Cañonazos a cárteles inventados como señal de amenaza latente

El pasado mes de agosto, Pino Arlacchi, exdirector de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), publicaba en “L’antidiplomatico” un interesante artículo en el que desmontaba, pieza por pieza, con datos del Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU, el entramado geopolítico construido alrededor de Nicolás Maduro como presidente de un «narco-Estado», como supuesto jefe del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua.

¿Cómo puede una organización en teoría tan poderosa, merecedora de una recompensa de 50 millones de dólares por su jefe, ser completamente ignorada por quienes trabajan en la lucha contra las drogas? Ni siquiera aparece en el Informe Europeo sobre Drogas 2025. Para Arlacchi, la geografía no miente. Las rutas de la droga siguen una lógica precisa: cercanía a los centros de producción, facilidad de transporte, corrupción de las autoridades locales y presencia de redes criminales consolidadas.

LA GEOGRAFÍA NO MIENTE, PERO LA POLÍTICA PUEDE DERROTARLA. ARLACCHI CREE QUE CUBA REPRESENTA EL MODELO A SEGUIR.

Una isla cerca de la costa de Florida, una base teóricamente perfecta para el tránsito de drogas hacia EEUU, que en la práctica no es utilizada. Afirma haber observado repetidamente la admiración de los agentes de la DEA y del FBI hacia las rigurosas políticas antidrogas de los cubanos. Y dice que Venezuela ha seguido constantemente el modelo cubano, inaugurado por el propio Fidel Castro: «Cooperación internacional, control territorial y represión de la actividad criminal». Ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás tierras cultivadas con cocaína y controladas por grandes delincuentes.

Aduce, también, que EEUU necesita justificar sus políticas petroleras, para lo que difunde «propaganda disfrazada» de Inteligencia. Y recurre al exdirector del FBI, James Comey, quien tras su renuncia explicó en su libro de memorias las motivaciones inconfesables detrás de las políticas estadounidenses hacia Venezuela: Donald Trump le habría dicho que el Gobierno de Maduro era «un Gobierno sentado sobre una montaña de petróleo que nosotros tenemos que comprar». Entonces, no se trata de drogas o de crimen, va de petróleo que «sería mejor no pagar».

En los informes de la agencia antidrogas de EEUU (la DEA) no se menciona a Venezuela como país productor ni como país de tránsito ni como centro de lavado de capitales. Tampoco cita al Cártel de los Soles ni al Tren del Aragua. Todo es una ficción, un bulo: no hay nombres, estructuras, operaciones, ni siquiera una mención indirecta. De hecho, la DEA sabe que las drogas salen de los puertos de Guayaquil (Perú), Esmeraldas (Ecuador) y Buenaventura (Colom- bia) con destino a puertos como Puerto Escondido (México) antes de ser transportadas al mercado estadounidense. Más del 80% de las drogas transitan por la costa del Pacífico, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU, mientras que poco más del 10% cruza el mar Caribe. Saben que la mayor parte de las drogas que van a EEUU provienen de los Andes, Centroamérica y México.

PERO ESTO NO ES UN ERROR: ES UN PLAN. MÁS ALLÁ DE LA RETÓRICA ANTIDROGAS QUE SE PRESENTA COMO JUSTIFICACIÓN,

lo que está en marcha es un rediseño del tablero regional bajo la impronta del secretario de Estado, Marco Rubio, y de los sectores de poder que lo respaldan («la mafia de Miami», según Maduro), para lo cual es condición necesaria ejecutar un cambio de régimen en Venezuela. El objetivo aparente sería eliminar a Maduro, «el líder del Cártel de los Soles, organización narcoterrorista designada, y responsable del tráfico de drogas hacia EEUU» según Rubio, conocido defensor de la línea dura contra Venezuela.

Marco Rubio es asesor de Seguridad Nacional y, a la par, ejerce el cargo de Secretario de Estado. Desde Henry Kissinger en la década de 1970, nadie ha concentrado tanto poder en materia de seguridad y política exterior, lo que consolida un viraje más agresivo en la agenda de EEUU hacia América Latina, en particular hacia Cuba y Venezuela. Coordina todas las agencias de seguridad y defensa de EEUU, y articula las recomendaciones en materia de Inteligencia que recibe Trump. En ese esquema es un verdadero filtro estratégico, capaz de orientarlo hacia decisiones más agresivas.

