El TSJPV tumba el plan de Educación con el reparto de alumnado vulnerable

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anula el decreto de planificación educativa de Lakua que tenía como principal novedad el reparto de alumnado vulnerable. La norma fue recurrida por Ehige y Steilas. El Departamento asegura que sigue en vigor al no ser una sentencia firme y sostiene que se atiene al Pacto Educativo.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado «nulo de pleno derecho» el decreto con el que el Gobierno de Lakua planifica cuestiones como el número de alumnos por aula y el reparto de estudiantes vulnerables entre los diferentes centros. Era uno de los aspectos principales de la Ley de Educación aprobada el pasado año. La norma fue recurrida por el sindicato Steilas y por Euskal Herriko Ikastolen Gurasoen Elkartea (Ehige), que reúne a madres y padres de la escuela pública.

La decisión se fundamenta en una cuestión básicamente de forma. La Sala considera que concurre el «vicio de nulidad denunciado» por los demandantes «al haberse prescindido de una memoria justificativa», cuyo trámite es esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias.

Steilas y Ehige recurrieron el decreto que «iguala» la titularidad pública y privada de los colegios, lo que «contraviene» la legalidad. Destacaron, además, que un informe jurídico del propio Gobierno de Lakua establece que tanto el decreto como el anteproyecto de la Ley de Educación «no se adecúan» a la legalidad, al contener el concepto de «servicio público vasco de educación», lo que consideran un «subterfugio» para «equiparar» centros públicos y privados.

Las dos organizaciones que presentaron el recurso argumentaron, asimismo, que «se ha reducido» la participación de la comunidad educativa en el diseño del mapa escolar, lo que calificaron de «retroceso democrático» porque «impide» a los agentes «participar de forma activa en la elaboración de la oferta educativa».

El Departamento de Educación respondió brevemente, afirmando que presentará recurso para defender «en todas las instancias» tanto «la idoneidad como la tramitación» del decreto.

«La citada sentencia no es firme, por lo que el decreto sigue en vigor -estimó-. Mientras tanto, el Departamento de Educación trabaja en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación y en concreto, en un nuevo texto que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación».

La consejería liderada por Begoña Pedrosa añadió que el decreto anulado «viene a dar cumplimiento al mandato del Parlamento expresado en el Pacto Educativo. Asimismo, muchas de las cuestiones que se recogen en él anticipaban aspectos después recogidos en la Ley de Educación».

PREOCUPACIÓN DE EH BILDU POR SUS CONSECUENCIAS

EH Bildu manifestó su preocupación por el efecto que puede crear la decisión sobre la inminente campaña de matriculación y pidió la comparecencia de la consejera Pedrosa para aclararlo. En opinón de Ikoitz Arrese, «la anulación del decreto, además de poner de manifiesto la mala gestión del Gobierno de Pradales, deja en una situación de incertidumbre a las familias, a los centros educativos y al propio sistema educativo. Los errores cometidos presuntamente por el Departamento de Educación en la tramitación de este decreto ponen en cuestión en estos momentos los criterios de matriculación de miles de alumnos y alumnas».

Su petición tiene carácter urgente porque «las familias necesitan certidumbre, máxime teniendo en cuenta que en pocos días se iniciará el proceso de matriculación para el curso 2025-2026». Arrese recordó que el decreto anulado establece criterios como la concreción del mapa escolar, áreas de influencia, planificación de la oferta, itinerarios académicos y la ratio máxima por unidad.