Residencias de Gipuzkoa: se trata de dignidad

El de los cuidados de personas mayores es un asunto de considerable importancia, pero que, necesitado como está de dedicación y medios, persiste sin que sus responsables demuestren que en su agenda tiene una prioridad a la altura del problema generado en torno suyo. Los trabajadores y trabajadoras de residencias de Gipuzkoa comenzaron ayer tres días de huelga, dando así continuidad a las movilizaciones iniciadas en junio.

Con su lucha exigen a la Diputación que ponga fin a la brecha salarial existente entre los trabajadores y trabajadoras públicas y las subcontratadas. Según los cálculos del sindicato ELA, una brecha de nada menos que de 10.000 euros anuales. Además, en el caso de casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras del sector, esa brecha es aún mayor debido a los contratos parciales, por lo que piden contratos de dedicación completa. Pero esa enorme brecha salarial se convierte, asimismo, en brecha de género, en tanto en cuanto la gran mayoría en el sector son mujeres. Ante semejante situación, los responsables institucionales, en este caso la Diputación, no pueden pretender dar a entender que la precariedad que ha provocado esta huelga no va con ellos, cuando en vez de disponer los medios para ofrecer un servicio de calidad que ponga en el centro a las personas, delegan en quienes únicamente buscan el beneficio económico particular.

Lo explicaba de manera palmaria ayer la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Gipuzkoa, que mostró su total apoyo a la huelga y reclamó que no se anteponga «la comodidad institucional y el beneficio empresarial a la dignidad de residentes y profesionales». Ciertamente, las consecuencias de esa precariedad, además de los trabajadores y trabajadoras, las sufren los usuarios y usuarias; es decir, las personas más vulnerables y que, por tanto, mayor atención precisan. Para que esa atención sea adecuada y además de calidad, es imprescindible que quienes atienden a esas personas lo puedan hacer en condiciones laborales dignas. Se trata de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y de igualdad de género, pero también de los derechos de las personas mayores.