Diez mil soldados a bordo de diez buques de guerra, incluyendo un submarino nuclear, varios destructores y un crucero lanzamisiles, patrullan el sur del mar Caribe en lo que es el mayor despliegue militar de EEUU en la región en décadas. Y hay una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza del presidente venezolano. Más de una docena de lanchas y barcos han sido destruidos a cañonazos, resultando en la ejecución extrajudicial de al menos 72 personas. Washington amenaza a Caracas con una acción militar directa. Según varias informaciones, el Pentágono ha elaborado planes para ataques militares y Trump ha autorizado a la CIA realizar operaciones encubiertas letales en territorio venezolano.

Las incógnitas en torno a esta demostración de fuerza son considerables y suscitan interrogantes sobre sus motivos y objetivos. No se ha presentado ninguna prueba de que los barcos transportaran drogas ni de que se dirigieran a puertos estadounidenses. No se ha intentado explicar por qué Venezuela, y posiblemente Colombia, son blanco de ataques por «narcoterrorismo» cuando no son vías de tránsito para el fentanilo, el principal narcótico letal, ni para la cocaína (México es la principal ruta del fentanilo, y Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores de coca). No se intentó detener ni abordar los barcos, como sería el procedimiento habitual. Ni se emitieron advertencias a las embarcaciones, lo que probablemente habría salvado vidas.

EL MOVIMIENTO MILITAR DE ESTADOS UNIDOS ES MULTIFACÉTICO Y DELIBERADAMENTE AMBIGUO:

combina disuasión, presión psicológica y preparación bélica. Operaciones psicológicas que podrían abarcar ciberataques, sabotajes contra infraestructura crítica y focos de violencia armada urbana, como parte de una estrategia de desgaste. Es una clara señal de amenaza latente. Son unas maniobras diseñadas para intimidar sin disparar un solo misil.

Eleva la tensión y busca forzar a los Gobiernos de la región a pronunciarse, creando un clima de hostigamiento e, incluso, un casus belli. Aunque insisten en que se trata de una «demostración de fuerza», la orden ejecutiva de Trump habilita operaciones militares directas. Otra variable más grave sería la utilización por el Pentágono y la CIA de drones, que han revolucionado las guerras actuales. Un dato curioso es la reciente concesión de una licencia de operación a Chevron en Venezuela por parte de Trump. Desde esa perspectiva, el despliegue puede ser un típico farol: proyectar dureza hacia Maduro mientras se asegura simultáneamente el petróleo venezolano.

Abundan las preguntas: ¿Funcionará el cerco naval como valla flotante sin necesidad de ocupar territorio venezolano? ¿Percibe Washington la posible incorporación de Venezuela como observador pleno en la Organización de Cooperación de Shanghái como una réplica de la «Doctrina Monroe invertida», como un desembarco en su tradicional «patio trasero»? ¿Se trata de un aviso preventivo, no a los cárteles de la droga, sino al eje Rusia-China-India-Irán, y también a Brasil, país miembro del BRICS ampliado?

ES INNEGABLE LA MAGNITUD DE LA ASIMETRÍA QUE SUPONDRÍA UNA POSIBLE GUERRA ENTRE EEUU Y VENEZUELA,

así como la capacidad estadounidense para superar a las fuerzas armadas venezolanas. Pero sería un error pensar que una invasión de Venezuela sería una repetición de Panamá en 1989-1990 o de Haití en 1994, las últimas ocasiones en que EEUU invadió países en el hemisferio.

En resumen, estos ataques huelen a ilegalidad, exageración y propósitos ocultos. Los ataques a los barcos plantean cuestiones legales, suficientes para provocar la renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur. Pero, claro, la Administración Trump presta poca atención a la legalidad.

Otro gran peligro de estas ejecuciones extrajudiciales radica en que el Gobierno podría extenderlas a lo que Trump denomina «la guerra interna». La diplomacia de los cañonazos podría trasladarse al ámbito doméstico, donde, de repente, fuerzas militares disparan primero y preguntan después. En parte ya se está en ese camino, el ICE y otras agentcias federales detienen a personas de origen latinoamericano en las calles sin orden judicial ni explicación. De hecho, es un distintivo de la era Trump.