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EDITORIALA

Juicio a la denuncia de un modelo insostenible


Ocho activistas de Greenpeace serán juzgados mañana en Iruñea por una acción de denuncia de la contaminación de la macrogranja de Caparroso Valle de Odieta en marzo de 2021. La empresa propietaria de la instalación solicita penas de prisión y multas para los activistas, quienes «devolvieron» a la explotación mil litros de agua contaminada por nitratos, como protesta para denunciar el impacto en el medio ambiente de la ganadería industrial, que pone en peligro tanto los recursos hídricos como la salud de las personas que dependen de ellos. Si bien el procesamiento de quienes llevaron a cabo la protesta no tiene un ápice de gracia, en otro contexto la denuncia de la empresa podría mover a la risa.

No solo se trata de las prácticas de la macrogranja de Caparroso u otra en concreto, sino de ese modelo de explotación que prima la producción, el negocio, sobre el medio ambiente y la salud. La protesta de los activistas se debió a los purines que llegan a acuíferos y ríos, vertidos masivamente por la macrogranja, que también ha sido denunciada varias veces por diversos organismos del Gobierno de Nafarroa. Este incluso había anunciado una ley que no admita ese tipo de instalaciones en el territorio por las «consecuencias graves e irreparables» que pueden conllevar para el sector ganadero y el medio ambiente, dado su impacto social, económico, medioambiental y sanitario. En su lugar apostaba por explotaciones de menor tamaño en un modelo sostenible que, además, contribuiría a hacer frente a otro grave problema de varias zonas de Nafarroa, como es el despoblamiento.

Los activistas ejercieron pacíficamente su derecho a la protesta para llamar la atención sobre un modelo de explotación a todas luces perjudicial para el medio ambiente y, por tanto, para las personas. Como afirma la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas, denunciar la contaminación de ese modelo ganadero «es una obligación», porque, en efecto, no tiene ninguna gracia que la empresa responsable de poner en peligro el agua del territorio y la salud de las personas con sus vertidos denuncie el vertido de agua contaminada.