Nuevas funciones y más financiación para Correos, entre denuncias sindicales

El Ejecutivo español ha otorgado esta semana nuevas funciones a Correos, asignándole otras de carácter estratégico, ante lo que valora como un declive de los ingresos tradicionales y sus cuentas. Todo ello tras un año en que la plantilla se ha movilizado en Bizkaia para denunciar escasez de plantilla y deterioro de las condiciones laborales.

El Gobierno español ha encomendado a Correos la presetación de nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG), incluyendo multitud de trámites administrativos y financieros en el ámbito rural, que complementarán su actividad como operador postal universal, unas obligaciones que deberá cumplir, al menos, hasta el año 2030.

Se trata de una de las medidas incluidas en el real decreto ley que aprobó el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado lunes, y que, según afirma, persigue aprovechar la amplia red de 3.388 oficinas y más de 6.000 carteros de Correos en todo el Estado español para ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía.

Sigue así los pasos andados en otros Estados europeos, como por ejemplo Italia, ante el declive de los ingresos procedentes de la actividad tradicional de cartas y el impacto que esta coyuntura está provocando en las cuentas públicas de los operadores postales.

«Correos necesita, sin más demora, realizar esa transformación, dado que su excesiva dependencia del servicio postal, la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un Ebitda negativo recurrente, que actualmente condiciona la viabilidad económico-financiera», argumenta el Gobierno de Pedro Sánchez en el real decreto ley.

PROTESTAS SINDICALES

Habrá que ver cómo repercuten estas nuevas funciones, toda vez que en Euskal Herria los sindicatos han denunciado este mismo año escasez de plantilla y deterioro de condiciones laborales. Así, en mayo y junio hubo varias jornadas de paros en Bizkaia, convocadas por prácticamente todos los sindicatos, para denunciar que se estaba acumulando la correspondencia sin entregar.

Según explicaron, estaban trabajando «con la plantilla mermada por debajo del 50% de la establecida», una situación que provocaba «33.000 notificaciones acumuladas solo en los centros de trabajo de Bilbao, las cuales están saliendo a reparto con cuenta gotas debido a que no hay manos suficientes para poder prestar un servicio de calidad».

Denunciaron que estas notificaciones administrativas que reciben los ciudadanos (Lanbide, Ayuntamientos, Diputación o Sepe, entre otros organismos e instituciones) llegan cuando «se han vencido los plazos, acarreando problemas muy serios, que conllevan pérdida de prestaciones, subvenciones, ayudas que desatan el conflicto y la queja acalorada contra el cartero y los empleados de las oficinas, llegando en algunos casos a la confrontación».

LA RESPONSABILIDAD VIENE DE LA GESTIÓN

«Ni el cartero ni los trabajadores de las oficinas son los culpables de no pasar por los domicilios todos los días como así establece la prestación del SPU (Servicio Postal Universal) dejando a la ciudadanía sin correspondencia 4 y 5 días, la responsabilidad está en la gestión de la empresa y en las personas que nos dirigen», añadieron los trabajadores en su protesta.

En Araba también se han realizado concentraciones más recientemente denunciaron deterioro de condiciones laborales y recortes.

Al anunciar esta ampliación de servicio, el Gobierno español argumenta que Correos también prestaba ya varios servicios financieros, como la posibilidad de ingresar y retirar dinero a los clientes de los principales bancos en sus oficinas, e incluso a domicilio a través de los carteros rurales, ahora que las entidades financieras han abordado el cierre de oficinas para ahorrar costes.