Falta audacia para lograr alquileres asequibles

A pesar de la gran cantidad de energía que desde las instituciones públicas se está invirtiendo en la resolución de la cuestión habitacional, día sí y día también aparecen nuevos estudios que confirman que los avances, si los hay, son mínimos. Los precios de la vivienda no dejan de subir, y con ellos, el de los alquileres. Ya están en máximos de 2007 y, de momento, no se aprecia ningún signo de que el alza vaya a moderarse. La brecha entre el esfuerzo normativo y los resultados obtenidos hasta ahora confirma que el frenesí legislativo, si no va acompañado de la necesaria ambición política, no transforma la situación y termina por ahogar los cambios necesarios para garantizar el derecho al uso de una vivienda.

En este sentido, es muy ilustrativo el último análisis sobre los precios de alquiler publicado por el portal pisos.com. El principal resultado señala que la parte del salario que los trabajadores deben dedicar al pago del alquiler en las capitales vascas oscila ya entre el 40% de Iruñea y el 77% de Donostia. Incluso el registro más bajo de la serie, el de Iruñea, supone dedicar a la vivienda la parte del león del salario medio de un trabajador, que es la referencia usada en la investigación. Y no sirve de consuelo que el estudio haya utilizado los datos de las capitales, ya que la influencia de los precios de las ciudades se extiende más allá de sus límites, y empuja al alza el valor de viviendas y alquileres de los núcleos urbanos situados en su periferia, y en cascada se extiende por todo el territorio.

Unas rentas de alquiler tan elevadas tienen, además, un efecto perverso que impide contener los precios, puesto que, al tiempo que desincentivan la posibilidad de vivir de alquiler, estimulan la compra de una vivienda, lo que provoca una presión todavía mayor sobre los precios de las casas, que posteriormente se traslada al alquiler. Sin olvidar el grave conflicto redistributivo que subyace: los elevados alquileres representan un extraordinario trasvase de renta de las familias con menores recursos hacia los propietarios y rentistas, lo que acentúa todavía más la desigualdad social. Llegados a este punto, en vivienda solo valen medidas audaces.