Denuncian una operación policial de «escarmiento social» en Iruñea

Varios colectivos denunciaron ayer que una operación policial, desarrollada en Iruñea el 24 de junio y denominada «Karpi», buscaba «el escarmiento social» y «la teatralización del castigo», y que ha terminado «alimentando discursos racistas y xenófobos».

Una operación policial desarrollada en Iruñea la semana pasada buscaba «el escarmiento social» y ha terminado «alimentando discursos racistas y xenófobos», según denunciaron ayer varios colectivos en una comparecencia ante los medios.

En la rueda de prensa, Beatriz Villahizán ejerció de portavoz de los colectivos presentes: Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM, Apoyo Mutuo, Paris 365, Elkarte, Kontseilu Sozialista Iruñerria, Haritu y SOS Racismo Nafarroa.

Durante su intervención, puso de manifiesto su «rechazo tanto a la forma como al tratamiento mediático que varios medios de comunicación han hecho de la operación policial ‘Karpi’», desarrollada el pasado 24 de junio de manera conjunta por Policía Municipal de Iruñea y Policía Foral, que se saldó con cinco detenidos en Arrotxapea, Alde Zaharra y Etxabakoitz.

El Gobierno de Nafarroa detallaba en su web que los arrestados pertenecían a «una banda criminal» a la que se le imputaba «numerosos delitos graves».

Los citados colectivos consideran que «la espectacularidad desplegada durante la intervención resulta innecesaria en operaciones como esta, previamente planificadas».

De hecho, entienden que «la exhibición pública y mediática de la actuación, más que garantizar un proceso eficaz o proporcionado, la convierte de facto en una herramienta de propaganda o escarmiento social y busca generar impacto social y mediático a través de la teatralización del castigo».

Además, al ir acompañada esa exposición de «imágenes o detalles sobre la nacionalidad, origen étnico o situación administrativa de las personas detenidas, refuerza estereotipos sociales y contribuye activamente a la criminalización de comunidades ya vulnerabilizadas, alimentando discursos racistas y xenófobos».

Otra consecuencia que quisieron resaltar es que «genera una alarma social injustificada y refuerza la percepción de que ciertos barrios o colectivos son inherentemente peligrosos, lo cual deteriora la convivencia y la cohesión social, reforzando discursos de odio y exclusión».

USO «CARROÑERO»

Pusieron el acento en que en las grabaciones efectuadas durante la operación, y difundidas en redes sociales, «se pueden ver la actuación y los rostros con total nitidez», y alertaron de que «la filtración y difusión del vídeo del operativo y su uso oportunista y carroñero por parte de la extrema derecha ha servido para difundir su discurso racista, punitivo y autoritario».

En este sentido, Villahizán recordó que no se permite grabar ni investigar «los controles de identidad racistas que se dan a diario en nuestras calles» y que, a pesar de ser «absolutamente ilegales, no han dejado de aumentar». Unas prácticas que, consideró, no buscan «prevenir o actuar contra la delincuencia, sino generar un caldo de cultivo en el que poder ensayar límites normativos y exclusión».

Por todo ello, estos colectivos exigieron «responsabilidad institucional, rigor informativo y el cese inmediato de prácticas que perpetúan la criminalización».