Trump despliega a la Guardia Nacional y desafía a los estados demócratas

Mientras Donald Trump impulsa el envío de tropas a ciudades demócratas como Portland o Chicago pese a las restricciones judiciales, la amenaza de invocar la Ley de Insurrección de 1807 reabre el debate sobre la militarización interna y la erosión del equilibrio entre autoridad y libertad en Estados Unidos.

En una nación teóricamente fundada sobre una revuelta contra la tiranía, la idea de enviar tropas estadounidenses a patrullar las calles ha evocado históricamente el espectro de la libertad en peligro.

No es nuevo que el presidente de EEUU, Donald Trump, vea en el despliegue de la Guardia Nacional -una fuerza militar reservada para actuaciones internas- la solución definitiva al crimen y al desorden que él mismo exagera, y que, además, solo parece detectar en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata.

Chicago (Illinois) -adonde ayer llegó un centenar de soldados- ha sido la última víctima del despliegue militar ordenado por la Casa Blanca contra estados gobernados por los demócratas, como Oregón y California. El sábado, la magistrada Karin Immergut -nombrada por el propio Trump- emitió una orden temporal de 14 días para estudiar la demanda presentada por el Gobierno de Oregón, que busca impedir que al menos 200 soldados de la Guardia Nacional de ese estado sean enviados a Portland, donde las protestas por las redadas migratorias se han visto intensificadas.

Trump no dio marcha atrás. Tratando de eludir la sentencia, ordenó el domingo al Pentágono reasignar tropas de la Guardia Nacional de Los Ángeles a Portland. Sin embargo, una segunda resolución judicial publicada tras una vista extraordinaria reiteró lo dispuesto el sábado e impidió que el presidente se saliera con la suya.

El lunes, y con la decisión judicial de Immergut reciente, Trump subió su apuesta. Presentándose como un mero transmisor de la voluntad popular, planteó aplicar la Ley de Insurrección de 1807, que autoriza al presidente a desplegar al Ejército incluso con la oposición de los estados. AInsinuó que podría invocarla Ley para sofocar protestas y combatir lo que ve como una «ola de crimen rampante» solo en ciudades demócratas.

DIQUE DE CONTENCIÓN

La decisión de Immergut ha puesto en evidencia el escaso respaldo jurídico con el que suelen contar las acciones de Trump. «Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del Gobierno, especialmente en forma de intromisión militar en los asuntos civiles», escribió la magistrada en su resolución.

El despliegue de tropas ya se ha producido en ciudades como Washington y Los Ángeles bajo el pretexto de «reducir la delincuencia y mantener el orden». Pero la imagen dramática e insostenible que Trump intenta proyectar contrasta con los datos oficiales, que muestran una tendencia a la baja en la criminalidad tanto en Portland, donde la delincuencia disminuyó un 51% en la primera mitad de 2025, como en otras ciudades amenazadas con intervenciones.

Uno de los principales argumentos de la Administración Trump es que los despliegues son necesarios para proteger a los agentes del ICE -encargado de las deportaciones- mientras llevan a cabo sus redadas masivas, así como para reducir la delincuencia callejera. Aun así, Immergut fue clara: «Los demandados han presentado una serie de argumentos que, de ser aceptados, podrían difuminar la línea divisoria entre el poder federal civil y el militar, en detrimento de esta nación».

El presidente pretende llevar su pelea por militarizar Portland hasta el Suprema.

Así, las imágenes de soldados patrullando las calles pueden resultar inquietantes para la democracia más longeva de la modernidad, pero cumplen el deseo de Trump de ser visto como un líder fuerte. El aura de dureza sin restricciones legales ha sido durante mucho tiempo una característica del culto a la personalidad que cultivó en los negocios. Ahora, simplemente, está operando en un escenario más amplio.

La Ley de Insurreción de 1807 y sus peligros

La ley, promulgada en 1792, pero reformada por última vez en 1807, permite al presidente desplegar al Ejército en el país para sofocar rebeliones o disturbios cuando las autoridades estatales no pueden mantener el orden. Está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes.

Su aplicación es extraordinariamente excepcional: solo se ha usado en momentos críticos, como durante la Guerra Civil o la desegregación racial. Aun así, nunca ha sido aplicada en contra de la voluntad de los estados, por lo que hacerlo ahora implicaría una ruptura inédita en el equilibrio entre poder federal y autonomía estatal. GARA