La convivencia democrática requiere respeto y mesura institucional

Este mes de agosto, una nueva polémica ha vuelto a caernos encima, y no como un jarro de agua fría, sino como una guadaña que siega casi de raíz aquello que empezó a sembrarse hace ya más de 15 años, y que entre todas hemos ido regando desde entonces (desde la iniciativa Glencree hasta las innumerables dinámicas compartidas que posibilitó el nuevo escenario abierto en este país, incluyendo la creación de mecanismos de reconocimiento legales a víctimas de la violencia de Estado).

Frente al asombro primero y al enfado después, hemos preferido reposar y esperar para hacer públicas estas reflexiones con la mirada puesta hacia el futuro.

En el contexto actual, nos cuesta imaginar a un representante institucional personificando sobre dos víctimas de ETA y de manera pública la crítica y deslegitimación del terror franquista. No es desde luego una cuestión baladí, porque dibuja una forma de hacer que se opone frontalmente al respeto y la mesura institucional. Por ello, en todos estos años, nunca hemos oído a un representante público cargar sobre victimarios franquistas que a la postre fueran víctimas de ETA.

Sin duda que las nada acertadas declaraciones son peligrosas. Lo son porque vienen (aun sin quererlo) a reforzar los discursos de que contra «el terrorismo» vale todo, que están bien muertos, que se lo merecían..., refuerza la idea de que la vulneración del derecho a la vida de cualquier miembro de una organización armada es menos grave porque es menos víctima.

Y peligrosas son también porque torpedean el consenso construido durante estos últimos años (y que tanto costó construir) sobre los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por ejemplo, el consenso generado por la última iniciativa de calado que fue el documento “Begiradak”, elaborado a iniciativa del propio Instituto Gogora por las víctimas María Jauregi, Axun Lasa y Josu Elespe, junto a dos historiadores.

No hará falta que recordemos que hubo que poner en marcha una Ley vasca de Memoria Histórica y, recientemente, una Ley española de Memoria Democrática (por cierto, ley esta última que ya ha reconocido a miembros de organizaciones armadas vascas que fueron asesinados durante el franquismo y también al propio Xosé Humberto Baena, fusilado junto a Jon Paredes «Txiki» y Ángel Otaegi) para dignificar a las víctimas y hacer frente a la perversión del revisionismo histórico que está emergiendo de forma brutal, legitimando la dictadura militar en contra del sistema democrático con fuertes apoyos en el Estado profundo, principalmente la judicatura.

A menudo apelamos a la declaración universal de derechos humanos, sin fijarnos en su preámbulo. Quizá convendría repasarlo. Quizá se entendería por qué para algunas o muchas de nosotras, Txiki y Otaegi, como los tres miembros del FRAP fusilados el mismo día, son un símbolo de libertad y rebelión frente a la tiranía. Creemos que es inaceptable generar una jerarquía victimológica que categoriza a las víctimas entre buenas y malas víctimas en función de la posición ideológica de quien realiza esas declaraciones aprovechando su posición institucional. La primera vez que sucede, y cómo no, con víctimas del Estado revictimizadas, una vez más.

No hace falta que recordemos que, pocos años después de estos últimos fusilamientos franquistas y ya en democracia, en base a la convicción de que «contra ETA vale todo», se transgredieron los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores democráticos y los derechos fundamentales.

Hace unos días, a tenor de las declaraciones del director del Instituto Gogora, el exlehendakari Urkullu pedía respeto, desde estas líneas se lo agradecemos. Claro, respeto y mesura son cualidades imprescindibles para desarrollar un trabajo institucional. Separar la opinión personal y la ideología política del cargo en la institución pública que se ostenta parece obvio, pues de lo contrario, se estaría haciendo un uso partidista de las propias instituciones.

Tenemos que decir que estas semanas han sido difíciles para nosotras. Que se han movido las aguas de numerosas víctimas del Estado que empezaban a desarrollar cierta confianza en la nueva gestión del Instituto de la Memoria, Gogora, en los espacios de trabajo en común que hemos venido construyendo.

Sabemos lo que cuesta generar confianza en las instituciones que, en general, tantos años han estado de espaldas a nosotras; que en un abrir y cerrar de ojos esa confianza se derrumba, y darle la vuelta es mucho más costoso que al principio. Por eso, en una sociedad tan diversa como la nuestra, con un pasado cercano de polarización política extrema y un contexto de violencia que nos ha atravesado a todas, hay cuestiones que no deberían de tratarse con esa ligereza. No derrumbemos los puentes construidos entre diferentes durante los últimos años y que han sido imprescindibles para llegar hasta aquí, desde el respeto y la convicción de que la convivencia democrática es un escenario imprescindible que debemos construir y alimentar entre todas y para todas, garantizando una memoria inclusiva. Sin excepción. Porque la terminología y las formas importan; y duelen cuando se dirigen en contra de alguien y no a favor de todas...

Tenemos claro que la memoria pública debe mostrar qué y cómo sucedió... E igual de claro tenemos que la respuesta al por qué sucedió dependerá evidentemente de la posición ideológica de quien observe lo ocurrido, como nos recordaba el documento “Begiradak”. Todas tenemos ideología, las víctimas también, faltaría más.

Nunca hemos pretendido que nadie renuncie a su visión del pasado, a su relato, a su forma de entender lo ocurrido. Pero tampoco vamos a permitir que nadie pretenda que nosotras renunciemos al nuestro. Por ello, hacemos un llamamiento al decoro y mesura institucional, a cesar en el intento (si lo hay) de imponer desde el marco institucional nuevamente el «relato único», porque está abocado al fracaso.

Trabajemos desde el respeto a la pluralidad, evitando crear polémicas que salpiquen a las víctimas. Pongamos nuestra energía y saber hacer al servicio de la convivencia actual y futura. Invirtamos en ello.