21 OCT. 2025 EDITORIALA Las víctimas del auge autoritario tienen nombre {{^data.noClicksRemaining}} Pour lire cet article inscrivez-vous gratuitement ou abonnez-vous Déjà enregistré? Se connecter INSCRIVEZ-VOUS POUR LIRE {{/data.noClicksRemaining}} {{#data.noClicksRemaining}} Vous n'avez plus de clics Souscrire {{/data.noClicksRemaining}} Ayer venció el plazo que un juez dio a Yorleny Suárez Aguirre y a su familia para abandonar el Estado francés, después de que, en un control ordinario, la policía encontrase que no tenía todos los papeles en regla. Suárez, de origen colombiano, lleva tres años instalada en Baiona, tiene una pareja francesa y tiene trabajo. Su hijo, Darío Santiago, estudia en el liceo Cantau de Angelu y su hija, Sara, lo hace en el colegio Albert Camus de la capital labortana. Ambos «dominan muy bien el francés», apuntan desde este último colegio. Los tres diputados vascos en la Asamblea han mostrado su apoyo a la familia. No se trata de poner en valor el listado de virtudes y logros de Suárez -regularizar la situación de las migrantes no debería convertirse en una gincana de méritos-, sino de poner de manifiesto la precariedad y la amenaza constantes a las que las personas migrantes ven sometidos sus proyectos vitales, también en un caso tan evidente de arraigo e integración en la comunidad. «Suárez forma parte de Baiona», resumió el viernes Helene Ducarre, portavoz de Cimade, organización que trabaja por los derechos de las personas migradas. Ducarre aprovechó para situar el caso concreto de Suárez en el contexto general de recorte de derechos que vive el Estado francés bajo la errática presidencia de Emmanuel Macron. La activista explicó que la Ley de 2012, ya restrictiva de por sí, dejaba algunos resquicios abiertos para facilitar la regularización de 30.000 personas al año. Esa ventana se cerró prácticamente por completo con la Ley de 2024, aprobada por el macronismo con los votos de la extrema derecha de Marine Le Pen. La situación llega a absurdos como el de Suárez, que trabaja en uno de los empleos bajo tensión descritos por la norma aprobada por la Asamblea Nacional, pero no puede acreditar doce meses de nóminas pues la macrorregión de Nueva Aquitanía no se lo reconoció hasta el pasado mes de mayo. Donald Trump y su policía migratoria acostumbran a llevarse todos los focos, pero no hace falta cruzar un océano para encontrar las inhumanas y contraproducentes consecuencias que tiene el auge global de la agenda autoritaria.