Carta de pago

Una carta de pago, en la que se especifica el coste de la intervención, es lo que reciben las mujeres madrileñas que han ejercido su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Con este gesto que, por supuesto, no es inocente, se busca repercutir en las mujeres una deuda singular, no en sus cuentas bancarias, sino en este caso sobre sus derechos. No se les exige un pago económico porque, como todas pagamos impuestos, se presupone que mediante los mismos se garantiza el acceso universal a la salud y a los derechos fundamentales, o eso creíamos. Como hemos comprobado, nuevamente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene esa doble cara de ser tan poco diligente para tantas cosas y tan estructurado para otras. La intención del gobierno madrileño es la de poner el máximo de obstáculos y recordar a las mujeres que sus derechos no son tales, son favores. Y para seguir incidiendo en la culpabilidad de las mujeres, el mismo gobierno anti-derechos las señalará como culpables directas por no haberse informado, por no estar suficientemente empoderadas o por su falta de autoestima. Y así se permite tutelar a las mujeres, lo que se convierte en una forma de restringir sus derechos, de coartar la libertad y la autonomía. Forma parte del espejismo de la igualdad que ahora podríamos renombrarlo más bien como una trampa.

Toda estructura de dominación, si quiere ser eficaz, debe dejar una impronta en nuestros esquemas de vivir. No solo en nuestra forma de pensar, sino en la parte más importante para configurar las creencias, esto es, la impronta emocional. El derecho a tener derechos implica internalizar la congruencia necesaria entre nuestras creencias y lo que sentimos. El gobierno de Madrid actúa bajo la lógica de tocar y hundir emocionalmente, como si las mujeres madrileñas se hubieran portado mal y tuvieran que agradecer el dispendio público para atenderlas.

Dicho acto recuerda los millones de veces que las mujeres damos las gracias, como si sintiéramos que debemos algo porque nos atiendan como a seres humanos.

Que las mujeres tengan que acceder a sus derechos por puertas traseras no es una novedad. La mayoría de las mujeres que abortan en este país lo hacen en la sanidad privada. Por eso, hay varias medidas que son urgentes, entre ellas, la creación de un listado de objetores, y así poder asegurar que en todos los centros haya personal suficiente para garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos. Además, con dicho listado se controlaría que no puedan ser objetores en la pública y saqueadores del sistema y de las mujeres en lo privado.

Actualmente, el derecho al aborto se reconoce y protege en España, explícitamente, mediante la Ley Orgánica 1/2023. Es verdad que la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, amplió derechos, eliminó obstáculos y garantizó el acceso en la sanidad pública, aunque como sabemos esto no se cumple, ni siquiera aquí en Euskadi. Las feministas siempre hemos exigido políticas públicas que garanticen el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, que tengan presentes la educación sexual integral y el derecho a decidir libremente. Ni que decir que la educación sexual y el derecho a decidir libremente brillan por su ausencia. La educación sexual requiere del compromiso efectivo, y no solo de campañas mediáticas, y el derecho a decidir de la coexistencia de libertad e igualdad. Los poderes públicos tienen, por obligación constitucional, el deber y el mandato de remover cualquier obstáculo que impida la igualdad.

El Gobierno Vasco acaba de anunciar que a partir del 2026 Osakidetza asumirá en sus centros las interrupciones voluntarias. Les está costando años cumplir con la norma. Por eso resulta curiosa su posición con respecto a la propuesta del Gobierno estatal para blindar constitucionalmente el derecho a elegir libremente y con garantías de las mujeres.

Parte de los socios de investidura, como decía, entre ellos el PNV, han rechazado el blindaje constitucional. Dicha acción impediría que, legislación tras legislación o según los intereses políticos de los gobernantes anti-derechos, nos encontremos cada cierto tiempo con el intento de negar los derechos fundamentales a las mujeres. Dicen estos socios que no es necesario ni es el momento, aunque también aluden a que el cambio que pretende llevar adelante el Gobierno estatal, podría suponer una pérdida de peso constitucional sobre este derecho.

Según el PNV, el derecho al aborto está implícito en el artículo 15 que desarrolla los derechos fundamentales, y la reforma planteada movería el derecho a decidir al artículo 43 de la Constitución que reconoce el derecho a la protección de la salud, sacándolo del núcleo de derechos fundamentales.

La pregunta para los socios de Gobierno que aseguran que están comprometidos con los derechos de las mujeres es que, si les importan tanto dichos derechos por qué no trabajan, en lugar de negarse a su protección constitucional, para que la reforma tenga todas las condiciones necesarias para garantizar que los derechos de las mujeres nunca estén bajo objeto de suspensión o bajo carta de pago. Y así asegurar que los mismos derechos no vuelvan a ser moneda de cambio o sirvan de excusa a otros intereses políticos que nada tienen que ver con los derechos de las mujeres.

Esta vez que no esperen que les demos las gracias.