma ocular. Siete personas murieron por acción de agentes del Estado. La Policía disparó 104.000 tiros de escopeta en las primeras dos semanas de protestas, donde hubo 126 víctimas de lesiones oculares. Entre el 18 de octubre y fines de diciembre, Carabineros disparó 152.000 cartuchos calibre 12. Todas estas acciones, acreditadas por diversas instituciones, configuran la acusación contra el ex director general de Carabineros Ricardo Yañez y otros dos exmiembros del Alto Mando.

El director de AI Chile, Rodrigo Bustos, sostiene que el vacío en el que cayeron las investigaciones judiciales responde a «la gran cantidad de denuncias en muy poco tiempo, un periodo de 6 meses, donde hubo más de 10.000 por violencia institucional cometida mayoritariamente por Carabineros y en parte por las Fuerzas Armadas». Denuncia que «no se entregaron los recursos adicionales a la Fiscalía, a la Brigada de Derechos Humanos y al Servicio Médico Legal, instituciones que tenían roles claves para la investigación de estos delitos».