«La sentencia de Caparroso pone el foco en la ganadería industrial»

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Iruñea contra dos directivos de la cooperativa Valle de Odieta, propietaria de la macrogranja de Caparroso, por delito medioambiental cuestiona el modelo de ganadería industrial, según destacaron ayer Sustrai Erakuntza y Greenpeace, que actuaron como acusaciones populares en la causa.

Pablo Lorente, portavoz de Sustrai, y Lorea Flores, de Greenpeace, comparecieron ayer en Iruñea junto a Andrea Goizueta, una de las abogadas de las acusaciones.

Goizueta mostró su satisfacción por la sentencia, que ha asumido la petición que realizaron de que la condena fuera por un delito doloso y no involuntario. Es decir, la sentencia constata que los directivos de Valle de Odieta generaron un vertido contaminante a sabiendas, ya que ignoraron la normativa vigente que introduce limitaciones en su actividad, y actuaron a sabiendas de que podrían provocar daño en una zona protegida.

Lorente, que agradeció la labor de denuncia que personas anónimas han realizado durante años -citó a Konrado García Napal, vecino de Larraga recientemente fallecido- y la actuación del Servicio de Guarderío y la Policía Foral.

«Esta sentencia pone el foco en el modelo de ganadería industrial que se está implantando en Navarra», destacó Lorente, que denunció que el Ejecutivo navarro ampara una lógica que lleva a un aumento del tratamiento de residuos.

BIOMETANIZACIÓN

En este sentido, Lorente lamentó que el Gobierno navarro apuesta por las plantas de biometanización, que «incrementarán el digestato que habrá que echar al agro navarro», en un escenario en el que ya existe actualmente un alto nivel de contaminación de suelos y aguas por nitratos, que aumentará.

Lorente insistió en subrayar la importancia de «la moratoria descafeinada» que el Parlamento navarro aprobó el jueves con los votos de UPN, PSN y PP. «Estamos de nuevo ante el quesito foral para aprobar una falsa moratoria que facilita el modelo industrial en la ganadería e impulsa un nuevo boom especulativo. Y emplean las mentiras para justificar su posición», denunció.

En relación con la sentencia, Lorente indicó que «se ha demostrado que no se está gestionando bien el digestato y que saben que están haciéndolo mal».

Flores, por su parte, destacó la importancia de la movilización popular para llegar a una sentencia tras la que «hay una lucha de años».

En cualquier caso, señaló que tienen «un sabor agridulce», ya que el delito medioambiental no se castiga con el suficiente rigor. Así, recordó que los integrantes de Greenpeace que realizaron una protesta contra la contaminación en la macrogranja de Caparroso fueron multados con 30.000 euros, mientras que los directivos de Valle de Odieta tendrán que pagar unos 5.000.