Lakua no autorizó con antelación el paso a la privada a ningún alto cargo

En lo que va de legislatura, el Gobierno de Lakua ha autorizado a diecinueve altos cargos su paso a la empresa privada. En ninguno de los procesos la resolución oficial llegó antes de la fecha efectiva del nuevo contrato. En diez casos se firmó con retraso y en otros nueve, el mismo día de incorporación.

El paso de un alto cargo del Gobierno de Lakua a la empresa privada en los dos años posteriores a su cese necesita en todos los casos la autorización expresa del Ejecutivo autonómico, incluso aunque vuelvan a su trabajo anterior. Pero al menos en los últimos años esta tramitación se está dando de forma más que dudosa.

En la pasada legislatura, GARA ya desveló que una docena de altos cargos del Gobierno de Lakua habían pasado al sector privado sin haber pedido el permiso de compatibilidad al que obliga la ley hasta dos años después del cese. Y el Registro de Personal del Departamento, que en aquel momento dirigía Olatz Garamendi, no pareció haberse enterado de nada.

Estas informaciones y las preguntas parlamentarias hicieron que finalmente el Servicio de Registro de Personal abriera un periodo de información o actuaciones previas sobre estos casos, aunque la legislatura acabó sin que transcendieran los resultados de la investigación.

En todas las interpelaciones parlamentarias sobre la materia, la consejera actuó más como abogada defensora de quienes no habían cumplido con la ley que como responsable de hacer respetar la norma, que era realmente su función oficial.

En esta legislatura, el relevo de Olatz Garamendi por María Ubarretxena al frente del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno no parece haber resuelto la apariencia de irregularidades.

El miércoles informamos de que el Gobierno de Lakua había publicado las autorizaciones para actividades privadas de los altos cargos que dejaron la Administración, y se recogía que permitió al director del EVE, Iñigo Ansola, ahora presidente del BBB, saltar a una empresa el 25 de agosto de 2024 mientras seguía en su puesto oficial hasta el 13 de septiembre.

En la información publicada se abría la posibilidad de que el desajuste en las fechas fuera «un error formal». Pero después de la publicación de la noticia, la consejera María Ubarretxena ha remitido la información al Parlamento, sin ningún tipo de corrección sobre el caso de Iñigo Ansola.

Dicha documentación recoge también la fecha en la que la consejera Ubarretxena firmó la resolución positiva a que Ansola fichara por la empresa Mondragon Centro de Promoción S.Coop, y fue el 23 de setiembre de 2024, casi un mes después del 25 de agosto, que figuraba como fecha de efecto de su contrato.

SIN RESOLUCIÓN ANTES

Pero lo llamativo es que en ninguno de los diecinueve casos en los que el Departamento de Gobernanza ha autorizado a altos cargos de la Administración pasar a la empresa privada o volver a sus puestos anteriores, la resolución firmada por la consejera María Ubarretxena es anterior al día de incorporación al nuevo puesto de trabajo.

En diez de esos diecinueve expedientes, el permiso oficial llegó tarde, en ocasiones con semanas de retraso. En otros nueve casos, la firma de la consejera es del mismo día de la fecha de fichaje por la firma privada.

Hay un caso sumamente llamativo en el que el cese como cargo público, de regreso a su puesto anterior, y la firma de la consejera se produjo el mismo día, el 30 de septiembre de 2024. Es preciso tener en cuenta que el Ejecutivo tiene que constatar fehacientemente que el alto cargo no incurre en ninguna incompatibilidad, aunque sea para volver a la empresa de la que salió en su día.

GARANTIZA LA LEGALIDAD

Entre los retrasos manifiestos en la concesión de una resolución oficial positiva para acceder a un puesto privado está el de la exconsejera de Salud Gotzone Sagardui, que empezó a trabajar como directora de la clínica Vithas Vitoria el 7 de enero. La consejera Ubarretxena firmó su resolución a favor el 30 de enero de 2025. De hecho, ese trámite era ya innecesario, porque había pasado mas de un mes desde la petición de la exconsejera y se entendía ya concedida por «silencio administrativo».

Desde Lakua se aduce que se le hizo una comunicación oficiosa de autorización y se niega ningún tipo de irregularidad. En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del martes, Ubarretxena respondió que «tanto el proceso de compatibilidad de la señora Sagardui como el resto se han hecho en tiempo, en forma de acuerdo a la legalidad. Como he manifestado en varias ocasiones, el Registro de Cargos es un órgano independiente con personal funcionario de la casa. En este caso, la señora Sagardui comenzó a trabajar porque se le había informado desde el Registro de Cargos que había un certificado que le permitía empezar su trabajo y el procedimiento ha seguido su curso de acuerdo a la legalidad vigente».

REVISIÓN CREATIVA

En una revisión creativa de la ley, la consejera Ubarretxea afirmó que en los treinta días posteriores a la petición de Sagardui ya había un certificado del Registro. Afirmó que «lo que faltaba es la firma de la consejera, que es la que menos vale, porque es la firma de un cargo que es la que ratifica eso que ha llevado a cabo un organismo independiente. Lo que vale es la certificación de ese organismo independiente».

En el expediente del caso de Sagardui figuran certificados del Departamento de Salud sobre la no existencia de contratos con Vithas, pero no del Registro como tal. Además, lo que la ley establece es que «la Resolución será competencia de la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia de función pública», que en este caso es la consejera Ubarretxena. Nada dice de la validez de otras certificaciones.